En el campo las espinas, la evasión y el empleo en negro

El trabajo en negro en el campo duplica al promedio del país

Informalidad en el sector más rentable de la economía 


 


El nivel de empleo no registrado en la Argentina se sitúa en el 34,6 %. En las actividades rurales la cifra alcanza al 75% y tiene picos del 90%. Pero el presidente de la Sociedad Rural no mencionó el tema en su discurso del sábado. 

Lejos de ser la reserva moral de la Nación, tal cual lo expuso el sábado por la tarde el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Hugo Biolcati, el campo argentino parece caracterizarse más por su notable nivel de ilegalidad a la hora de emplear mano de obra, además de por su altísima rentabilidad. Según un reciente informe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la informalidad en el sector rural asciende actualmente al 75%, una cifra más que alarmante si se tiene en cuenta que el empleo en negro para todo el país alcanza el 34,6 por ciento. 

Desde el año 2003 hasta el primer semestre de 2010 la cartera laboral conducida por Carlos Tomada realizó inspecciones en 11.737 establecimientos rurales de todo el país, lo que arrojó como resultado que en determinadas regiones y actividades puntuales se supere incluso el 75% mencionado para todo el sector agrario. 
Durante el primer semestre del corriente año y como parte del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) la Delegación Regional de Salta realizó una serie de operativos de fiscalización de huertas en esa provincia. Los resultados sorprendieron a propios y extraños: en las 35 huertas relevadas, se estudió la situación de los 185 trabajadores encontrados, de los cuales 171 se encontraban en negro, es decir que la tasa de trabajadores no registrados alcanzaba el 92,5 por ciento. 

“El porcentaje de detección fue altísimo, superándose las expectativas depositadas en esta actividad, ya que en años anteriores nos había brindado guarismos que rondaron entre el 50% y el 60%”, consigna el informe. En la misma sintonía, las inspecciones realizadas durante la cosecha de yerba mate y algodón en el NEA del país encontraron niveles entre el 47 y 45,5% de informalidad, respectivamente. 

Además de tener altos índices de precariedad, las actividades vinculadas a la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca se caracterizan por ser el sector con menor tasa de regularización en los últimos años, según los datos que elabora la cartera laboral. 

Por su parte, un reciente informe elaborado por especialistas del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Ceil), del Conicet, indica que en el sector agropecuario tanto el trabajo no registrado como los demás empleos en situación precaria se han incrementado desde hace dos décadas como resultado de la ampliación y concentración de las explotaciones. Asimismo, entre los factores que inciden para una mayor precarización laboral en este ámbito, el documento señala que “la modernización de la agricultura (ahora más mecanizada, haciendo un uso intensivo de agroquímicos en momentos específicos de la cosecha, introduciendo nuevos métodos de producción y variedades de semillas genéticamente modificadas), la especialización y estacionalidad de cultivos no tradicionales que 
concentran el uso intenso de la fuerza de trabajo en determinadas épocas del año”. 

En diálogo con Tiempo Argentino, el diputado nacional Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, recordó que cuando se votó en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario y se propuso la reducción de la jornada laboral a ocho horas “tres de las entidades patronales lo rechazaron y una –Federación Agraria– pidió más tiempo para estudiar la cuestión”. 

“No veo por qué un trabajador del campo tiene menos derechos que un metalúrgico, por ejemplo”, aseguró el legislador, y adelantó que tanto el ejecutivo como él mismo elaboraron proyectos tendientes a regularizar y proveer de derechos a los trabajadores rurales, los cuales serán tratados próximamente en el Congreso. 

Recalde aseguró además que el campo es uno de los grandes explotadores de trabajo infantil y que posee uno de los niveles más altos de accidentalidad del trabajo. “Por eso cuando veo que Biolcati –el mismo que en un programa de televisión se preguntaba si cae el gobierno– quiere colocar al campo por encima de la sociedad como reserva de autoridad moral, yo me pregunto ¿reserva moral de qué?”, señaló Recalde. 

En el campo las espinas, la evasión y el empleo en negro

El 85 por ciento de las explotaciones no reconoce personal a cargo. Entre los declarados, el salario es la mitad del que se paga en promedio en la economía.





El informe técnico al que tuvo acceso Página/12 da cuenta de una evasión cercana al 70 por ciento en el impuesto a las Ganancias para los tres cultivos principales. Y un porcentaje similar de trabajo en negro en el sector rural.





Según estimaciones de un informe reservado realizado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la evasión en el impuesto a las ganancias en el sector agropecuario correspondiente al último ejercicio fiscal, 2009, alcanza a no menos de 6500 millones de pesos. El trabajo interno del organismo fiscalizador deja en claro que el alto nivel de evasión impositiva se corresponde con una marcada irregularidad en la registración laboral (alta proporción de trabajadores en negro, del orden del 70 por ciento, y salarios promedio inferiores al resto de la economía). Todo ello sugiere que, al menos, una proporción importante de la actividad agropecuaria se maneja en un circuito “negro” y que la presión tributaria sobre el sector resulta, en consecuencia, notablemente más baja que la que soporta el resto de sectores económicos.

De acuerdo al mencionado informe, “la hipótesis de evasión se confirma por el resultado de los operativos de fiscalización” que viene realizando el organismo encabezado por Ricardo Echegaray. El comentario se refiere a los operativos en lugares de acopio de granos y los controles en ruta, que el último año y medio han permitido detectar 7 millones de toneladas de granos comercializados “en negro”, valuadas en cinco mil millones de pesos, con una evasión calculada en 600 millones de pesos. Como resultado de las denuncias de dichas operaciones, se concretaron 211 allanamientos, que derivaron en la imputación de 271 personas, que van desde detenidos a los simplemente denunciados. En su mayoría, se trata de profesionales (abogados, contadores, escribanos, martilleros, médicos, etc.) con inversiones especulativas en campos que, en la medida en que obtuvieron altas ganancias, buscaron multiplicarlas a través de anexarles actividades no declaradas. Tal como un apostador compulsivo, terminaron “cebados” por la ganancia fácil y perdieron todo cuidado por la prolijidad de sus operaciones. De los 600 millones de pesos determinados como evasión fiscal producto de estos operativos, 570 millones corresponden a comercialización de soja “en negro”.






El trabajo interno de la AFIP estima que sólo la producción de trigo, maíz y soja generó una obligación fiscal por el citado tributo en el último ejercicio superior a los 10 mil millones de pesos. En cambio, todo el sector agropecuario en su conjunto apenas declaró por el mismo tributo 3500 millones de pesos. En esta última agrupación entran desde cría e invernada de ganados, aves, animales de granja y otros destinados a la producción de pieles; producción de leche, lanas, huevos y miel, y todo tipo de cultivos de campo (cereales, oleaginosas y forrajeras, frutales, hortalizas y legumbres, flores y plantas, té, café, tabaco, yerba mate, algodón, etc.) así como las tareas y servicios de fumigación, recolección, trilla, empacado, esquila, siembra y cosecha, entre otros.

Márgenes e impuesto 



El informe económico fiscal sobre el comportamiento tributario del sector se basa en un cálculo del margen neto de ganancias por hectárea para cada cultivo. Dichos márgenes, para la campaña 2008/2009, fueron calculados en los siguientes valores:

- 623,59 pesos para el trigo;

- 578,88 pesos para el maíz, y

- 740 pesos para el poroto de soja.

En base a la información sobre superficie cultivada en el ejercicio (4,7 millones para el trigo, 3,4 millones para el maíz y 17 millones de hectáreas para la soja), se estimó el impuesto que hubiera correspondido ingresar por producto en esa campaña:

- 7350 millones de pesos por el trigo;

- 109 millones de pesos por el maíz, y

- 2611 millones de pesos por la soja.

El impuesto estimado para estos tres rubros asciende, en consecuencia, a 10.070 millones de pesos. Considerando que, en su conjunto, toda la actividad agropecuaria declaró impuestos por nada más que 3500 millones de pesos, la evasión se ubicaría en el orden del 70 por ciento como mínimo. Teniendo en cuenta que, de los 25 millones de hectáreas cuyo cultivo principal es el trigo, el maíz o la soja, una parte importante es arrendada por sus propietarios a los que la explotan y la trabajan, el informe reservado agrega además una estimación del impuesto que debió haber pagado quien cobró el alquiler del campo. Para el año 2009, dicha cifra fue calculada en el trabajo en 2500 millones de pesos. Es decir que la evasión por la actividad económica de los tres cultivos principales estaría superando los 9000 millones de pesos en el último ejercicio.

Un cálculo adicional incluido en el mismo trabajo señala que la presión tributaria para el sector agropecuario es, respecto a otros, muy inferior, contrariamente a lo que suele manifestar a menudo la dirigencia rural. Frente al carácter “confiscatorio” que sus dirigentes –en particular, Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural– suelen atribuir al tratamiento fiscal que recibe el sector de parte del Estado, el estudio de la AFIP revela que mientras el rubro “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura” paga por impuesto a las ganancias menos del 5 por ciento del Producto Bruto que genera, el denominado “Explotación de minas y canteras”, que incluye hidrocarburos, paga el 16 por ciento de su PIB; “Intermediación y otros servicios financieros”, aproximadamente el 11 por ciento y “Electricidad, agua y gas”, el 8 por ciento.






Otra conclusión del informe económico fiscal interno de la AFIP es que “el sector agropecuario es uno de los que menos participa” en la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA). Esto es así por los beneficios que registra el sector: además de una alícuota diferencial, del 10,5 por ciento, posee la facultad de una devolución automática de siete puntos del impuesto. “En definitiva, el IVA devengado es del 3,5 por ciento”, señala el estudio reservado.




Peones con tizne


En base a datos del sistema intregrado previsional más información propia del organismo, los técnicos de la AFIP concluyeron que el sector agropecuario mostró, tanto el año pasado como en el primer trimestre del corriente, un comportamiento inverso al producido en el resto de la economía en cuanto a la evolución del personal ocupado. Mientras el resto de las actividades económicas aumentó 0,5 por ciento el nivel de empleo en el año 2009, y aproximadamente 1,5 por ciento en el primer trimestre de 2010, en Agricultura, ganadería, caza y silvicultura el resultado ha sido, en la medición para ambas fechas, negativa. En 2009, el empleo registrado del sector cayó el 1,5 por ciento respecto de 2008. Pero lo más sorprendente es que en el primer trimestre de este año vuelva a caer, en el uno por ciento respecto de igual período de 2009. Para los fiscalizadores, estos resultados se vinculan más a una tendencia a la contratación irregular de personal que a una pérdida real de puestos de trabajo.

Un reflejo de esa situación, expuesto en el mismo trabajo, es el del nivel de informalidad (trabajo no registrado) por sector, tomando en cuenta tres actividades habitualmente caracterizadas por la presencia de esa irregularidad. Para el rubro Comercio, en base a datos oficiales, la informalidad laboral se ubicaría por encima del 30 por ciento, en el rubro Construcción sería cercana al 40 por ciento, mientras que en Agricultura se eleva al 70 por ciento, en base a datos del Indec, la propia AFIP y el Renatre, un organismo del que participan empleadores y sindicato.



Otro indicador elocuente de la informalidad o no registración del empleo rural surge, según el trabajo, de la verificación que, de los 70 mil productores registrados como tales ante la Oncca (oficina en la que se tramitan las compensaciones y subsidios), menos de 10 mil declaran tener empleados a cargo. Es decir, pese que se trata de explotaciones con varias decenas de hectáreas, no declaran puestos de trabajo para realizar tareas de siembra, pulverización, seguimiento de implantación o cosecha de cereales.

De ese conjunto de “productores”, el 60 por ciento (poco más de 40 mil) está inscripto como “personas físicas”, un 25 por ciento como “personas jurídicas” (sociedades, más de 17 mil) y el 15 por ciento, monotributistas. La cantidad de explotaciones que reconoce tener personal a cargo (9710) es menor que la de las que dicen estar a cargo de una “persona jurídica” o sociedad (17.110). Pero, además, entre las más de 40 mil personas físicas titulares de explotaciones hay una alta proporción que se desempeña en profesiones liberales y las que –se descuenta– no realizan las labores agropecuarias con sus propias manos. Sin embargo, sólo el 14 por ciento de las 70 mil explotaciones reconoce tener empleados.

Con todo, los empleados declarados no podrían ser calificados precisamente como privilegiados. El salario promedio en el sector agropecuario, según los registros oficiales, es de 2037 pesos, que equivale al 54 por ciento del salario promedio de toda la economía: 3763 pesos.


(in black)

El estudio encargado a los técnicos de la AFIP no revela una realidad desconocida en el organismo, sino que buscó ordenar la información y corroborar el diagnóstico que iba surgiendo de datos parciales, como la detección de comercialización “en negro” en puntos de acopio y en las rutas. En sentido inverso a lo que se suponía sucedía originalmente, la mayor evasión no se da en áreas marginales sino en la llamada “zona núcleo”, las áreas de cultivo más rentables por su alto rendimiento. A partir de esta comprobación, en la AFIP aseguran que se intensificarán los procedimientos de control, pese a las dificultades de operar en un territorio demasiado extendido. “Sabemos que la evasión efectivamente está ahí, ahora vamos con todo”, aseguran.