El Grupo A pone en riesgo el proyecto que regula la medicina privada
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A horas de la última sesión del año, la oposición en el Senado pretende modificar una norma ejemplar, votada por Diputados en forma unánime en 2008. Se sigue mostrando funcional y permeable a la presión de las prepagas.
A horas de la última sesión del año, la oposición en el Senado pretende modificar una norma ejemplar, votada por Diputados en forma unánime en 2008. Se sigue mostrando funcional y permeable a la presión de las prepagas.
Mañana, en la última sesión del año, el proyecto de ley para regular la medicina privada se jugará su suerte en un Senado cuyos integrantes se han dividido entre los que apoyan su sanción inmediata y aquellos que siguen poniendo palos en la rueda a una iniciativa que protegería a casi cinco millones de argentinos. Hoy, en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Legislación General, volverán a verse las caras los dos sectores.
Pero a horas de la decisión final, sólo el Frente para la Victoria y bloques menores, como Buenos Aires Federal, expresaron abiertamente que votarán sin cambios el proyecto que fue aprobado en Diputados por unanimidad.
En la vereda de enfrente, y tal como sucedió con el Presupuesto 2011, la especulación del Grupo A –UCR, PRO, Peronismo Federal, Coalición Cívica– apunta a postergar el debate, con lo que el proyecto perderá estado parlamentario y deberá volver a discutirse de cero.
El proyecto estuvo cajoneado en la Comisión de Salud del Senado durante 20 meses. Luego, cuando salió a la superficie, fue controlado por el titular de la comisión, el radical José Cano, quien ofició de eje negociador con las empresas del sector. De hecho, fueron sus asesores los que cambiaron dos artículos esenciales, el 10 y el 11, planteando que se les permita a las prepagas aumentar sus tarifas a los mayores de 60 años y rechazar el ingreso de pacientes con enfermedades preexistentes.
La diferencia con el texto de Diputados no podía ser mayor. En él se prohibían taxativamente esas conductas empresarias, muy comunes en la actualidad.
El revuelo que provocó la difusión del preproyecto de los asesores de Cano por parte de Tiempo Argentino obligó al senador a dar marcha atrás y confirmar, la semana pasada, que esos dos artículos, finalmente no se tocaban.
La relación de los asesores de Cano con la medicina privada es profunda. Este diario publicó los comentarios de las prepagas al proyecto con media sanción de Diputados, en su mayoría rechazando la norma con la excusa de que “haría quebrar a las empresas”. Estas compañías nunca quisieron que se regulara la tarifa según la edad del afiliado ni las preexistencias. “Es como si se obligara a una empresa de seguros a asegurar autos chocados”, dijo Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, en una entrevista con Tiempo, para describir su negativa a afiliar personas con enfermedades preexistentes.
Casualmente, es el mismo argumento que esgrimieron los asesores de los senadores que integran la Comisión de Salud al momento de justificar el cambio de los artículos 10 y 11 en el proyecto que llegó de Diputados.
La semana pasada, el Grupo A mostró su cara más neoliberal con las escandalosas declaraciones del ex gobernador de Salta y ex candidato fallido a vicepresidente de Carlos Menem, Juan Carlos Romero. “Este proyecto es la estatización del sistema de salud privado”, disparó el salteño, apoyado por su coterránea Sonia Escudero. Fue durante el plenario de las tres comisiones que se reunirán nuevamente hoy, encuentro del que debió salir un dictamen para que el proyecto se trate en el recinto.
Los dichos de Romero no cayeron bien en buena parte de sus pares, porque marcaron una radicalización en la postura que perseguía la postergación de la sanción definitiva. Es que el peronismo disidente también está dividido. Hilda “Chiche” Duhalde confrontó la inacción del radical Cano y se manifestó a favor de aprobar la media sanción de Diputados.
La posición de Chiche rompe la unidad de la oposición y la acerca al oficialismo. “Nosotros ya dejamos en claro que queremos la media sanción, y nos llama la atención las demoras que plantean otros senadores”, señaló a este diario la senadora del FPV por Chaco, Elena Corregido. Su par en la comisión de Salud, Samuel Cabanchik, de Buenos Aires Federal, sostuvo que “acompañaremos la media sanción, porque es una buena ley, aunque siempre se puede mejorar”.
La voluntad política del oficialismo de votar el proyecto sin cambios quedó de manifiesto cuando sus legisladores se despegaron de las modificaciones que pidió la semana pasada el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en el sentido de trasladar la autoridad de aplicación de la Secretaría de Comercio Interior a su ministerio, y dejar afuera de los alcances de la ley a las cooperativas, mutuales y obras sociales. Y a OSDE, la obra social de ejecutivos que tiene una enorme cantidad de usuarios prepagos. La mayoría de los senadores rechazó el pedido.
Según pudo saber Tiempo, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, la oficialista Liliana Fellner, ya tiene en su escritorio un dictamen de minoría que se presentará hoy en el plenario de las comisiones, mostrando su posición de aprobar el proyecto tal como salió de Diputados.
En cambio, la oposición tiene una última carta distractiva dentro de la manga. Extraoficialmente, se supo en las últimas horas que su intención es embarrar la cancha, planteando una nueva agenda que debata sobre los decretos de necesidad y urgencia, y la composición del Consejo de la Magistratura. El objetivo es llevar al kirchnerismo a ausentarse. Así, no se trataría la regulación de la medicina privada.
Si la ley no se aprueba, cinco millones de personas quedarán presas de los abusos, los cambios unilaterales de contratos, las subas de tarifas injustificadas y los incumplimientos de los planes.
En el caso de que los senadores aprueben un texto con alguno de los varios cambios que propone la oposición, el proyecto volvería a Diputados en 2011. La Cámara Baja tendría un año más para tratar las enmiendas y aprobarlas o revalidar el proyecto de 2008.
De cualquier forma, serán otros 365 días más para que las empresas de salud privada sigan haciendo su lobby y actúen sin una ley que las regule.
Pero a horas de la decisión final, sólo el Frente para la Victoria y bloques menores, como Buenos Aires Federal, expresaron abiertamente que votarán sin cambios el proyecto que fue aprobado en Diputados por unanimidad.
En la vereda de enfrente, y tal como sucedió con el Presupuesto 2011, la especulación del Grupo A –UCR, PRO, Peronismo Federal, Coalición Cívica– apunta a postergar el debate, con lo que el proyecto perderá estado parlamentario y deberá volver a discutirse de cero.
El proyecto estuvo cajoneado en la Comisión de Salud del Senado durante 20 meses. Luego, cuando salió a la superficie, fue controlado por el titular de la comisión, el radical José Cano, quien ofició de eje negociador con las empresas del sector. De hecho, fueron sus asesores los que cambiaron dos artículos esenciales, el 10 y el 11, planteando que se les permita a las prepagas aumentar sus tarifas a los mayores de 60 años y rechazar el ingreso de pacientes con enfermedades preexistentes.
La diferencia con el texto de Diputados no podía ser mayor. En él se prohibían taxativamente esas conductas empresarias, muy comunes en la actualidad.
El revuelo que provocó la difusión del preproyecto de los asesores de Cano por parte de Tiempo Argentino obligó al senador a dar marcha atrás y confirmar, la semana pasada, que esos dos artículos, finalmente no se tocaban.
La relación de los asesores de Cano con la medicina privada es profunda. Este diario publicó los comentarios de las prepagas al proyecto con media sanción de Diputados, en su mayoría rechazando la norma con la excusa de que “haría quebrar a las empresas”. Estas compañías nunca quisieron que se regulara la tarifa según la edad del afiliado ni las preexistencias. “Es como si se obligara a una empresa de seguros a asegurar autos chocados”, dijo Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, en una entrevista con Tiempo, para describir su negativa a afiliar personas con enfermedades preexistentes.
Casualmente, es el mismo argumento que esgrimieron los asesores de los senadores que integran la Comisión de Salud al momento de justificar el cambio de los artículos 10 y 11 en el proyecto que llegó de Diputados.
La semana pasada, el Grupo A mostró su cara más neoliberal con las escandalosas declaraciones del ex gobernador de Salta y ex candidato fallido a vicepresidente de Carlos Menem, Juan Carlos Romero. “Este proyecto es la estatización del sistema de salud privado”, disparó el salteño, apoyado por su coterránea Sonia Escudero. Fue durante el plenario de las tres comisiones que se reunirán nuevamente hoy, encuentro del que debió salir un dictamen para que el proyecto se trate en el recinto.
Los dichos de Romero no cayeron bien en buena parte de sus pares, porque marcaron una radicalización en la postura que perseguía la postergación de la sanción definitiva. Es que el peronismo disidente también está dividido. Hilda “Chiche” Duhalde confrontó la inacción del radical Cano y se manifestó a favor de aprobar la media sanción de Diputados.
La posición de Chiche rompe la unidad de la oposición y la acerca al oficialismo. “Nosotros ya dejamos en claro que queremos la media sanción, y nos llama la atención las demoras que plantean otros senadores”, señaló a este diario la senadora del FPV por Chaco, Elena Corregido. Su par en la comisión de Salud, Samuel Cabanchik, de Buenos Aires Federal, sostuvo que “acompañaremos la media sanción, porque es una buena ley, aunque siempre se puede mejorar”.
La voluntad política del oficialismo de votar el proyecto sin cambios quedó de manifiesto cuando sus legisladores se despegaron de las modificaciones que pidió la semana pasada el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, en el sentido de trasladar la autoridad de aplicación de la Secretaría de Comercio Interior a su ministerio, y dejar afuera de los alcances de la ley a las cooperativas, mutuales y obras sociales. Y a OSDE, la obra social de ejecutivos que tiene una enorme cantidad de usuarios prepagos. La mayoría de los senadores rechazó el pedido.
Según pudo saber Tiempo, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, la oficialista Liliana Fellner, ya tiene en su escritorio un dictamen de minoría que se presentará hoy en el plenario de las comisiones, mostrando su posición de aprobar el proyecto tal como salió de Diputados.
En cambio, la oposición tiene una última carta distractiva dentro de la manga. Extraoficialmente, se supo en las últimas horas que su intención es embarrar la cancha, planteando una nueva agenda que debata sobre los decretos de necesidad y urgencia, y la composición del Consejo de la Magistratura. El objetivo es llevar al kirchnerismo a ausentarse. Así, no se trataría la regulación de la medicina privada.
Si la ley no se aprueba, cinco millones de personas quedarán presas de los abusos, los cambios unilaterales de contratos, las subas de tarifas injustificadas y los incumplimientos de los planes.
En el caso de que los senadores aprueben un texto con alguno de los varios cambios que propone la oposición, el proyecto volvería a Diputados en 2011. La Cámara Baja tendría un año más para tratar las enmiendas y aprobarlas o revalidar el proyecto de 2008.
De cualquier forma, serán otros 365 días más para que las empresas de salud privada sigan haciendo su lobby y actúen sin una ley que las regule.
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