Batalla cultural, fuego amigo y candidaturas Por Horacio Verbitsky

Batalla cultural, fuego amigo y candidaturas

 Por Horacio Verbitsky

Omar Félix con su amigo Manzano. Cigarrillos a la cárcel.

El 25 de mayo de 2010 un periodista que trabajaba para el Grupo Clarín asistió a la reinauguración del Teatro Colón. En la lenta cola para entrar coincidió con Carlos Reutemann y le preguntó si sería candidato. El senador locuaz-lacónico señaló hacia la colmada Avenida 9 de julio, puso el índice horizontal bajo la nariz y dijo: “¿Yo? Noooo. ¿Usted vio el clima que hay en la calle? ¿Y sabe lo que será la cosecha del año próximo?”. Ya en el teatro, una figurita de la oposición se confesó con el periodista, convencida de que estaba con un aliado: “Les dije a tus jefes que estamos perdiendo la batalla mediática”. Terminé de desayunar con el colega que me contó estos diálogos, tomé un taxi y, como en el guión de una mala película, el joven chofer me dijo: “Yo antes leía La Nación y tenía un nick con el que escribía en contra de los negritos. Y mireme la cara, soy negro yo también. Me estaban haciendo la cabeza, defendía intereses contrarios a los míos. Kirchner me hizo entender”. Divertido, más tarde compartí la anécdota con una colega. “Ellos creían que era una batalla mediática. Todavía no se dan cuenta de que perdieron una batalla cultural”, dijo.

Este clima se percibe en buena parte del espectro político y social y explica tanto la fluidez y la seguridad de la exposición presidencial ante la Asamblea Legislativa como el desconcierto de todas las oposiciones. Por eso Reutemann se compromete a apoyar al candidato a la presidencia que decida el PJ nacional; José Manuel de la Sota pondera el desempeño del gobierno nacional; Luis Juez se baja del tractor y descubre que algunas cosas están mal pero otras están muy bien; Maurizio Macrì anuncia que no piensa formar pareja electoral con el ex senador Eduardo Duhalde ni aliarse con el Peornismo Federal; el gauchito gil no se cansa de hacer señas hacia el campamento del que en mala hora desertó; las cámaras patronales agropecuarias o industriales que apostaron al desgaste y caída del gobierno a duras penas logran conservarse más o menos unidas, igual que las instituciones eclesiásticas. Eso explica también la resignación de Beatriz Sarlo a la “hegemonía cultural kirchnerista” en su columna del viernes en La Nación. Sólo incluye un inconsistente reparo al final, que parece agregado luego de releerlo al advertir el alcance de su reconocimiento.

Los problemas actuales del gobierno se vinculan con el inesperado fuego amigo, que por exceso o por defecto no advierte el nuevo cuadro de situación. Sólo quien crea que ahora cualquier cosa es posible y/o deseable puede colocar carteles de propaganda partidaria en el frontis de la agencia de noticias estatal, mellando una herramienta inapreciable de comunicación, nacional e internacional. Lo mismo vale para el anuncio de una reforma constitucional con pretensión de eternidad, bien caracterizado por un cómico cordobés.

Tan autoderrotista como esta euforia atolondrada es la cavilación depresiva manifiesta en el propósito de incidir en la elección del orador central en la feria de los editores y libreros. Mario Vargas Llosa no hubiera podido justificar la utilización de un reconocimiento a sus novelas para un brulote contra el gobierno del país anfitrión, en la línea de la internacional de derecha que integra y que pocas horas antes congregará a sus fuerzas en el Hotel Sheraton. El fuego amigo hizo el trabajo por él, que ahora ni necesita hablar de política. Sólo sin comprender cuánto ha cambiado la Argentina en la segunda mitad del actual mandato presidencial puede temerse el discurso de un escritor de pensamiento político tan convencional, al que se le ha regalado una repercusión que no tenía. Una oposición similar producía la presencia en programas de televisión de criminales como Massera o Etchecolatz, cuando en realidad darles la palabra era el mejor modo de que los jóvenes entendieran en qué consistió la horrible dictadura que no vivieron. El fuego amigo apunta con las mejores intenciones al pie propio, o mejor dicho, al de Cristina. Ella esquivó esos disparos con reflejos, discreción y buen humor. La presidente que despenalizó las calumnias e injurias para que todos pudieran insultarla sin temor a represalias fue coherente al rechazar cualquier restricción promovida desde el Estado a decisiones de entidades y personas privadas. Su orgullo es garantizar más derechos para más sectores, no cercenarlos.

¿Tendrá el mismo tino ante las precandidaturas a gobernadores de Mendoza y Río Negro de Omar Félix y Carlos Soria? El mendocino es hijo del intendente de San Rafael durante la dictadura, Chafí Félix, mencionado como colaborador por varios sobrevivientes durante el juicio por la desaparición de cuatro personas en esa ciudad. Sus hijos Omar y Emir lo sucedieron en el mismo cargo. Omar tuvo como titular del Consejo de Seguridad al comisario Raúl Oscar Pérez, quien fue jefe de la Inteligencia policial durante la dictadura y Emir debió hacerlo renunciar hace unos meses, cuando el Tribunal Oral Federal N 2 ordenó investigar su conducta entonces. Los Félix nunca colocaron la placa de homenaje a los detenidos desaparecidos del sur mendocino, que Néstor Kirchner entregó al municipio durante una visita a San Rafael, y que quedó en poder de Mariano Tripiana (hijo del detenido-desaparecido Francisco Tripiana). La candidatura de Félix es promovida por José Luis Manzano. Cuando le cuestionan esa relación, Félix responde con el recuerdo del dirigente radical César Jarovslasky y su comprovinciano Alfredo Yabrán. “Si tuviera que llevarle cigarrillos a la cárcel, lo haría”, dijo durante el desfile de las reinas de la vendimia en las bodegas López, antes de pensarlo. Agregó que contaba con un guiño de José Luis Mazzón e hizo todo lo posible por acercarse a CFK, quien no sabía quién era.

Soria es conocido por su de-sempeño en la SIDE durante el interinato presidencial de Duhalde. Desde allí amenazó a una docena de jueces federales con el juicio político si no encarcelaban a un ex ministro de Economía y tres banqueros, para echarlos a la hoguera como únicos culpables de la crisis. Además ordenó espiar a la entonces senadora Cristina Fernández y a su esposo gobernador de Santa Cruz, y denunció un fantástico complot para poner el país patas para arriba, con lo que se preparó el clima para el asesinato de Kosteki y Santillán. Hasta octubre de 2010 juró lealtad a Duhalde. En la foto de esta página se lo ve muy contento por la compañía del criminal de guerra Erich Priebke, algunos años antes. Pueden parecer pragmáticos quienes arman listas con el ojo puesto en las encuestas. Pero si no calculan también los daños colaterales, la campaña puede servir para deslegitimar un proyecto nacional, a cambio de una posible ganancia en provincias menores.

Morales Solá, obligado, al llano

Año 3. Edición número 146. Domingo 6 de marzo de 2011

Por 

 Daniel Cecchini

decchini@miradasalsur.com

Quemá esas fotos I. Es la primera de una larga serie de mentiras e inexactitudes que contiene el artículo. La foto en cuestión (que se reproduce en esta página) fue obtenida por Miradas al Sur a través de un periodista que, en su momento, integró un grupo de colegas tucumanos que colaboró con el director de este dominical, Eduardo Anguita, y con Alberto Elizalde Leal en la producción del documentalEl azúcar y la sangre. Algunos de ellos son Marcos Taire, Ramiro Rearte, el corresponsal de Clarín en Tucumán, Rubén Elsinger, y el secretario del Sindicato de Prensa de Tucumán, Oscar Gijena. No hubo nadie de los servicios de informaciones ni del gobierno que colaborara con la investigación ni del documental en su momento ni ahora con lo publicado por este dominical. Ambos trabajos periodísticos son parte de la recuperación de la dignidad y la memoria.Después de tres meses de sugestivo silencio, y tras declarar ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá utilizó por primera vez las páginas del diario en el que escribe para referirse públicamente a la fotografía publicada por Miradas al Sur el 5 de diciembre del año pasado, donde se lo ve junto con el genocida Adel Vilas, jefe de la Operación Independencia (tal su verdadero nombre), en un lugar que dos fuentes consultadas en su momento por este dominical identificaron como el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita de Famaillá. La declaración de Morales Solá ante la jueza porteña –a quien también entregó un escrito– se debió a una citación del juez federal de Tucumán Daniel Bejas para interrogarlo sobre su presencia en el lugar y sus relaciones con los jefes del operativo represivo en esa provincia durante 1975 y 1976.
En la nota de La Nación –publicada sin su firma para poder referirse a sí mismo en tercera persona–, Morales Solá dice que la citación forma parte de “una campaña de desprestigio profesional y de persecución personal por parte de la ex Side, de funcionarios del gobierno y de medios de comunicación público y privados financiados por el Estado”.

A continuación, la nota publicada en La Nación incurre en una falacia interesada. Dice que se trata de una “fotografía tomada en plena democracia en la que Morales Solá aparece como periodista en una actividad de Vilas”. A fines de 1975 –cuando fue fotografiado junto al jefe de la Operación Independencia–, Tucumán distaba de ser un lugar donde reinaba la “plena democracia”. Territorio de prueba para el plan sistemático de exterminio que la dictadura ensancharía a todo el país a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, la represión ilegal y los campos de concentración eran parte de la realidad cotidiana de la provincia. Con la excusa de “combatir” a la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en los montes, el Ejército había desplegado 5.000 efectivos en el territorio provincial. Un número desproporcionado, si se tiene en cuenta que la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP –el enemigo a combatir en los montes tucumanos– nunca contó con más de 90 guerrilleros. El grueso de las tropas comandadas por Vilas no combatió a la guerrilla, sino que sembró el terror generalizado en toda la provincia mediante detenciones ilegales, torturas, ejecuciones fraguadas como enfrentamientos y la persecución constante de cualquiera que fuera sospechoso de disidencia.
Pero Morales Solá se contradice a sí mismo. No se entiende que diga que la fotografía fue tomada en “plena democracia” si en el mismo artículo asegura que la de Vilas en Tucumán fue una “gestión criminal”. No la calificaba así en 1975, cuando en las páginas de La Gaceta de Tucumán –donde por entonces trabajaba– ni en las deClarín –diario del que era corresponsal– escribía sobre la represión: “Han pasado ya 36 semanas, el tiempo de una gestación. (La Operación Independencia es) el primer síntoma de que las Fuerzas Armadas adoptaban una posición ofensiva frente a la intolerancia ideológica (…). La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios.”
El artículo de La Nación dice también que “Morales Solá le dijo a la jueza que la foto publicada por Miradas al Sur nunca fue publicada por La Gaceta, pero sí estaba en sus archivos”. “Esa foto fue robada de esos archivos”, dice la nota que Morales Solá le aseguró a Servini de Cubría, a quien le entregó también “una copia original de la foto”. No se entiende nada: si la foto fue robada, de dónde sacó Morales Solá una copia original para llevar al juzgado.

Quemá esas fotos II. No es la primera vez que una fotografía le juega una mala pasada a la historia oficial que Morales Solá intenta escribir sobre sí mismo. Hace unos años, otra toma desmintió una versión que el periodista siempre había sostenido: que nunca había conocido personalmente al genocida Domingo Bussi, primer gobernador de la provincia durante la dictadura, porque en 1976 ya no vivía en Tucumán, sino que se había radicado en Buenos Aires. El columnista de La Nación sostuvo esa historia hasta 2003, cuando volvió a salir a la luz una vieja edición de La Gaceta de Tucumán. Allí, en la página 5 del diario del 8 de junio de 1976, la nota titulada “El gobernador Bussi agasajó al periodismo” está engalanada por una clarísima fotografía a cuatro columnas que muestra al genocida acompañado de funcionarios y periodistas, entre los que se destaca la presencia (segundo a la izquierda de la foto, con una mano llevada pensativamente al mentón) de… ¡Vaya! ¡Joaquín Morales Solá!
No se trató de la presencia casual de un periodista enviado desde Buenos Aires. Varios periodistas tucumanos, entre ellos Marcos Taire, confirmaron que en marzo de ese año Morales Solá participó de un monumental asado ofrecido por Bussi, al cabo del cual el genocida le regaló a cada uno de los asistentes un pergamino en el que les agradecía su “colaboración en la lucha contra la subversión”.
Unos días después, más precisamente el 23 de abril de 1976, Morales Solá escribió la nota de tapa de La Gaceta donde saludó la designación de Bussi como gobernador de Tucumán. Del hombre que luego dijo no conocer, por entonces aseguraba: “El general conoce el ámbito local y no ignora las necesidades y las urgencias de la provincia”.
Hasta que la “aparición” de esa foto y esas notas lo desmintieron sin lugar a dudas, Morales Solá había sostenido que en 1976 se había ido de Tucumán, amenazado por la Triple A. Lo de las amenazas lo reflotó esta semana ante la jueza Servini de Cubría y lo reafirmó en la nota de La Nación: “Dijo –escribió Morales Solá sobre su propia declaración– que existía un antecedente en sede judicial sobre esa amenaza porque el periodista Ricardo Kirschbaum (N. de la R.: Claríneditor general de Clarín) recordó el año pasado, como testigo en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra Antonio Domingo Bussi, que ambos estaban incluidos en la misma lista de amenazados”.
Lo que Morales Solá olvidó decirle a la jueza –y omitió escribir en su artículo de La Nación– es que Marcos Taire, en aquellos tiempos secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Tucumán, ha desmentido pública y reiteradamente esa parte de su historia oficial: “Yo estuve en el Sindicato hasta abril de 1976. Teníamos un registro de todos los periodistas amenazados, y Morales Solá nunca figuró en él. A él nunca lo amenazaron”, dijo a Miradas al Sur.
Un par de fotos, otras tantas publicaciones de época y más de un testimonio obligaron a Joaquín Morales Solá a bajar al llano… aunque todavía pretenda sostener su imagen subido a las marmóreas columnas de La Nación.

Núcleo duro del empleo no registrado

Núcleo duro del empleo no registrado

El Ministerio de Trabajo acaba de finalizar un estudio sobre el empleo irregular en el país. La tasa de informalidad se ubica en el 34,6 por ciento, porcentaje elevado pese al fuerte crecimiento económico y la baja del desempleo. Más fiscalizaciones del Estado y más controles de los sindicatos.

› Por Roberto Navarro

El 49,8 por ciento de los trabajadores del campo no está registrado. De la otra mitad, el 92 por ciento está anotado cobrando el salario mínimo del peón rural, el más bajo de todos los sectores productivos. De esta manera, los actuales trabajadores agropecuarios, cuando lleguen a la edad de jubilarse, o no tendrán ese derecho de la seguridad social o cobrarán la mínima. Página/12 accedió a un informe del Ministerio de Trabajo recién finalizado sobre el empleo irregular en el país, que incluye datos sobre la situación de los distintos sectores y los 24 distritos del país. En 2003, el trabajo no registrado superaba el 50 por ciento; a fines de 2010 retrocedió al 34,6 por ciento, un porcentaje aún muy alto, tanto en términos históricos como comparado con otros países. Esa cifra se mantiene en un umbral elevado pese a un ciclo económico muy bueno, con tasas de crecimiento elevadas durante muchos años. Esto refleja que la existencia de un importante núcleo duro de trabajadores contratados en forma irregular no se perfora solamente con políticas que impulsen un fuerte aumento del PBI. Se presenta entonces la necesidad de una estrategia específica para atender ese problema.

En los últimos siete años la cartera laboral realizó más de 850 mil inspecciones, que abarcaron a 2,7 millones de trabajadores. En 2010, de cada 10 nuevos empleos privados, 8 se registraron. Pero sectores como el campo, la producción de madera y papel, la gastronomía y la construcción mantienen en sus plantillas a más de cinco millones de trabajadores informales.

La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo produjo un informe basado en los datos de los operativos realizados durante 2010. En el sector agropecuario se inspeccionaron 12.923 establecimientos, que suman 42.314 trabajadores. El 49,8 por ciento no estaba registrado. En el rubro producción de madera y papel el nivel de informalidad encontrado fue del 36,9 por ciento. En gastronomía, del 31,3 por ciento. En transporte y almacenamiento, del 31,2 por ciento. El sector de mejor performance fue el de hotelería: en 12.432 inspecciones se halló un índice de trabajo no registrado del 15,7 por ciento.

“Se ha hecho mucho en el mundo laboral, pero también falta mucho, porque los desafíos nunca terminan. Hemos avanzado y consolidado políticas laborales como el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, y es justamente ahí donde tenemos que juntar nuestros esfuerzos; no podemos bajar los brazos ni un minuto”, señaló a Página/12 el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y agregó: “Articular un trabajo conjunto entre las provincias y la Nación no fue una tarea fácil; esto se construyó desde las dificultades, pero con una profunda convicción de que era necesario crear una institución para mejorar la calidad institucional del país y del mundo del trabajo”.

En los noventa, dependencias del Estado fueron desarticuladas y disminuidas a su mínima expresión. La decisión no fue inocente: estaba directamente relacionada con el modelo económico vigente. Los trabajadores con contratos irregulares cobran salarios más bajos, es decir que disminuyen los costos de las empresas. En 2003 el Ministerio de Trabajo contaba con 20 inspectores para cubrir los 24 distritos del país; en la actualidad hay 450 profesionales realizando operativos. De todas maneras hay provincias en que el trabajo informal bajó muy poco. En Corrientes, el 47,5 por ciento de los trabajadores no está registrado; en La Rioja, alcanzan el 40,7 por ciento del total, y en Salta, el 40,3 por ciento.

“La informalidad laboral ha descendido fuertemente desde el pico del 50 por ciento de 2002, pero ese descenso no se condice con el crecimiento económico y la caída del desempleo. Con una desocupación del 7,3 por ciento, los sindicatos tienen el poder suficiente para presionar por mejores condiciones de trabajo”, indicó a Página/12 Mariana González, economista de Cenda y del Centro de Estudios Laborales de CTA. “La responsabilidad de bajar el índice de trabajo informal es del Estado y de los sindicatos. El Ministerio de Trabajo ha destinado una importante cantidad de fondos y de recursos humanos a la tarea, pero aún debe redoblar los esfuerzos. En el caso de los sindicatos existe una gran heterogeneidad en los distintos sectores. Hay algunos que se ocupan del tema y otros que no demuestran el menor interés”, completó la economista.

El 50 por ciento de empleo informal en el campo eleva el promedio general. Si el registro estuviera en línea con la media del resto de los sectores, el trabajo no registrado en el país bajaría cinco puntos. Los especialistas afirman que el sector agropecuario tiene dos problemas que lo diferencian del resto: la extensión territorial a controlar y la cultura laboral histórica del sector. Argentina tiene más de treinta millones de hectáreas sembradas de granos y oleaginosas, a las que hay que sumarles las que se utilizan para ganado y producciones regionales. Sin una fuerte organización gremial con convicción de mejorar la calidad laboral de los empleados del campo, la tarea de control estatal se hace difícil.

Dos rubros que en los noventa llegaron a más de un 60 por ciento de informalidad y que lograron un fuerte descenso son la construcción y los textiles. Según el informe de la cartera laboral, el trabajo informal en la construcción cayó al 30,2 por ciento, la mitad que hace diez años, y el sector textil descendió al 22,5 por ciento, muy por debajo del promedio. En Trabajo aseguran que esas notable bajas se deben a un fuerte compromiso asumido por los sindicatos de los sectores involucrados.

En la cartera laboral aseguran que la mejor situación económica, la caída de la desocupación, el trabajo conjunto entre la AFIP y el Ministerio de Trabajo y una mayor demanda de calidad laboral de los trabajadores confluyeron para que en 2010 ocho de cada diez nuevos empleos fueran en blanco. También señalan que la mayor informalidad se da en empresas de hasta diez empleados, pero que aún existe un alto nivel de trabajo no registrado en medianas y grandes compañías. En estas empresas se encuentra la mayor cantidad de trabajo “gris”, es decir que están registrados por un salario menor al que reciben.

En el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo, la cartera laboral instaló 36 delegaciones regionales para realizar inspecciones; aumentó la cantidad de inspectores un 2000 por ciento y promulgó la Ley de Regularización Laboral, que permitió que las empresas blanquearan a 900 mil trabajadores, sin la mochila de deudas, multas e intereses. También realizó una campaña de regularización del personal doméstico, resultado del cual 200 mil mujeres fueron registradas. En las 850 mil inspecciones realizadas en 7 años se consiguió que el 38 por ciento del personal encontrado en forma irregular formalizara su situación. La mayoría de los especialistas piensa que sólo un régimen de fuertes multas a las empresas y un compromiso mayor de los sindicatos permitirán un avance firme para mejorar la actual situación que implica que uno de cada tres empleados se encuentra en condiciones de informalidad.

robertodnavarro@gmail.com