“No nos dicen adónde vamos ni cuánto ni cómo nos van a pagar”

“No nos dicen adónde vamos ni cuánto ni cómo nos van a pagar”

En el corazón árido y salitroso de Santiago del Estero están Atamisqui y otros pueblos donde son contratados los trabajadores golondrina, como los que tenían Nidera y otras empresas en condiciones infrahumanas en la zona de San Pedro.

Por Pedro Lipcovich

Desde Santiago del Estero

“Ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar la hora.” “Ni siquiera sabemos cuántos días vamos a trabajar.” “Ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver.” “Cuando alguien se quejó, castigaron a toda la cuadrilla.” Estos son los reclamos centrales que Página/12 escuchó en sus reuniones directas, extensas y reservadas con decenas de trabajadores rurales temporarios que, desde Villa Atamisqui –la población más antigua de Santiago del Estero– parten, desde hace décadas, al desflore del maíz y otras actividades rurales temporarias en distintas provincias. Su testimonio sobre las durísimas condiciones en que trabajan se transmitió bajo esa forma de expresión tan santiagueña, donde la gravedad se funde con una discretísima ironía. En esos términos presentan un cuadro en el que distintos empresarios agropecuarios, extranjeros y argentinos, han logrado transferir a los trabajadores, hasta extremos inauditos, el riesgo correspondiente a quien invierte el capital. Lo han logrado, hasta ahora –a partir de los datos que aporta Villa Atamisqui–, mediante el aprovechamiento de una serie de factores: la falta de otras oportunidades laborales en la región, determinada a su vez por la apropiación de un recurso clave como lo es el agua para riego; la absoluta ausencia del sindicato que debería representarlos; la falta de disposición o de capacidad de los poderes públicos para generar y aplicar una legislación que contemple esta modalidad de trabajo; y, también, es cierto, por no haber podido efectivizar estos trabajadores una respuesta colectiva, sin perjuicio de los chispazos de resistencia de los que, también, el presente testimonio dará cuenta.

Los habitantes de Villa Atamisqui cuentan con orgullo que su pueblo, de 3000 habitantes, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago del Estero, fue fundado en 1543, diez años antes que la capital de la provincia. Acá, y en comunidades rurales del área circundante, se realizaron los encuentros de Página/12 con los trabajadores rurales temporarios. En casi todos los casos, por motivos que la lectura de esta nota hará evidentes, se acordó reserva sobre los datos personales de los entrevistados.

“En octubre fui a Salta, al desflore (ver aparte), para Monsanto –contó uno de los trabajadores–. Nos contrató el ‘Emi’ Jiménez.” Emilio Jiménez es el principal de los reclutadores que en Villa Atamisqui, como en otros lugares de Santiago del Estero (ver aparte), se encargan de reunir gente para trabajos rurales temporarios en otras provincias. Jiménez está en relación con la firma de trabajo temporario Manpower, que, a través de su filial Ruralpower, se vincula a su vez con las empresas agrícolas. Jiménez es seguramente el hombre más odiado y más necesitado de la zona.

Continúa el que fue al desflore de Monsanto: “Antes de ir no nos dijeron cuánto nos iban a pagar. No dicen antes. Se sabe que es por hora pero no cuánto por hora. Uno se da idea por lo que cobró el año pasado”.

–¿Y si preguntan ustedes? –pregunta el cronista.

–Somos muchos y no hay acuerdo de preguntar –contesta otro trabajador–. Ellos tendrían que decir.

–En ese viaje ganamos 1650 pesos por 22 días de trabajo –agrega otro trabajador–. Tenía que haber sido más pero no nos pagan las horas extras: en el desflore trabajás 12 horas por día porque, mientras que apure la flor (ver aparte), hay que darle, para salvar los lotes. Pero las extras las hacen figurar como si fuesen horas comunes en días que no hemos trabajado.

Explican entonces que, cuando llueve o la flor todavía no brotó, no se trabaja y “esos días no los cobramos”. La modalidad de pago no es uniforme, ya que las empresas pueden pagar por hora o por hectárea desflorada. En este último caso, el trabajador depende del cálculo de superficie que haga la empresa. Pero las horas tampoco son fáciles de defender: “Un cabecilla (ver aparte) se dio cuenta de que ellos contaban ocho horas cuando habíamos trabajado nueve”; no quería quedar mal con su gente y se plantó: “Falta una hora”, les dijo, y lo tuvieron que aceptar. Pero no lo llamaron más.

En otra reunión, un trabajador contará que “una vez estuvo en el pueblo un jefe de Monsanto y se reunió con la gente. Los cabecillas le pedían que se supiera cuánto iban a pagar la hora y cuántos días se iba a trabajar. Pero él contestó que no podía dar el precio porque no sabía qué iba a pasar: puede haber tormenta y ya no hay más trabajo para hacer”.

–Les hacen correr a ustedes el riesgo –comenta el cronista. Los trabajadores sonríen como quien ya sabe.

–Ha pasado que lamentablemente cayó piedra (granizó), se fundió el lote (se arruinó ese sector del cultivo) y entonces te dicen: “Te vas a tener que ir”, y no cobrás –cuenta otro de los trabajadores.

El sociólogo Reinaldo Ledesma, quien –como consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó la investigación Estudio de trabajadores rurales migrantes estacionales–, acompañó al cronista en algunas de las reuniones: “A veces los mandan y los tienen ahí sin trabajar, y sin pagarles, esperando que salga la flor. Los sacan antes para tener asegurada la mano de obra cuando la necesiten y evitar que los contraten otras empresas”.

Los trabajadores asintieron, y el cronista preguntó:

–¿No deberían, en todo caso, pagarles más que las empresas competidoras?

–Sí, pero lo que hacen es capturarlos antes –contestó el investigador.

Según Ledesma, “la extrema precarización de estos trabajadores encubre y niega, por la fuerza, la realidad de que, en este punto de su circuito productivo, las empresas son extremadamente dependientes de los desfloradores: no hay hasta ahora forma de completar mecánicamente un proceso que además, cuando apura la flor, debe ser efectuado en plazos perentorios, bajo riesgo de que toda la producción se pierda”. Por lo demás, el desflore es una tarea especializada que requiere formación, al punto de que jóvenes de la zona hacen viajes específicos para aprender el oficio. Una eventual huelga de estos trabajadores afectaría fuertemente la ganancia empresaria. Pero la vigente Ley 22.248 simplemente les prohíbe hacer paros.

“Empezábamos con guiso...”

En estos diálogos con los trabajadores de Villa Atamisqui se habló también de las condiciones de trabajo: “Hay que caminar kilómetros y kilómetros”. La longitud del surco que el desflorador recorre –todo el día bajo el sol del verano– depende de la zona: en la provincia de Buenos Aires tienen 1000 o 2000 metros; en Salta, 3500 metros: “La gente se agota, queda tirada en el piso. Ellos (los patrones) no quieren que muera la gente ahí dentro: se les debe sumar mucho gasto”, dice otro trabajador, y sonríen. Mencionan, todavía, unos surcos de pesadilla: “En Catamarca cultivan en surcos circulares: en los surcos derechos, sabés que al final tenés un lugar abierto, pero en éstos no: no terminan nunca”.

Y la vivienda, los lugares: “En Pioneer o Nidera (provincia de Buenos Aires) te dejan en el sol. Y cuando te ponen ahí, tenés que estar. No te dan cocina a gas, casi todo es a leña. Adentro de la casilla no se aguantaba con la calor, y a veces no tenías dónde sentarte: tenías que hacer un montoncito de leña para sentarte para comer”, ríe el trabajador, y otro retruca: “Peor era cuando comíamos bajo la lluvia: empezábamos comiendo guiso y terminábamos tomando sopa...”. En cambio, “Monsanto te da casillas bien prolijas. Afuera son de chapa pero tienen piso y cuchetas de dos (en otros casos son tres pisos de cuchetas). Las habitaciones son nomás para cuatro personas y hay duchas. Hasta luz eléctrica tienen”. Cierto que “en San Luis nos querían dar luz pero como éramos muchos no la pusieron: el gasto debía ser mucho para ellos” agrega otro con su sonrisa santiagueña.

Además, “en Salta están las víboras que vienen envueltas en la chala: la mayoría de las empresas no te dan polainas”. Hablan de Nidera, de Donmario, de Pioneer, que “tampoco te dan botines”. Recuerdan otras experiencias: “El girasol te termina la ropa: las hojas raspan, arruinan”. Para la cosecha de arándano, en Entre Ríos, “nos han llevado sin saber si íbamos a trabajar por tanto (por producción) o por día: nos han pagado como han querido. Trabajamos dos quincenas: la primera sacamos 240 pesos. La comida era un chorizo a mediodía; a la noche, eran 80 personas para comer de una olla, un engrudo; una desgracia, hemos pasado miseria. Había un río y los que podían pescaban y comían. A veces entrábamos a la finca a sacar naranjas para sobrevivir”. El arándano es producido por empresarios nacionales, que generalmente contratan en negro.

La cuadrilla

En las entrevistas van y vuelven sobre el tema que más les preocupa: “La ganancia no es lo que debe ser”. Recuerdan un desflore reciente, con Monsanto: “Llegamos, y a los tres días nos dicen que tenemos que volver: ‘¿¡Cómo, volver!?’. Es que nos habían hecho ir por si faltaba alguno. Por eso digo yo que se gana muy poco”.

–-¿Qué posibilidad habría de juntarse, de hacer algún tipo de organización gremial? –pregunta el cronista.

–Caería el puntaje de la cuadrilla –contesta uno de los trabajadores, y otro señala que “la cuadrilla que mejor trabaja tiene un premio”. La organización en cuadrillas practica una especie de guevarismo al revés: el incentivo al esfuerzo conjunto, la emulación... pero al servicio del patrón.

“El anteaño pasado, cuando estábamos en Jesús María, había dos que venían trabajando mal y el capataz dice: ‘¡Toda la cuadrilla afuera!’. El cabecilla era un changuito joven, ni le importaba, estaba contento de volver a casa. Pero justo venía el jefe de la planta y le digo: ‘¿Por qué nos saca?’. ‘Hay dos que trabajan mal’, dice el capataz. Pero yo le hablé al jefe y nos dejó quedar: ‘Ustedes traten de mejorar el laburo’, dijo. Terminamos el lote y recién después nos mandaron. Ganamos 700 pesos en un mes.”

El sociólogo Ledesma advierte que “cualquier acción gremial tendría que hacerse por fuera de la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que haría todo para impedirlo”. Y una mujer, esposa de uno de los trabajadores, graficó: “Se quejan, pero todo queda ahí: como el trabajo no es continuo, cuando pasa la temporada se olvidan y nadie propone hacer algo distinto en la próxima”.

Rebeldes

Miguel Angel Serrano tiene 37 años y empezó a trabajar en el desflore cuando tenía 16. El año pasado, en una planta de Monsanto en Salta, a él y dos de sus compañeros “nos despidieron, diciendo que hemos prepeado al jefe”. El conflicto se originó en que a la mañana, antes de salir al surco, les daban un par de bolsas de hielo, para que el agua que llevaban no se recalentara como sopa bajo el sol; pero, claro, con el correr de las horas el hielo se derretía: “Yo pedí que, mejor, nos dieran una bolsa a la mañana y otra a la tarde”, y por eso le mandaron que se volviera a su casa. “Parece que ha interpretado mal, el hombre”, comenta con santiagueña mesura. Ya venían con problemas porque “pedíamos más horas de trabajo, porque, cuando salimos, queremos trabajar; no nos sirve cobrar unas pocas horas por día, tenemos gastos”. Esto fue en octubre. “En diciembre –continúa– teníamos que ir al sur (la planta de Monsanto en Rojas, provincia de Buenos Aires) pero no nos llamaban: el ‘Emi’ Jiménez nos dijo que en Manpower estábamos en rojo.” Por fortuna, él y sus compañeros consiguieron formar una cooperativa que, gracias a subsidios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hace trabajos para la Municipalidad de Villa Atamisqui.

Página/12 procuró entrevistar a Emilio Jiménez, el principal intermediario para el trabajo rural temporario en Villa Atamisqui. Grandote y hosco, dueño de un bar, de una verdulería y de una camioneta Toyota, se negó a formular declaraciones: “Manpower no me autoriza a dar información”. “Ah, ¿usted es empleado de Manpower?” “No. Le mando gente nada más”, contestó.