miércoles, 28 de diciembre de 2011

ESTOS SON LOS "SOCIALISTAS": UN PROCURADOR FISCAL DEMANDO A LA FUNDACION DE LAS MADRES

La Fundación Sueños Compartidos comenzó la obra en 2009. Ahora, a cargo del Movimiento Evita.

La presentación es por falta de pago de la TGI entre 2006 y 2008, un año antes del comienzo de las obras de la Misión Sueños Compartidos. Por un convenio, la municipalidad se comprometió a saldar esa deuda como aporte al proyecto.

La demanda de un procurador fiscal a la Fundación Madres de Plaza de Mayo se conoció ayer a la mañana como una medida de la intendencia para cobrar una deuda por la Tasa General de Inmuebles (TGI) anterior al inicio del plan Sueños Compartidos. Rápidamente, la secretaria de Hacienda de la municipalidad Verónica Irízar salió a aclarar que "existe el compromiso de regularizar la deuda de TGI de los terrenos. Un procurador externo --contratado por la municipalidad-- ingresó la demanda contra la Fundación", que "no afecta la continuidad de las obras". La deuda sobre los terrenos es del período 2006-2008, por un total menor a los 28 mil pesos. "Recién en 2009 el terreno fue adquirido por la Fundación", aclaró José Luis Berra, secretario general del Movimiento Evita, que actualmente administra el programa. La deuda será saldada por el municipio antes de que haya un fallo judicial.
Temprano, el juzgado Civil y Comercial de la 5ª nominación informó que la Municipalidad había iniciado el juicio contra la fundación por la falta de pago de impuestos de los terrenos de Avenida Albert Sabín (ex Travesía) y Juan José Paso. El titular del juzgado, Iván Kvasina, confirmó a Rosario/12, ayer por la mañana, el ingreso de la presentación contra la Fundación. "Es un juicio abreviado, por falta de pago de la TGI de los períodos del segundo semestre de 2006 y el último de 2008. Es como cualquier otro contribuyente que se olvida o que deja de pagar el impuesto, que se expone al inicio de un apremio fiscal. En este caso, es el Estado Municipal el que le está haciendo juicio por falta de pago de ese tributo", dijo el magistrado.
Sin embargo, dos horas más tarde, el Municipio emitió un comunicado en el que negó haber iniciado ese juicio. "Tanto en el acta acuerdo Plan Especial Barrio Travesía como en el convenio firmado entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el Municipio existe el compromiso de regularizar la deuda de TGI de los terrenos donde se está realizando la obra de viviendas", aclararon desde Hacienda. Y agregaron: "Estando este trámite en proceso de resolución, un procurador externo de la administración municipal ingresó un apremio fiscal, de los 60.000 que aproximadamente se inician por año". Para el municipio, tal acción "constituyó sólo un trámite de rutina que no afecta de manera alguna la continuidad de la obra ni la relación del Municipio de Rosario con la Fundación".
Irízar indicó que "la deuda ingresó a judiciales antes de la firma del convenio"; y precisó que hay dos acuerdos con la Fundación: uno por el cual "se da origen al plan en barrio Travesía; y un acta mediante la cual el Municipio se compromete a regularizar la deuda de esos terrenos involucrados en el proyecto". La funcionaria detalló que "hay un trámite administrativo, porque en principio los terrenos no estaban a nombre de la fundación, por eso hay varias diligencias previas y todavía no cerró el proceso. El último paso es mandar un mensaje al Concejo Municipal para la condonación de la deuda, y los ediles ya estaban al tanto". Dicho mensaje será ingresado apenas comiencen las sesiones de 2012.
Al mismo tiempo, la funcionaria justificó la presentación judicial. "Pese a este proceso, siguió estando la deuda de la TGI porque el Ejecutivo no puede darla de baja. Lo que hace el procurador es iniciar el apremio para que no prescriba la deuda. El procurador es contratado por el Municipio, y ésta es una de sus responsabilidades. Vamos a continuar el proceso y elevar el mensaje al Concejo, porque justamente el aporte del Municipio era no cobrar esa deuda".
La demanda avanzará en la Justicia, aunque Irízar aseguró que "no habrá fallo judicial antes de que termine el proceso de condonación de la deuda. Apenas inicien las sesiones del Concejo enviaremos el expediente para que se resuelva la deuda" cercana a 28 mil pesos, que reclama el procurador.