La gran mayoría sabe que la última dictadura militar llevó adelante una represión sin precedentes en la historia argentina de los trabajadores. Pocos saben que tres meses antes del golpe militar, y al mismo que la junta advertía a la entonces presidenta de a enderezar el rumbo de su gobierno en menos de tres meses antes de dar un golpe de , el General Santiago Omar Riveros representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa le aseguraba a sus pares que las organizaciones armadas en la Argentina estaban derrotadas de una forma terminal; y que su poder de fuego (de los guerrilleros) se había agotado con el asalto frustrado al Batallón de Arsenales 601, Domingo Viejo Bueno, en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975. Según estas palabras los militares dieron un golpe y se perpetuaron en el poder luchando contra un enemigo que antes de derrocar al gobierno constitucional ya había liquidado su poder de fuego y no estaba en condiciones de continuar ninguna lucha.
Con el del tiempo se fue creando una historia paralela para la justificación de la represión y la violencia, al afirmar que se peleaba contra un enemigo mortal, apátrida y que recibía apoyo desde el extranjero. Esta elaboración de la historia, como toda historia es una elaboración post facto, se hizo para justificar la masacre y el genocidio que en su momento encabezaron las 3 armas.
Si en palabras del propio representante del ejército la guerrilla ya estaba agotada, con que fin dar un golpe de estado militar, y fue militar por más que algunos civiles fueron funcionarios, no debemos olvidar que la junta gobernó con total impunidad dictatorialmente, ¿cuáles eran las razones que llevaron al mas liberal nacionalista del ejercito a tomar el poder por las armas?
Los motivos del golpe de estado militar de 1976, fue el marco ideal para la reconversión de la sociedad y la economía la cual solo podría hacerse en un ambiente de total represión. No se trató de combatir a la guerrila, sino implementar el modelo neoliberal por medio del terrorismo de estado que apuntaba principalmente a la clase trabajadora.
MERCEDES BENZ, TENSA, FORD, FIAT, PERKINS, ACINDAR, ASTARSA, CHRYSLER, EATON EJES, MOLINOS RIO DE LA PLATA, LOMA NEGRA, INGENIOS , TECHINT, City Bank; Cogasco S.A; Banco de Londres; Sevel; IBM; Chase Manhattan Bank; Bank of América; ESSO; Banco Ganadero; Deutsche Bank; Industrias Metalúrgicas Pescarmona; entre muchas otras fueron beneficiadas ampliamente por las polìticas del estado terrorista y muchas de ellas entregaron a trabajadores para que no vuelvan nunca más.
Entramado de protección a empresarios
Por Alejandra Dandan
Las causas que avanzan sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura van a tranco lento. La Justicia hasta ahora sólo avanzó a paso firme en una causa de Salta, en la que el juez Leonardo Bavio llamó a indagatoria al propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte presuntamente vinculado al secuestro de un grupo de trabajadores afiliados a la Unión Tranviaria Automotor. Para los que siguen las causas de lesa humanidad, el caso de La Veloz del Norte y el Ingenio Ledesma tienen puntos en común en cuanto a las pruebas que explicarían por qué se pudo avanzar en estos expedientes y no en otros. En ambos, la participación de los empresarios aparecería fuertemente demostrada por el modo en el que exhibieron su participación. En un caso, los choferes de La Veloz sitúan a Marcos Levin, el dueño de la empresa, adentro de la comisaría que funcionó como centro clandestino. Y a la empresa como encargada de facilitarle los autos a la patota policial que hizo los secuestros. Algo de esto vuelve a verse en Ledesma cuando el ingenio aparece aportando los móviles para los traslados de los secuestrados, por ejemplo. Un tipo de pruebas que parecen más fáciles de probar en el interior del país donde la represión se llevó adelante de modo más visible y descarnada. La pregunta es si esas pruebas no están en el resto de las causas: en el juicio oral de Loma Negra, con el abogado laboralista que defendía a los trabajadores asesinados; en la causa Ford o Mercedes Benz. Desde la Procuración dieron hace un tiempo una hipótesis de explicación a Página/12: los problemas tienen mucho más que ver, dijeron, “con que hay personas cubiertas que siguen detentando poder dentro de la Justicia y elaboran argumentos jurídicos sofisticados que tratan de explicar en realidad por qué no llamaron a los empresarios”.
Fortabat murió antes de dar explicaciones en un juicio
Acusan a Loma Negra de colaborar con la desaparición de un abogado
Los hijos del laboralista Carlos Moreno sostienen que su padre fue secuestrado por representar a los trabajadores en una denuncia por el contagio de silicosis entre los obreros de la cementera. Hubo 40 años de colaboración militar.
Por Franco Mizrahi
Amalia Lacroze de Fortabat, “la dama del cemento”, falleció nueve días después de que comenzase, en Tandil, el juicio que investiga la desaparición del abogado laboralista Carlos “El Negro” Moreno, y que arrojará luz sobre los vínculos que mantuvo la empresa Loma Negra con la última dictadura militar. Con ella se fueron muchos secretos del poder.
El Negro Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría, a metros de su estudio jurídico, cuando representaba a obreros de la cementera que habían contraído una enfermedad llamada silicosis, afección que se origina en la alta exposición al cemento y que hizo mella, fundamentalmente, en el sector Embolsado de Loma Negra. Había regresado a su ciudad natal para ejercer la profesión, luego de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata. “Mi viejo tenía un compromiso social muy grande –describió a su padre, Martín, su hijo menor–. Por la situación social de sus clientes, muchas veces recibía por pago unas gallinas”, relató. Moreno era militante de la Juventud Peronista y también tenía entre sus clientes a la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina.
Si bien aún no hay imputados de la empresa dirigida por Amalita, Matías Moreno, el hijo mayor del letrado, fue contundente: “Loma Negra y algunas empresas del sector tuvieron una responsabilidad grande en el secuestro y asesinato de mi padre”, afirmó. “Era más barato matar al Negro que arreglar el problema de la silicosis”, denunció su viuda, Susana Lofeudo, durante el juicio. Por esa enfermedad, muchos de los trabajadores de la empresa no llegaban a jubilarse.
“Fallecían a muy temprana edad –explicó Martín a Tiempo Argentino–. Como él logró avanzar en las razones de esas muertes, molestó a los poderes económicos. Si se difundían las causas de la enfermedad, indefectiblemente debían transformarse los modos de producción. Ante ese escenario, los empresarios preferían directamente matar a alguien o hacerlo desaparecer. Les resultaba más fácil. Eso está quedando en evidencia en todas las audiencias que se están desarrollando”, agregó a este diario.
Las afirmaciones de los hijos de Moreno tienen sus fundamentos. Según ellos, hay archivos de inteligencia de un organismo provincial que confirma que Loma Negra solicitó que se le envíe Personal de Inteligencia para controlar a quienes obstruyeran el buen funcionamiento de sus negocios. Así, el ex comisario Miguel Ángel Fuster, temido miembro de la Delegación local de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –a quien se le atribuye el asesinato de otro conocido abogado laboralista, el doctor Norberto Centeno– viajó a pedido de la empresa para hacer seguimientos. Entre los objetivos de Fuster estaba Moreno.
De acuerdo a esos mismos archivos, los vínculos de la cementera con las fuerzas de seguridad tenían un largo historial. Según los informes de inteligencia se desprende que la empresa contó con los servicios castrenses –infiltración en asambleas y hostigamiento al personal– por unas cuatro décadas. Curiosamente, en esos papers se observa que los agentes no sólo investigaban a los obreros y al gremio, sino que también analizaban el funcionamiento de la empresa y al personal directivo. Este material, será puesto a consideración de los jueces durante las audiencias.
“En aquella época, la misma seguridad interna de la empresa estaba a manos de la policía y los militares”, describió Martín Moreno, para explicar el vínculo estrecho que existió entre la cementera y la dictadura. Una aceitada relación que el terrorismo de Estado repitió en un sinfín de fábricas. No es novedad que los militares acudiesen al llamado de ciertas firmas para intervenir las plantas y hacer de-saparecer a los trabajadores, sindicalistas y abogados “molestos”.
Un entramado cívico-militar que, esperan los Moreno, se vaya develando a lo largo del juicio. Las primeras audiencias hacen hincapié en las complicidades que se dieron en Tandil. Así, las personas que serán juzgadas en el juicio son los hermanos Julio y Emilio Méndez –los civiles que proveyeron la quinta que sirvió de centro clandestino de detención– y tres miembros del Ejército: el mayor Roque Ítalo Pappalardo, el coronel Julio Alberto Tomassi y el suboficial José Luis Ojeda.
Si bien los civiles llegaron a la sala en libertad, ambos fueron detenidos en la primera audiencia, mientras que a los tres militares les revocaron el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaron hasta los primeros días de febrero. El transcurso del juicio promete ahondar en los oscuros intereses que vincularon a Loma Negra con el terrorismo de Estado.
Fuente: Tiempo Argentino
Amalia Lacroze de Fortabat, “la dama del cemento”, falleció nueve días después de que comenzase, en Tandil, el juicio que investiga la desaparición del abogado laboralista Carlos “El Negro” Moreno, y que arrojará luz sobre los vínculos que mantuvo la empresa Loma Negra con la última dictadura militar. Con ella se fueron muchos secretos del poder.
El Negro Moreno fue secuestrado el 29 de abril de 1977 en Olavarría, a metros de su estudio jurídico, cuando representaba a obreros de la cementera que habían contraído una enfermedad llamada silicosis, afección que se origina en la alta exposición al cemento y que hizo mella, fundamentalmente, en el sector Embolsado de Loma Negra. Había regresado a su ciudad natal para ejercer la profesión, luego de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata. “Mi viejo tenía un compromiso social muy grande –describió a su padre, Martín, su hijo menor–. Por la situación social de sus clientes, muchas veces recibía por pago unas gallinas”, relató. Moreno era militante de la Juventud Peronista y también tenía entre sus clientes a la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina.
Si bien aún no hay imputados de la empresa dirigida por Amalita, Matías Moreno, el hijo mayor del letrado, fue contundente: “Loma Negra y algunas empresas del sector tuvieron una responsabilidad grande en el secuestro y asesinato de mi padre”, afirmó. “Era más barato matar al Negro que arreglar el problema de la silicosis”, denunció su viuda, Susana Lofeudo, durante el juicio. Por esa enfermedad, muchos de los trabajadores de la empresa no llegaban a jubilarse.
“Fallecían a muy temprana edad –explicó Martín a Tiempo Argentino–. Como él logró avanzar en las razones de esas muertes, molestó a los poderes económicos. Si se difundían las causas de la enfermedad, indefectiblemente debían transformarse los modos de producción. Ante ese escenario, los empresarios preferían directamente matar a alguien o hacerlo desaparecer. Les resultaba más fácil. Eso está quedando en evidencia en todas las audiencias que se están desarrollando”, agregó a este diario.
Las afirmaciones de los hijos de Moreno tienen sus fundamentos. Según ellos, hay archivos de inteligencia de un organismo provincial que confirma que Loma Negra solicitó que se le envíe Personal de Inteligencia para controlar a quienes obstruyeran el buen funcionamiento de sus negocios. Así, el ex comisario Miguel Ángel Fuster, temido miembro de la Delegación local de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires –a quien se le atribuye el asesinato de otro conocido abogado laboralista, el doctor Norberto Centeno– viajó a pedido de la empresa para hacer seguimientos. Entre los objetivos de Fuster estaba Moreno.
De acuerdo a esos mismos archivos, los vínculos de la cementera con las fuerzas de seguridad tenían un largo historial. Según los informes de inteligencia se desprende que la empresa contó con los servicios castrenses –infiltración en asambleas y hostigamiento al personal– por unas cuatro décadas. Curiosamente, en esos papers se observa que los agentes no sólo investigaban a los obreros y al gremio, sino que también analizaban el funcionamiento de la empresa y al personal directivo. Este material, será puesto a consideración de los jueces durante las audiencias.
“En aquella época, la misma seguridad interna de la empresa estaba a manos de la policía y los militares”, describió Martín Moreno, para explicar el vínculo estrecho que existió entre la cementera y la dictadura. Una aceitada relación que el terrorismo de Estado repitió en un sinfín de fábricas. No es novedad que los militares acudiesen al llamado de ciertas firmas para intervenir las plantas y hacer de-saparecer a los trabajadores, sindicalistas y abogados “molestos”.
Un entramado cívico-militar que, esperan los Moreno, se vaya develando a lo largo del juicio. Las primeras audiencias hacen hincapié en las complicidades que se dieron en Tandil. Así, las personas que serán juzgadas en el juicio son los hermanos Julio y Emilio Méndez –los civiles que proveyeron la quinta que sirvió de centro clandestino de detención– y tres miembros del Ejército: el mayor Roque Ítalo Pappalardo, el coronel Julio Alberto Tomassi y el suboficial José Luis Ojeda.
Si bien los civiles llegaron a la sala en libertad, ambos fueron detenidos en la primera audiencia, mientras que a los tres militares les revocaron el beneficio de la prisión domiciliaria del que gozaron hasta los primeros días de febrero. El transcurso del juicio promete ahondar en los oscuros intereses que vincularon a Loma Negra con el terrorismo de Estado.
Fuente: Tiempo Argentino
Techint deberá indemnizar a la hija de un desaparecido que trabajaba en Dalmine Siderca
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un histórico fallo en el que consideró imprescriptible una acción iniciada por la hija de un desaparecido, en 1977. La víctima fue secuestrada en el lugar de trabajo por las Fuerzas Armadas.
http://www.laautenticadefensa.com.ar
La conspiración de los Chicago Boys
La sala V de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un histórico fallo, en el que consideró imprescriptible una acción iniciada por María Gimena Ingegnieros, hija de un desaparecido, en 1977, en la entonces DálmineSiderca -hoy TenarisSiderca- del grupo Techint.
Techint había pedido la prescripción de la acción, alegando que se había cumplido el plazo de dos años previsto por la legislación laboral, sin embargo el juzgado laboral de primera instancia rechazó la demanda.
En 2008, María Gimena Ingegnieros había fundado su reclamo en la ley de accidentes de trabajo en contra de Techint S.A. Compañía Técnica Internacional, que en primera instancia respondió que tal demanda estaba prescripta porque superaba largamente los dos años previstos por la ley para realizarla.
La particularidad del fallo-que tuvo el voto favorable de los jueces Enrique Arias Gibert y Oscar Zas y la disidencia de María García Melgarejo- es que se calificó como imprescriptible lo acaecido a causa del terrorismo de Estado.
Enrique Roberto Ingegnieros tenía 28 años cuando desapareció junto a su pareja, Irma Pompa, el 5 de mayo de 1977, cuando la joven estaba embarazada de tres meses. Ingegnieros fue secuestrado en el lugar de trabajo por las Fuerzas Armadas. Continúa desaparecido.
El padre de María Gimena militaba en Montoneros y, también, a nivel sindical en la fábrica Dálmine Siderca, a la que había ingresado en 1971, y más tarde en Techint, donde se desempeñaba como técnico dibujante.http://www.laautenticadefensa.com.ar
A 36 AÑOS DE LA NOCHE DEL APAGON EN EL INGENIO LEDESMA QUIEREN
QUE DECLARE EL EMPRESARIO
Un fiscal pidió indagar a Blaquier
Camiones de la empresa de Pedro Blaquier cargaron a unas 400 personas, 55 permanecen desaparecidas. El fiscal de Jujuy Domingo Batule pidió la citación a indagatoria del dueño del Ingenio. El juez Olivera Pastor tiene que resolver.
Después de la represión de julio del año pasado en Jujuy, el nombre del Ingenio Ledesma vuelve a la Justicia. El fiscal Domingo Batule, de Jujuy, firmó un pedido de indagatoria sobre el poderoso empresario Pedro Blaquier por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad de las víctimas de lo que se conoce como La Noche del Apagón, de julio de 1976, cuando camiones con logos de su empresa cargaron a unas 400 personas, entre las que permanecen 55 desaparecidas. En línea con el impulso que los organismos de derechos humanos intentan dar en el país a las investigaciones sobre la responsabilidad civil de los empresarios con la dictadura, Batule firmó el pedido de indagatoria sobre ésa y otra causa. La decisión, que es un avance y en cualquier otro distrito del país sería un modo de acelerar el camino de la Justicia, en Jujuy corre el peligro de tener sólo un efecto simbólico: la evaluación está en manos del juez Jorge Olivera Pastor, denunciado una y otra vez por los organismos de derechos humanos. El juez tiene causas abiertas en el Consejo de la Magistratura, y la Procuración General de la Nación lo denunció por denegar sistemáticamente los pedidos de indagatorias de los represores como una estrategia para obstruir los procesos de justicia.
“Lo más contundente de las pruebas son las declaraciones de los desaparecidos que sobrevivieron a la llamada Noche del Apagón”, dice Pablo Pelazzo, uno de los abogados querellantes de las causas. “Muchos trabajaban en el interior del Ingenio o para el Ingenio, pero también había jóvenes que eran militantes o estudiantes universitarios ligados a los dirigentes sindicales de Ledesma. Los testimonios coinciden en que lo que se llama la Noche del Apagón, que fue la noche que más cantidad de personas secuestraron, los cargaron en vehículos con el logo del Ingenio Ledesma y después fueron haciendo un circuito con paradas adentro del Ingenio en lugares como el destacamento de Gendarmería y luego los llevaron a todos a Guerrero, un centro clandestino en las afueras.”
Son conocidas desde hace años las denuncias que vinculan al Ingenio con la sucesión de operativos que se hicieron entre las noches del 20 al 27 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, sede del Ingenio, y la vecina localidad de Calilegua. Bajo el amparo de los cortes de luz, el Ejército fue levantando a las víctimas con vehículos del Ingenio y se cree que algunas de ellas las levantaron desde adentro de la fábrica. Las investigaciones sin embargo no prosperaron en la Justicia jujeña y consiguieron en cambio una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento por delitos de lesa humanidad de la Procuración de la Nación, que el año pasado encuadró a Jujuy como la provincia con más problemas para avanzar con las causas. La Unidad, coordinada por Jorge Auat, señaló un problema que todavía persiste: “Que todas las causas han sido obstaculizadas desde un inicio por la inacción y la denegación de los pedidos fiscales por parte del juzgado federal a cargo de Carlos Olivera Pastor”.
En el mes de noviembre, el fiscal Batule firmó el pedido de indagatoria para Blaquier en dos de las causas más simbólicas de la provincia. Una es la llamada causa “Burgos y otros” que acumula los expedientes de las víctimas de la Noche del Apagón y la otra es el expediente conocido como “Aredez”, que reúne los datos por el secuestro y desaparición del médico pediatra Luis Aredez, intendente de Libertador General San Martín, durante los siete meses que siguieron a la asunción de Héctor Cámpora en mayo de 1973. En abril del año pasado, en el marco de ésas y otras causas, la fiscalía ya había impulsado la citación a indagatorias de 28 imputados, entre los que incluyó a Alberto Lemos y Mario Paz, dos empleados de la empresa, uno administrador y el otro gerente de personal ya fallecido. Batule los acusó por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio de 43 personas. El pedido recogió a lo largo del tiempo nuevas víctimas y acusados, pero quedaron estancados en el juzgado federal 2 que lleva adelante Olivera Pastor, juez subrogante. Según una fuente de la Justicia jujeña, Olivera Pastor sólo avanzó en alguno de los tramos de la causa con poco y nada: imputó a dos acusados en cada una de las causas, uno de los cuales es el ya condenado Luciano Benjamín Menéndez.
Adriana Aredez es una de las hijas de Luis Aredez. En marzo del año pasado se presentó en el juzgado de Olivera Pastor. La habían convocado para ampliar una declaración de su madre que a esa altura había muerto, pero ella en esa ocasión decidió ampliar la denuncia original y dar nombres y apellidos de los responsables. “Todo el mundo venía diciendo siempre el nombre de Ledesma –dice–, pero Ledesma era el nombre de una empresa y la responsabilidad en realidad era de una empresa, pero una empresa con un directorio con nombres y apellidos.”
En el juzgado, la primera impresión fue de sorpresa. Adriana dice que los empleados se levantaron súbitamente de las sillas para ir a preguntarle a Olivera Pastor si se podía “ampliar una denuncia”. Al comienzo, dice, “me miraron espantados, después aceptaron la ampliación, pero cuando les dije que iba a denunciar al empresario me respondieron: ‘Señora, acá nunca nadie da nombre y apellido’”. Más tarde, cuando empezó a mencionar uno a uno los nombres que estuvieron en el directorio de 1976, en el juzgado le preguntaron por qué recién entonces estaba haciendo esa denuncia: “Yo les respondí que era porque hasta ahora no estaban dadas las garantías”, dice la mujer.
Adriana espera que la Justicia le diga qué hicieron con su padre y con los desaparecidos. Luis Aredez había ganado la intendencia de Libertador General San Martín y durante sus siete meses de mandato obligó a Ledesma a pagar impuestos como no se había hecho hasta ese momento y, entre otras medidas, traspasó el hospital que estaba bajo la órbita de la empresa a la provincia. El 24 de marzo de 1976, lo secuestraron de su casa. “Llegaron en un Unimog del Ejército –dice Adriana– y con camionetas con choferes de Ledesma.” A Aredez lo llevaron primero al Concejo Deliberante, donde había otros secuestrados, luego a la entonces Escuela 38, al Escuadrón de Gendarmería ubicado dentro del predio de Ledesma y luego al centro clandestino de Guerrero. Pasó por el penal de Villa Gorriti y después lo llevaron incomunicado a la Unidad 9 de La Plata. “En noviembre pudimos ir a verlo, en febrero le dieron la libertad, pero unos 45 días más tarde lo secuestran a la salida del hospital de la localidad de Fraile Pintado, que era el lugar de su trabajo; con el tiempo supimos que el auto había sido abandonado en Buenos Aires y que había sido usado en otros operativos.”
Lo que pase en la causa de la Noche del Apagón está atado al peso que Blaquier sigue teniendo en la provincia y en el resto del país. “Es un personaje que sigue teniendo participación importante en la economía jujeña y a nivel nacional”, dice en este caso Pablo Pelazzo. “El Ingenio define lo que significa la actividad económica en la provincia, lo hicieron en el proceso de organización nacional, en el de reorganización nacional y lo siguen haciendo ahora: el conflicto y la matanza que hubo en Ledesma el año pasado tiene que ver con ellos mismos, una empresa que es la económicamente más fuerte de la provincia, está asentada sobre los derechos sobre la propiedad de la tierra que está directamente relacionada con su capacidad y su poder de acumulación: un proceso que es continuación de todo aquello.”
NI OLVIDO NI PERDON-JUSTICIA
Martínez de Hoz diseñó elplan económico que implementó la dictadura.Formó parte de un grupo de civiles conspiradores que incluyó a juristas, economistas, abogados y empresarios que le dieron sostén a los golpistas.
Por: Alberto Dearriba
Joe estaba cazando leones a orillas del lago Magadi, en Kenia, cuando los tres jefes sediciosos lo convocaron a mediados de marzo del ’76 para que exponga el plan económico que ejecutaría la dictadura militar. De joven solía peseguir liebres y perdices en las praderas de las 1300 hectárea que la familia Martínez de Hoz tenía cerca de Mar del Plata. Pero a los 50 años, tras haber sido funcionario de gobiernos militares, director de varias empresas privadas y ministro de Economía del gobierno títere de José María Guido, la caza menor ya no lo entusiasmaba. Aspiraba a presas mayores.Cuando llegó a su casa del cuarto piso del edificio Kavanagh, su amigo Jacques Perriaux le trasmitió que la cita era el viernes siguiente a las 21 en la casa del jefe de la Armada.
Los pedidos de Joe parecieron tener eco, porque en la planta siderúrgica funcionó el que se considera primer centroclandestino de detención. El movimiento obrero fue quebrado con muertes, torturas y cárcel, luego de 59 días de heroica resistencia.A poco de llegar a la casa de la Avenida Del Libertador, Martínez de Hoz inició un discurso que los jefes militares escucharon en silencio y que concluyó a la madrugada. Videla lo felicitó, le pidió que escribiera un plan económico y que se lo entregara el martes próximo por la mañana. Joe trabajó sin descanso para entregarle tres carpetas al general Hugo Mario Miatello, que se las llevaría a Videla.
Miatello era un brillante oficial de inteligencia, compañero de promoción del jefe del Ejército, que había dedicado su vida a la contrainsurgencia y a estudiar las distintas versiones políticas del marxismo. Los conspiradores civiles del Grupo Perriaux –juristas, economistas, abogados y empresarios– intentaron inicialmente tomar contacto con la Armada, tradicionalmente más gorila y liberal que el Ejército. Pero Massera no era un tradicional integrante de la “valiente muchachada de la Armada”, y Videla era ultraliberal en materia económica. Fue Miatello el que le presentó a su jefe, a algunos de los integrantes de aquella cofradía de civiles golpistas que se convertirían en los Chicago Boys.
El Grupo Perriaux era hijo del Club Azcuénaga, que se reunía en una casa de esa calle porteña, cedida por el terrateniente Pedro Blaquier al coronel de caballería Federico de Alzaga, un descendiente de una familia patricia que fragoteaba allí con civiles.Coordinado después por el “Francés” Perriaux , el cenáculo proporcionó a la dictadura a su primer y segundo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut; al jefe del Gabinete de asesores de Joe, Luis García Martínez, al secretario de Agricultura, Mario Cadenas de Madariaga; al ministro de Comercio e Intereses Marítimos de Roberto Viola, Carlos García Martínez; al secretario de Energía de Videla, Guillermo Zubarán; al secretario de Hacienda, Horacio García Belsunce y a docenas de funcionarios.
El Grupo Perriaux no era el único círculo de confabulados. El Club Demos le dio a la dictadura el número dos del Ministerio de Economía, Guillermo Walter Klein, que ocupó el cargo de secretario de Coordinación y Programación Económica; el presidente del Banco Central entre el ’76 y el ’81, Adolfo Diz; el secretario de Comercio, Alejandro Estrada; y el secretario de Hacienda entre el ’81 y el ’82, Manuel Solanet. En La Plata operaba otro grupo fragotero que integraban el que fuera luego ministro de Justicia entre 1978-1981, Alberto Rodríguez Varela; quien se convertiría en ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart; y el que sería ministro de Obras Públicas de esa provincia entre 1976 y 1981, Raúl Salaberry. Por supuesto que no se trataba de compartimentos estancos, más allá de contradicciones memores, los grupos de conspiradores compartían el mismo ideario y los mismos salones sociales, en los que intercambiaban información sobre la inminencia del golpe militar. El 24 de marzo de 1976 todos tocaban la misma música con una coherencia inusual.Unos días después que Miatello entregó la tres carpetas, Martínez de Hoz volvió a ser citado a la casa de Massera, donde Videla le comunicó que el plan había sido aceptado, que era el programa de las Fuerzas Armadas y que el mismo debería ejecutarlo como ministro de Economía del Proceso de Reorganización Nacional.
Joe remoloneó un tanto, pero al final aceptó, ante la posibilidad de que en su lugar fuera elegido un militar que no cumpliera al pie de la letra con el ideario liberal de sus amigos. Los militares habían descartado a Álvaro Alsogaray por figurita repetida y a García Belsunce por temperamental. Joe contaba con la amistad de David Rockefeller desde 1964, con el apoyo de los bancos locales y de los organismos financieros internacionales que debían aportar los créditos que el país esperaba como el maná del cielo y que le retaceaban al gobierno de Isabel por recomendación de la Embajada de los Estados Unidos.
Tras el retorno de la democracia, Martínez de Hoz consiguió salir indemne del juicio por el negociado de la nacionalización de los cables pelados de la Italo –empresa que presidía– por más de 400 millones de dólares. Tras un prolongado trámite judicial, en 2010 fue finalmente condenado por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto. Pero ni él, ni sus cófrades pudieron ser condenados por el delito de sedición porque los militares respetaron el pacto de silencio.
El hombre que encarnó a la dictadura en el ámbito civil reconoció sus contactos con la cúpula castrense y admitió su reunión en la casa de Massera. Pero siempre negó saber que sus propuestas serían aplicadas en una futura dictadura militar. Según su increíble declaración judicial, el ofrecimiento para que volviera a ser ministro de Economía de un gobierno de facto, le fue realizado después del golpe. Cuando los militares asaltaron la Rosada tenían obviamente a todo su elenco de colaboradores civiles y especialmente los del área económica. El 13 de marzo el diario La Opinión publicó la versión de que Martínez de Hoz sería el ministro de Economía del futuro gobierno militar. Pero él no se enteró. Estaba cazando leones en África.
Y La continuidad democrática
http://findelcapitalismo.blogspot.com.ar/2012/03/ni-olvido-ni-perdon-justicia.html
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