domingo, 2 de diciembre de 2012

“La ampliación de derechos civiles modifica la relación Iglesia-Estado” Juan Esquivel. Sociólogo



Entrevista. Juan Esquivel. Sociólogo, investigador del Conicet, profesor de la UNAJ y UBA. El proyecto de reforma del Código Civil y el rechazo de la Iglesia Católica. Cuál es el peso que tiene hoy en la sociedad en relación con el comienzo del proceso democrático. La pretensión de universalizar una moral religiosa.
El titular de la Conferencia Episcopal Argentina, y arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, volvió a fijar, días atrás, la posición de la Iglesia a través de una dura crítica y oposición al proyecto de reforma del Código Civil. Entre los principales párrafos afirma: “Resulta agraviante a la dignidad de las mujeres y de los niños la posibilidad de la existencia del alquiler de vientres, denominado eufemísticamente maternidad subrogada o gestación por sustitución”.También efectúa una condena al matrimonio igualitario, al reclamar que se valore “la familia fundada sobre el matrimonio, como relación estable del varón y la mujer y ámbito primero en la educación de los niños”. La propuesta de reforma del Código Civil apunta, además, a la legalidad de los contratos prenupciales, propone un régimen de separación de bienes diferente al ganancial para los matrimonios, garantiza algunos derechos para las “uniones convivenciales”, considera que el divorcio no tiene por qué ser contencioso o dependiente de un acuerdo de voluntades, e incorpora el reconocimiento de la propiedad comunitaria. A manera de conclusión, Arancedo afirmó: “No todo lo que es técnicamente posible y deseado en el manejo de la vida es necesariamente ético y respeta su dignidad. El límite, en estos casos, es tanto un acto de sabiduría política como de ejemplaridad jurídica”. Juan Esquivel, doctor en sociología y profesor en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, próximo a editar un estudio comparativo sobre la relación Estado-Iglesia Católica en Argentina y Brasil, analiza el papel actual de la Iglesia Católica y repasa su peso en las últimas décadas.
–En este debate, como en anteriores, el concepto de ética y dignidad es intervenido y apropiado fuertemente por la Iglesia, sin considerar a amplios sectores de la sociedad no religiosa. ¿Hasta dónde esto es compatible en un sistema democrático, al no considerar la diversidad de creencias y credos que existen en nuestra sociedad?
–La dirigencia católica ha planteado su posición ante el proyecto de reforma del Código Civil y está en su derecho de hacerlo. En un sistema democrático, todos los actores de la sociedad civil deben tener el espacio para poder expresar sus principios axiológicos. El problema, en todo caso, está en el ámbito de los tomadores de decisión. Son ellos/as quienes deben considerar, a la hora de legislar o formular e implementar una política pública, la diversidad cultural, familiar, sexual y religiosa presente en la sociedad argentina. La histórica permeabilidad de la Iglesia católica sobre las estructuras del Estado, fundamentalmente en temas de educación, moral familiar y sexual, supuso la imposición de un modelo de familia, de religiosidad y de sexualidad determinados. Sin dudas, estamos frente a una tensión entre la creciente diversificación de derechos ciudadanos y la pretensión eclesiástica de universalizar su moral religiosa. Pero el meollo de la cuestión está en la cultura política y en las formas en que desde la política se resuelve ese dilema. La potencial incompatibilidad con el sistema democrático se corporiza en la medida en que la “clase política” tome decisiones sin atender la extensa pluralidad que rige la vida de los argentinos y las argentinas, aún de aquellos/as que se definen como católicos/as pero que no adscriben a las prescripciones normativas de la institución católica. Los procesos de consolidación democrática en el Bicentenario instan a replantear las bases estructurales de las relaciones Estado-Iglesia Católica. Un Estado autónomo, desprovisto de la impronta de una doctrina religiosa en particular aunque respetuoso de cada una de ellas, estaría en condiciones de garantizar la convivencia en una sociedad cada vez más diversa, incorporando aquellas demandas plurales a su repertorio de acciones.
–¿Cuál es, a su juicio, el punto de mayor intransigencia de los planteados por la Iglesia en este debate?
–Los asuntos relacionados con la moral familiar y sexual se erigen como dos ejes que la cúpula eclesiástica no imagina fuera de su área de regulación. En ese sentido, cualquier tentativa de reforma estatal encontrará la resistencia del Episcopado, por tratarse, desde la cosmovisión religiosa, de una alteración al orden natural. Desde ese punto de vista, los poderes del Estado no estarían habilitados para modificar aspectos de la sociedad que devienen de designios divinos.
–¿Cómo analiza la relación Estado-Iglesia en la actualidad, a partir de los cambios y avances en derechos sociales e individuales de los últimos años?
–La relación entre el Estado y las autoridades de la Iglesia católica presenta, en la actualidad, diversas facetas. Existen múltiples espacios de estrecha articulación: desde una lógica de subsidiariedad, diversas políticas estatales en el área social, de infraestructura, educación se canalizan a través de la institución católica. En simultáneo, desde 2003, el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández de Kirchner después ha impulsado un sostenido proceso de ampliación de derechos ciudadanos. La distribución de anticonceptivos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la fecundación asistida, la autodeterminación de la identidad sexual y la educación sexual, han sido algunos de sus principales logros en el campo de los derechos civiles. En ese sentido, podría hablarse de un punto de inflexión: históricamente, los procesos de imbricación entre lo político y lo religioso han sido una constante. Y la configuración del orden jurídico no ha sido ajena a ese formato de implicaciones recíprocas entre ambas esferas. En estos años, la Iglesia católica ha sido desplazada como principal interlocutor en la toma de decisiones del Estado –al igual que las Fuerzas Armadas, el poder económico concentrado, los grandes medios de comunicación–. De todas maneras, estos procesos no han modificado el status de privilegio que la Iglesia católica recibe por parte del Estado y que se sustancia en una serie de legislaciones que datan de la última dictadura militar y que permanecen inalterables. Entre ellas, las que intiman al Estado a otorgar asignaciones económicas a los arzobispos y obispos, a seminaristas, la obligatoriedad en el registro de los cultos no católicos y, en estos tiempos que se discute un nuevo Código Civil, la personería pública de la Iglesia Católica. Los proyectos de reforma del Código Civil no contemplan la modificación del artículo 33, que incluye a la Iglesia católica entre las instituciones que gozan de la personería pública.
–Comparado a la adhesión en los debates de la década del ’80 sobre la ley de divorcio, y el congreso pedagógico, ¿la Iglesia ha perdido el apoyo que supo tener por parte de sectores de poder tradicionales, medios de comunicación y amplios sectores políticos? ¿O responde que hubo un aggiornamiento respecto de las últimas décadas?
–La sociedad argentina atraviesa por profundos procesos de secularización. Secularización no entendida como pérdida de creencias religiosas, sino como reformulación de las mismas. Hoy, los individuos construyen el universo de sentido de sus vidas, más allá de las mediaciones institucionales. Si en el siglo XX era posible entender el universo de sentido y de pertenencia social de los ciudadanos a partir de macroentidades como la Iglesia Católica, capaces de responder integralmente a las demandas identitarias de la población; en la actualidad emerge una sociedad más plural y heterogénea, en la que se desdibujan los principios universales que pretendían regular los comportamientos sociales en el ámbito político, religioso, familiar, etc. Con serias dificultades para impartir sus coordenadas de sentido en las sociedades contemporáneas, las estrategias institucionales de la Iglesia Católica parecen orientarse a reforzar su presencia en el espacio público y actuar fuertemente sobre las decisiones del poder político. Asimismo, con sostenidos posicionamientos públicos ante diversos asuntos de la agenda nacional, visibilizados por los medios de comunicación, que en muchos casos, refuerzan su poder institucional al homologar el pensamiento de los obispos con el de toda la comunidad católica. Aún así, la eficacia de sus estrategias no es la misma. La aprobación de la ley del matrimonio igualitario en la madrugada del 15 de julio de 2010 significó algo más que un avance en la ampliación de los derechos civiles. Marcó un hito en la historia nacional. Un punto de inflexión para una sociedad política que fue capaz de canalizar las demandas ciudadanas, otorgarles estado parlamentario y, fundamentalmente, anteponerlas a las presiones de los poderes religiosos, honrando así el ‘espíritu’ del sistema de representación.
–¿Cuál es la presencia de la Iglesia Católica en Latinoamérica en relación con el Estado? ¿En qué se modificó?
–América latina ha seguido por derroteros distintos en lo que a la relación entre el Estado y la Iglesia Católica se refiere. Configuraciones políticas, históricas, jurídicas e institucionales así lo evidencian. México y Uruguay como exponentes de un Estado laico, de autonomía marcada de los poderes públicos frente a los factores religiosos; países andinos con fuerte impronta religiosa –léase católica– en la gestión de la cosa pública. Argentina y Brasil han transitado por un sendero menos definido, si bien en el caso de nuestro país, en diversos momentos históricos, la imbricación entre el poder político y el poder eclesiástico formateó una cultura política con claros visos de confesionalidad. En la actualidad, la mayor visibilidad de nuevos derechos ciudadanos han puesto en discusión el histórico vínculo entre la Iglesia y el Estado y pone sobre la superficie, la laicización de las estructuras políticas. Más allá de sus múltiples variantes, el Estado laico no está sujeto a una religión en particular, sino que el basamento de sus políticas públicas y su normativa está dado justamente por la ampliación de los derechos sociales y las libertades civiles. En un marco de convivencia regido por los principios de la laicidad, nadie está obligado a sacrificar sus principios, tan sólo a aceptar la existencia de otros. Ése es uno de los desafíos de la vida en democracia, que la reforma del Código Civil se propone consolidar.
Miradas al Sur