viernes, 13 de abril de 2012

(Los que pretenden) Volver al 2008 Por Gonzalo Santos



¿Cuáles son las formas y las herramientas que las corporaciones adoptan para condicionar la democracia popular? 

Esa pregunta vertebró unnota reciente en el marco de un análisis a corto y mediano plazo. La intención era pensar el nuevo escenario en el que podría desarrollarse el debate político en Argentina, luego del quiebre que marcó el triunfo electoral del kirchnerismo en octubre pasado. En ese sentido, la tésis que Chantal Mouffe expone en su libro En torno a lo político servía de base teórica para delimitar el contorno teórico y práctico de las disputas (a vuelo de pájaro: el desarrollo de las democracias de este siglo debería darse desde una "lucha agonista" en la cual proyectos antagónicos debatan por la hegemonía política, en lugar de seguir robusteciendo las "democracias dialógicas" que imponen los poderes reales, a través de las cuales generan un "Zeitgeist pospolítico" que termina por excluir a las mayorías produciendo así enfrentamientos dicotómicos en la sociedad). 

A pesar del esfuerzo que implica imaginar de qué manera el arco político nacional podría, en algún sentido, ponerse a la altura de postulados teóricos umbilicados con experiencias históricas que marcaron y marcan el pulso político suramericano, la realidad cotidiana empuja violentamente hacia la afirmación de una tésis que está en las antípodas de la teoría explicada por Mouffe: no habrá "lucha agonista" en Argentina. Como contrapartida, todo indica que se reforzará la tensión de mediados de 2008. Es decir, una avanzada furiosa sobre el gobierno nacional de parte de algunos poderosos sectores. 

Más claro: no habrá, enfrente del kirchnerismo, un modelo antagónico, ni siquiera un proyecto opositor con matices propios; no habrá enfrente del kirchnerismo un mirada integral de país que confronte, en el ágora político, con los fundamentos que guían al país (con éxito en muchas dimensiones, con menos aciertos en otras) desde el 25 de mayo de 2003. El arco político opositor está dejando pasar la oportunidad de confluir con ciertos sectores de la sociedad. Hay una buena parte de la población que, ciertamente, no comulga con los lineamientos del oficialismo. Pero claro: hoy, la oposición política está vinculada en forma inherente al discurso de los medios dominantes, que son la voz del bloque de clases dominantes. Entonces, no hay lógica política en la oposición. En su lugar, se erige un discurso que es una defensa a ultranza de privilegios atávicos de ciertas corporaciones. Una defensa que se asemeja, demasiado, a un grito desangelado y nostálgico de un tiempo histórico que, en definitiva, es un recuerdo sepia. 

¿Qué quiere decir volver al 2008? La construcción de un escenario dicotómico, edificado con el poder de fuego del dispositivo de medios dominantes: de un lado el gobierno nacional, del otro, "la gente". Un divorcio irremontable. El mecanismo es conocido: los medios dominantes repiqueteando las 24 horas del día, poniendo en escena a politiqueros prime time (¡volvió Carrió!), juristas del stablishment, economistas de la ortodoxia liberal, opinólogos conservadores o intelectualotes menemistas (Asís en La Nación), historiadores representantes de instituciones del liberalismo histórico o de entidades de baja estofa dependientes o sostenidas por el poder concentrado, editorialistas desembozados. 

En 2008, la avanzada comenzó con la "valijagate" y fue coronada con la batalla que encabezaron las cámaras patronales de los agronegocios. En aquella oportunidad, a partir de la inteligencia semiótica que evidenciaron, Clarín y La Nación ("todos somos el campo") supieron crear un sujeto social que, engañado, acompañó el grito chúcaro de la Sociedad Rural y sus amigotes desestabilizadores. Claro, los medios corrieron con una ventaja semántica inapreciable, en dos dimensiones: la carga histórica y el recorrido simbólico del gobierno hasta allí. 

Desde aquellos días de 2008, el gobierno nacional entendió que la batalla cultural debía vertebrar su discurso, y complementar la gestión (siempre, en ese aspecto, el oficialismo goleó a la oposición política y mediática): cierto revisionismo histórico, ley de medios y un cambio que fue como "un movimiento dialéctico novedoso entre la conducción política, la militancia y –aquí la riqueza- importantes sectores de la propia sociedad. Por un lado, el asumir que había que generar espacios discursivos propios, al margen de los dispositivos tradicionales de constitución de opinión pública. El fenómeno 678, hoy quizás puesto en discusión, es hijo dilecto de esa etapa" (el compañeroMendieta). 

En estos días, la avanzada viene a caballo de otra de las verdades reveladas del manual liberal que aplican los poderes reales para la construcción de la "democracia dialógica": la corrupción. Es decir: evitar los debates políticos profundos para tomar un atajo muchas veces ficticio. La corrupción existió y existe, generalmente, en la concentración estatal. Es menester de las gestiones combatirla. Y, según los manuales, cierta tarea de contralor le corresponde al periodismo: denunciar casos reales de interés público es una tarea que dignifica a los comunicadores y a las empresas de comunicación (¿y la corrupción de los privados? No, eso no existe en la teoría académica ni en la práctica de la cadena de medios concentrados). Pero la tergiversación, multiplicación de falsedades y construcción de operaciones con un piso casi inexistente de verdad comprobable, en connivencia con otros actores del quehacer público, es otra cosa: es una herramienta desestabilizadora de hecho contra gobiernos elegidos democráticamente y legitimados por apoyos populares. 

La corrupción es el clivaje desde donde los medios, en conjunto con el arco político opositor, se asientan para generar un supuesto antagonismo entre los gobiernos terriblemente corruptos, y la sociedad supuestamente ultrajada por estos. 

Las técnicas utilizadas para construir estos castillos de naipes no reconocen límites y el realismo mágico es, en comparación, un expediente burocrático. Sin embargo, esas formas están unidas históricamente al credo liberal que, a fuerza de colonización de las historias, preeminencia en la educación y monopolio de los medios, son caras a la gente de a pie. Por eso insisten con la corrupción. Es un atajo para llegar a las mayorías a las que no pudieron interpelar (así lo demuestra el resultado de las elecciones de octubre pasado) a través de la "lucha agonista" (la evaden, la repelen). 

Así condicionaron a cuanto gobierno quisieron, y por eso ahora apuntan al vicepresidente Amado por Boudou (y, elípticamente, a la Presidenta). Esa es la forma que toma en 2012 el escenario que montaron (medios dominantes como expresión de los poderes fácticos) en 2008. 

Pero vale la pena recordar cuáles fueron las consecuencias de la batalla por la 125. La oposición política, los medios y los actores económicos, financieros y sindicales que apoyaron la avanzada, terminaron atomizados y reducidos a expresiones sin peso e influencia en las elecciones generales de 2011. Como contrapartida, el kirchnerismo logró en esos días constituir rasgos identitarios fundamentales, que marcaron su praxis y su organización hacia adelante. En octubre de 2011, todo eso encontró una rúbrica cuantitativa histórica. 

El farragoso escenario que parece erigirse en estos días, podría constituir una prueba de fuego no sólo para el kirchnerismo en su nueva fase de sintonía fina y organización en torno a estructuras propias; si no también presentaría desafíos para todo el arco político y para la sociedad entera. Quizás sea tiempo de robustecer en forma institucional (sumando la legitimación popular) las bases que hagan sustentable la democracia del siglo XXI: más cerca de la lucha agonista y bien alejada de los escenarios (jurídicos, simbólicos, políticos) que antes establecieron y que hoy plantean profundizar o actualizar ciertos sectores de la economía concentrada. Esa es la única manera de seguir consolidando un poder político transformador. Como afirma el profesor Sebastián Etchemendy, "la teoría y la experiencia histórica en los procesos democráticos demuestran que la ampliación de derechos sociales generalmente va desde Ejecutivos fuertes hacia el Congreso y el Poder Judicial, y desde el poder estatal a las periferias federales, y no al revés". 

Así las cosas, está al alcance de todos verificar la historia reciente de nuestro país para identificar desde dónde se promueven las transformaciones, y desde qué lugares se pretende urdir intrigas para detener las reformas o retroceder sobre las conquistas conseguidas.

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LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN LA NAZION.






La política oficial de derechos humanos

Por Alberto Solanet  | Para LA NACION
Los derechos humanos como política de Estado. Este concepto ha sido enunciado más de una vez por el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti, y es impulsado por el Gobierno a partir de 2003 en relación con la violencia desatada en el país durante los años 70. La decisión oficial ha consistido en delegarle toda la responsabilidad y las consecuencias de su ejecución al Poder Judicial. El resultado es que la política de derechos humanos ha sustituido al derecho, y consecuentemente se ha minado el Estado de Derecho que debiera regir en la Argentina, y en especial en la administración de la justicia federal en todo el territorio de la Nación.
La nueva mayoría de la Corte instalada a partir de 2003 se encargó de "remover los obstáculos" que se presentaban para la concreción de esta política, y a partir de allí poder juzgar hechos ocurridos hace 35 años. Para ello arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- aplicando con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos. Empleó además retroactivamente, en perjuicio de los imputados, leyes más gravosas; desconoció el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende revisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los cometidos en escenarios políticos. La "política de Estado" fijada en la era Kirchner es aplicada sólo a sus enemigos, una de las partes de aquella violencia, tomando el cariz de venganza, sin justicia. No se justifica de ninguna manera el remanido alegato de que en su momento, en el plano de una guerra revolucionaria, quienes son ahora juzgados omitieran respetar las garantías de la defensa en juicio. La sociedad fue atacada sin contemplaciones, con prescindencia de cual fuera el carácter del gobierno de turno, constitucional o de facto. Si la derrota militar del ataque terrorista hizo posible que finalmente rija la Constitución y el estado de derecho, es obligación de quienes hoy gobiernan asegurarlo plenamente.
Los precedentes judiciales resueltos por la Corte, útiles para esta llamada "política de Estado", abrieron las puertas para la persecución ilimitada de los opositores. Así es como estableció una sinuosa jurisprudencia, mediante la cual sólo los actos protagonizados por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad constituirían delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles e imperdonables. No así los cometidos por los terroristas del ERP, Montoneros, ETA, cualquiera fuera la aberración de sus acciones; sólo éstos fueron prescriptibles y perdonados.
Esta "política de Estado" está encaminada no sólo a encarcelar a cientos de oficiales, suboficiales y hasta soldados y policías, sino también a civiles que formaron parte del gobierno militar. Por ello se abrieron causas sobre quienes actuaron como gobernadores, ministros o secretarios de Estado, aunque jamás hayan participado de la lucha antiterrorista, únicamente por haber formado parte de aquel gobierno. La amenaza se ha extendido al mundo laboral y a la Iglesia. Sindicalistas fueron acusados de pertenecer en su juventud a la Triple A, mientras obispos y sacerdotes desfilan en los Tribunales como imputados o testigos para responder preguntas incriminantes, como presuntos colaboradores o encubridores. Todas estas personas representan hoy una minoría vulnerable y discriminada a la cual no sólo se la ha privado de las garantías elementales que asegura la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Código Penal de la Nación, sino que se los juzga con un proceso hecho a su medida y en su perjuicio. Así, se les niega la detención domiciliaria a quienes tienen más de 70 años. Se los mantiene sine die , por cuatro, cinco y hasta nueve años en prisión preventiva sin condena. Se los juzga y pena no por su actuación sino simplemente por el destino que revistaban en sus legajos, es decir la supuesta función cumplida en su puesto sin importar si tenían o no el dominio de los hechos. Se condena a guardiacárceles y agentes de policía por cumplir órdenes de custodia hace 35 años. Se mantiene en la cárcel o en proceso a personas discapacitadas, mental y físicamente, de 80 y más años de edad. Muchos de ellos padecen cáncer, o siendo cardíacos se los lleva a juicio con oxígeno o con suero. Ya se elevan a 147 los presos en estas condiciones que han muerto en cautiverio sin haber recibido condena. Se impide que quienes ya cumplieron sobradamente los requisitos obtengan la libertad condicional, sometiéndolos a nuevos procesos constantemente, máxime si se trata de presos "emblemáticos". Ellos saben que con esta justicia están condenados a morir en la cárcel.
La llamada "política de Estado" se ha extendido inevitablemente a la prensa. A la permanente amenaza que sufrió la señora Ernestina Herrera de Noble se agregaron las denuncias y pedidos de detención para los titulares de los medios más importantes del país, por hechos acaecidos aún antes del golpe militar. Tal es el caso Papel Prensa, en el cual algunos jueces han evitado la disparatada calificación de delito de lesa humanidad, resistiendo las presiones con la mínima independencia que les queda.
Toda esta tarea requirió disciplinar a la magistratura federal, acusando, apartando y relegando de ascensos y nombramientos a jueces que no garantizaran la continuidad de esta "política de Estado". Mientras tanto, la Justicia Federal, responsable en todo el territorio de investigar -entre otros graves delitos- la corrupción de los funcionarios nacionales y perseguir el narcotráfico que se enseñorea impunemente en nuestra sociedad, se encuentra ocupada casi en su totalidad por audiencias que duran y continuarán durando años enteros para juzgar hechos ocurridos hace 35 años.
No ha surgido entre nosotros un Adenauer, ni un Mandela, ni senadores y diputados como los que celebraron el Pacto de la Moncloa. Ellos les dieron a sus países un punto de apoyo desde donde comenzar la convivencia pacífica posible, la reconciliación, la concordia verdadera, la amistad política, como legado para los hijos y nietos que no vivieron el odio, el enfrentamiento y la violencia.
El resultado de la ausencia del principio de legalidad es que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional, sujetos al arbitrio del poder de turno. Urge que se ponga fin a esta iniquidad mediante una solución política y jurídica adecuada a la magnitud de los daños que ya ha producido y seguirá produciendo. La superación de los hechos de los ?70 exige una solución política inmediata. © La Nacion