LA CRISIS DE VILLA SOLDATI Por Alejandro Horowicz
Periodista, escritor y docente universitario. En movimiento oscilante –del discurso xenófobo, a aparecer acompañado de ‘hermanos latinoamericanos’–, Macri eligió replegarse para asegurar la retaguardia política: garantizar para su proyecto PRO la ciudad más rica del país.
Las ciencias sociales disponen de reglas axiomáticas, una reza así: cuanto más descompuesto un orden político, más violento, menos capaz de procesar el conflicto y de reconocer su legitimidad, más proclive a los desbordes (discursivos, represivos) y sobre todo absolutamente incapaz de ubicar el mapa de los problemas, y por tanto resolverlos.
En Formosa, con ingresos per cápita homologables a los de algún país africano, la bestialidad sorprende menos, aunque duela. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ingresos per cápita similares a los de Austria, duele, indigna y es perfectamente inútil.
No puede ser que cada conflicto suponga muerte y desolación. Que los muertos integren el mismo pelotón (trabajadores tercerizados, inmigrantes pobres, mujeres que trabajan en condiciones inenarrables, niños marginalizados), y que en lugar de volver inteligible el problema, los responsables sólo intenten desplazarlo.
Y no bien explota la violencia, casi todos los que no están directamente involucrados, quieren que termine. Que termine y ya; para ocuparse de otra cosa, para no registrar la precariedad de su vida cotidiana, para “olvidar” que el horizonte country –donde todo marcha a las mil maravillas– depende del subsuelo social que lo sostiene, y sobre todo para exigir que este siga inmóvil. No se trata –desde ese abordaje con disvalores menemistas– de oxigenar el dolor de los trabajadores precarizados, de socializarlo, sino de garantizar su perpetua invisibilidad.
Esa es otra novedad, las noticias que antes solo accedían, de tanto en tanto, a la página policial de los diarios, acaban de llegar a la tapa. Y la sociedad, que “no sabía” de su existencia, tiene que resolver: o incluye el subsuelo de la patria en la cadena de solidaridades, o lo excluye mediante la represión más implacable. Ese debate tiembla en sordina desde 2003: masacrar o cambiar.
En ese punto comienza a quedar claro que la Argentina es una sociedad de mundos paralelos, jerárquicamente superpuestos. En el subsuelo trabajan millones en condiciones indescriptibles. Inmigrantes de países limítrofes, empujados por la crisis de sus propias sociedades, sin protección sindical, explotados por sus propios connacionales en connivencia con patronales inescrupulosas, luchan por sobrevivir. En planta baja y el primer piso, los ingenuos beneficiarios del “orden natural” se hacen los distraidos.
Dos lecturas permiten explicarse el fenómeno. Una: “Entiendo que vengan a trabajar –admite una empleada en blanco de una medicina prepaga– pero que no jodan. Acá están mejor que en su país o en su provincia, y ahora pretenden vivir en el Sheraton.” Nuestra empleada no es particularmente racista, a la hora de identificarse políticamente expresa su simpatía por Pino Solanas, pero su análisis es cortito. No se propone averiguar qué pasa, le basta con preparar sus vacaciones de diez días a Córdoba.
Dos: El arribo de inmigrantes pobres permite construir una fuerza de trabajo muchísimo más barata. No sólo no hay cargas sociales, ni sindicatos, ni salarios de convenio, sino que las empresas reducen la inversión productiva. Es que pueden remplazar tecnología por la explotación directa del trabajo humano. Tres trabajadores precarizados son mucho más baratos, incluso, que una máquina no muy cara. Eso no es todo. El negocio tiene varias patas, ya que los inmigrantes, además de trabajar, consumen. Y una de las carencias básicas, la vivienda, permite alquilar sucuchos a precios astronómicos. Otro negocio “brillante”. Negocios que se mezclan con punteros políticos que organizan la estructura clientelar, lucrando con la necesidad de los más humildes. Es que los punteros no tienen ideología: como los barrabravas, son del último que paga sus servicios. Y no siempre termina quedando tan claro quién pagó.
Si el Estado se ocupara racionalmente de la necesidad insatisfecha, una nueva fuente de trabajo –la construcción de viviendas populares – despuntaría, y las condiciones de inclusión social – educación, salud, calidad de vida– cobrarían otro impulso. Pero estos programas del welfare state no integran ese orden de prioridades; incluso el modestísimo porcentaje que alcanzan esas partidas en el Presupuesto, no se utilizan. El dinero no se gasta, la obra no se materializa, porque las autoridades de la ciudad no consideran que deban hacerlo. Esa es la ideología dominante del bloque de clases dominantes: lo público debe ser continuación de negocios privados inmediatamente rentables y brutalmente desconsiderados. Allí reposa todo el racismo: no los consideran personas, no lo son para la policía y tampoco para los funcionarios, por tanto nada les corresponde. Y cuando se les ocurre hacer sentir su presencia, la respuesta está a la vista.
Ahora política. Pocas cosas unifican tanto el propio campo como un “enemigo” al que se puede golpear. El gobierno de la Ciudad fabricó uno en Villa Soldati. Desde que lo fabricó los disvalores menemistas –entre los que se cuentan la xenofobia, el racismo y la indiferencia social– gozan de oscuro predicamento. Conviene no equivocarse: Mauricio Macri no dijo lo que dijo exactamente por “error”. En movimiento oscilante –del discurso xenófobo explícito, a aparecer acompañado de “hermanos latinoamericanos”– eligió replegarse para asegurar la retaguardia política; es decir, garantizar para su proyecto PRO la ciudad más rica del país. Sabe que un segmento ancho y profundo de los “vecinos” defiende a capa y espada el horizonte country. Una ciudad sin cartoneros, donde los pobres no molesten. Y si molestan, si se les ocurre ganar visibilidad, poner en juego los instrumentos que supo forjar Macri, primero en Boca Juniors; después, con la Metropolitana.
Ahora queda claro que la defensa del Fino Palacios tenía razones de peso. Una policía educada por semejante educador sirve, y a la hora de la verdad los comisarios de la Federal no se sienten demasiado lejos de tan destacado “colega”. Al menos esa fluida relación, en Villa Soldati, funcionó primero desde la perspectiva de Macri.
El jefe de gobierno caía en todas las encuestas, y había jugado sus cartas nacionales sin atender los intereses de sus asociados –del peronismo federal, de Héctor Magnetto y del propio partido– estuvo a un tris de despeñarse. No sucedió. La crisis lo salvó. No sólo Gabriela Michetti volvió al redil, sino que el orden de batalla reina en las filas del PRO. Y todo el conservatismo sistémico, incluido Eduardo Duhalde – por mucho que deteste personalmente a Mauricio, que no es el caso– se terminará alineando detrás suyo.
El gobierno nacional no enfrenta un problema municipal, sino el punto de rearticulación de todo el proyecto anti K. La flamante cartera de Seguridad forma y no forma parte de la necesaria respuesta a esta dura crisis política. En tanto preocupación sentida, no cabe duda; pero si por un momento se dejara tentar – como en altri tempi– por la pregnante ideología de los “vecinos”, producirá un efecto “impensado”: reforzar a Macri.
Es tiempo de instalar un orden político nuevo en la Policía Federal, y el nombramiento de Nilda Garré pareciera apuntar en esa dirección. Conviene recordar que las últimas intervenciones policiales –para decirlo con el lenguaje de un canciller– no resultaron particularmente felices. Los efectivos no parecieran ejecutar con precisión las instrucciones, o las instrucciones públicas no coincidieron con las privadas. Ambos problemas requieren la debida atención, de lo contrario el realineamiento de la Policía Federal y la adecuada combinación entre garantismo jurídico y seguridad pública no abandonarán el tranquilo universo de los papers académicos.
