“La idea es decomisar los $ 400 o 500 millones con que Clarín estafó a las AFJP"
Aseguró que, más allá de las sanciones penales, sería “saludable” para el país recuperar los fondos provenientes de actividades delictivas. Y subrayó que el Estado argentino tiene “voluntad política” para combatir el lavado de dinero.
José Sbatella preside la Unidad de Información Financiera (UIF), máxima autoridad argentina en la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades delictivas como el narcotráfico o el fraude. En diálogo con Tiempo Argentino, el funcionario afirmó que los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que visitaron el país en diciembre se llevaron la total seguridad acerca del compromiso del país para combatir el lavado, en especial a partir del decreto presidencial que le otorga mayores atribuciones al organismo. Dijo que hasta 2009, la justicia no aprovechaba las herramientas que tenía la UIF para seguir la ruta del lavado de dinero y el tráfico. Además, Sbatella aseguró que, más allá de las sanciones penales, sería saludable que se decomisara el dinero cuando se prueben los ilícitos, entre los que se encuentra la “estafa” del grupo Clarín a las AFJP.
–El GAFI, principal autoridad mundial en materia de lavado, tuvo posiciones muy críticas con el accionar argentino en la materia, especialmente a partir de la falta de coordinación y de resultados efectivos en las políticas contra el lavado. ¿Cuál es el balance de la visita que hizo a mediados de diciembre una delegación de este organismo al país?
–Pudimos demostrar al GAFI la voluntad que tienen el gobierno argentino y los organismos que forman parte del sistema antilavado. Ellos vinieron a verificar la actitud y compromiso de las máximas autoridades políticas argentinas. Para mí, eso les quedó claro. Además, mostramos las acciones realizadas que culminaron con este decreto que, de alguna manera, pone blanco sobre negro en las atribuciones de la UIF y las posibilidades de hacer inspecciones y sanciones, lo que más nos habían criticado. Ellos tenían la idea de que teníamos capacidad para normar pero no para sancionar, cosa que a nosotros nos parecía ridícula. Ahora se llevaron la idea de que estamos trabajando en ello y que hay voluntad del gobierno en lanzar una norma que lo deje aún más en claro.
–¿Hubo riesgo de sanciones al país?
–Antes de esta visita, los españoles jugaron fuerte para que se sancionara a la Argentina. Existe una cuestión objetiva: España no está en el G-20, y la Argentina sí. Fue muy brutal la postura de los españoles porque prácticamente pedían que nos sancionaran ya. Ahora bien, si no hiciéramos nada en febrero o junio próximo, nos pondrían en un listado extraño. Eso implicaría que no reconocen las acciones que estamos desarrollando como parte de una política de Estado.
–El decreto presidencial sitúa a la UIF en el organigrama por encima de otros organismos nacionales…
–Desde el punto de vista de los instrumentos, la Argentina cuenta con la ley antilavado aprobada en 2000, la ley antiterrorista sancionada en 2006, y además tiene a la UIF funcionando efectivamente desde 2002. Sin embargo, hasta 2009, este sistema no contaba con condenas penales efectivas ni sanciones administrativas en el área de la prevención. Tampoco hacía inspecciones. Lo que le faltaba era efectividad a la hora de conducir al sistema. Los instrumentos existían, pero los jueces no aplicaban la legislación. El reciente decreto presidencial nos da la capacidad de mostrar al mundo al sistema antilavado argentino, que, en realidad, está en sintonía con las 49 recomendaciones que plantea el GAFI. Pone a la UIF en cabeza del sistema, liderando el esquema y tratando de hacer el control de las obligaciones que se toman en los acuerdos internacionales. Esto puso de manifiesto la voluntad política del Estado argentino de tomar decisiones que se cumplan y se hagan efectivas.
–Muchos argentinos tienen activos financieros en el sistema bancario uruguayo...
–Ellos aprobaron hace un par de semanas una ley que flexibiliza el secreto bancario, pero en realidad lo que necesitamos es un convenio de intercambio de información. Es un proceso muy lento. Hay que tener en cuenta que, internamente, costó muchísimo que sancionaran la ley. El secreto de ellos es terrible en lo concerniente a quiénes son los dueños y propietarios.
–Días atrás hubo un fallo de la Cámara Federal porteña para levantar el secreto fiscal sobre Lucio Pagliaro, accionista mayoritario de Clarín. ¿Qué implicancia tiene la decisión?
–La decisión de la Cámara es un reconocimiento a las potestades de la UIF. Se trata de investigaciones de rutina que surgen a partir de reportes del Banco Central por incrementos patrimoniales excesivos. Los accionistas de Clarín presentaron ante el juez la explicación de una consultora privada para justificar dicho incremento, olvidando la participación de la UIF. Entonces, la decisión de la Cámara implica que la justicia determinó que los organismos encargados de la investigación deben ser quienes decidan sobre la importancia de continuar con la pesquisa, y no el juez. Según nuestro juicio, el incremento patrimonial se explica a partir de la estafa a las AFJP, que representó una ganancia concreta de capital para los accionistas y directivos de Clarín. Las acciones que las AFJP les compraron aumentaron de $ 8 o 9 a $ 30, y después volvieron a bajar.
–¿Cuál podría ser el desenlace de esa investigación?
–La hipótesis de máxima es que se pruebe la estafa, que ese fraude implicó entre $ 400 a 500 millones en un período corto, y que ese monto sea decomisado. Es decir, además de la sanción por el delito precedente que sería la estafa al sistema de las AFJP y la violación de la ley que protegía los valores de los jubilados, estaría el pedido de decomiso de ese dinero. La lógica de la ley es ir por el decomiso del dinero que nació a partir del delito. Sería saludable para nosotros que se consiga el monto del dinero que se lavó proveniente de ese ilícito. También en los casos de Sforza, en los medicamentos truchos, y la causa de Segovia (efedrina), estamos pidiendo embargos. La idea de todo este sistema de prevención es que se termine en el decomiso del dinero de la organización delictiva, esa sería la filosofía de la sanción.
–El GAFI, principal autoridad mundial en materia de lavado, tuvo posiciones muy críticas con el accionar argentino en la materia, especialmente a partir de la falta de coordinación y de resultados efectivos en las políticas contra el lavado. ¿Cuál es el balance de la visita que hizo a mediados de diciembre una delegación de este organismo al país?
–Pudimos demostrar al GAFI la voluntad que tienen el gobierno argentino y los organismos que forman parte del sistema antilavado. Ellos vinieron a verificar la actitud y compromiso de las máximas autoridades políticas argentinas. Para mí, eso les quedó claro. Además, mostramos las acciones realizadas que culminaron con este decreto que, de alguna manera, pone blanco sobre negro en las atribuciones de la UIF y las posibilidades de hacer inspecciones y sanciones, lo que más nos habían criticado. Ellos tenían la idea de que teníamos capacidad para normar pero no para sancionar, cosa que a nosotros nos parecía ridícula. Ahora se llevaron la idea de que estamos trabajando en ello y que hay voluntad del gobierno en lanzar una norma que lo deje aún más en claro.
–¿Hubo riesgo de sanciones al país?
–Antes de esta visita, los españoles jugaron fuerte para que se sancionara a la Argentina. Existe una cuestión objetiva: España no está en el G-20, y la Argentina sí. Fue muy brutal la postura de los españoles porque prácticamente pedían que nos sancionaran ya. Ahora bien, si no hiciéramos nada en febrero o junio próximo, nos pondrían en un listado extraño. Eso implicaría que no reconocen las acciones que estamos desarrollando como parte de una política de Estado.
–El decreto presidencial sitúa a la UIF en el organigrama por encima de otros organismos nacionales…
–Desde el punto de vista de los instrumentos, la Argentina cuenta con la ley antilavado aprobada en 2000, la ley antiterrorista sancionada en 2006, y además tiene a la UIF funcionando efectivamente desde 2002. Sin embargo, hasta 2009, este sistema no contaba con condenas penales efectivas ni sanciones administrativas en el área de la prevención. Tampoco hacía inspecciones. Lo que le faltaba era efectividad a la hora de conducir al sistema. Los instrumentos existían, pero los jueces no aplicaban la legislación. El reciente decreto presidencial nos da la capacidad de mostrar al mundo al sistema antilavado argentino, que, en realidad, está en sintonía con las 49 recomendaciones que plantea el GAFI. Pone a la UIF en cabeza del sistema, liderando el esquema y tratando de hacer el control de las obligaciones que se toman en los acuerdos internacionales. Esto puso de manifiesto la voluntad política del Estado argentino de tomar decisiones que se cumplan y se hagan efectivas.
–Muchos argentinos tienen activos financieros en el sistema bancario uruguayo...
–Ellos aprobaron hace un par de semanas una ley que flexibiliza el secreto bancario, pero en realidad lo que necesitamos es un convenio de intercambio de información. Es un proceso muy lento. Hay que tener en cuenta que, internamente, costó muchísimo que sancionaran la ley. El secreto de ellos es terrible en lo concerniente a quiénes son los dueños y propietarios.
–Días atrás hubo un fallo de la Cámara Federal porteña para levantar el secreto fiscal sobre Lucio Pagliaro, accionista mayoritario de Clarín. ¿Qué implicancia tiene la decisión?
–La decisión de la Cámara es un reconocimiento a las potestades de la UIF. Se trata de investigaciones de rutina que surgen a partir de reportes del Banco Central por incrementos patrimoniales excesivos. Los accionistas de Clarín presentaron ante el juez la explicación de una consultora privada para justificar dicho incremento, olvidando la participación de la UIF. Entonces, la decisión de la Cámara implica que la justicia determinó que los organismos encargados de la investigación deben ser quienes decidan sobre la importancia de continuar con la pesquisa, y no el juez. Según nuestro juicio, el incremento patrimonial se explica a partir de la estafa a las AFJP, que representó una ganancia concreta de capital para los accionistas y directivos de Clarín. Las acciones que las AFJP les compraron aumentaron de $ 8 o 9 a $ 30, y después volvieron a bajar.
–¿Cuál podría ser el desenlace de esa investigación?
–La hipótesis de máxima es que se pruebe la estafa, que ese fraude implicó entre $ 400 a 500 millones en un período corto, y que ese monto sea decomisado. Es decir, además de la sanción por el delito precedente que sería la estafa al sistema de las AFJP y la violación de la ley que protegía los valores de los jubilados, estaría el pedido de decomiso de ese dinero. La lógica de la ley es ir por el decomiso del dinero que nació a partir del delito. Sería saludable para nosotros que se consiga el monto del dinero que se lavó proveniente de ese ilícito. También en los casos de Sforza, en los medicamentos truchos, y la causa de Segovia (efedrina), estamos pidiendo embargos. La idea de todo este sistema de prevención es que se termine en el decomiso del dinero de la organización delictiva, esa sería la filosofía de la sanción.
La estafa de Clarín, el JP Morgan y las AFJP para quedarse con aportes jubilatorios
Luego de la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera ante la justicia, P&Mentrevistó al titular del organismo querellante, José Sbatella, y al banquero arrepentido Hernán Arbizu, sobre cuyo testimonio comenzaron a desentrañarse los manejos de una compleja maniobra financiera, en el marco de una presunta asociación ilícita.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, radicó ayer una denuncia penal ante la Fiscalía Federal 3, a cargo de Eduardo Taiano, para que se investigue la posible "manipulación de precios de acciones" del Grupo Clarín, Banco Patagonia y Consultatio SA, que luego fueron adquiridas por fondos de inversión controlados por las AFJP.
Los títulos salieron al mercado en 2007 con un valor de 35 pesos y luego cayeron abruptamente. En el expediente de la causa figura que los directivos del JP Morgan habían tramado “la operatoria” antes del crac bursátil de 2008.
“El mayor conocimiento comienza a advertirse cuando los fondos que administraban las AFJP pasaron al Estado. Ahí salta rápidamente la pérdida que tuvieron esas acciones sobrevaluadas”, explicó Sbatella aPolítica&Medios.
En la investigación que hizo la UIF se recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunció un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión
Pero un testimonio clave fue el de Hernán Arbizu (foto), un banquero arrepentido del JP Morgan Chase Bank, que -según él mismo reconoce- ayudaba a sus clientes a “lavar dinero y evadir impuestos”. Fue procesado en Estados Unidos por fraude con pedido de extradición.
Arbizu se presentó a declarar ante la UIF para autodenunciarse por el “fraude a las AFJP, incluido un lavado de dinero producto de la venta de las acciones del Grupo Clarín”.
“Si bien Sbatella nombra al Patagonia y a Consultatio, que también son parte de las emisiones de acciones que organizó JP Morgan, el caso de Clarín es el más concreto porque dentro del prospecto de admisión, que es la información que sale de la compañía para dársela a los posibles inversores antes de comprar la acción, el grupo omitió información fundamental”, precisó Arbizu, en diálogo con P&M.
El ex operador explicó que toda la información de dicho prospecto “es importante porque cuando uno va a comprar acciones de una empresa quiere tener toda la información posible para saber su real valuación. Acá lo que ha echo Clarín en la famosa fusión Multicanal-Cablevisión fue omitir la información de que la fusión todavía no estaba aprobada y que una fiscal (Gils Carbó) había apelado el acuerdo preventivo por la cual la fusión no podía seguir adelante. Clarín omitió esa información fundamental, teniendo en cuenta que el cable representa el 70 por ciento del negocio del grupo”.
“Esto lo ha hecho Clarín, con Morgan como socio”, agregó Arbizu al detallar que “las acciones se vendieron una parte en Inglaterra y otra en Argentina. El 90 por ciento de lo que se vendió en Argentina fueron clientes institucionales, es decir las AFJP”.
Pero el dinero no era de las AFJP, sino de los aportantes, y fue usado en una maniobra para comprar acciones a un precio sobrevaluado, que terminó afectando el patrimonio de los jubilados cuando los títulos se ubicaron en su valor real.
“La acción de Clarín salió en septiembre de 2007, pero en julio ya se sabía que se venía una crisis. Si vos estás vendiendo una empresa también estás evaluando la coyuntura, y esa coyuntura de crisis la sabía yo, la sabía (Héctor) Magneto, todo el JP Morgan y las AFJP, porque no olvidemos que, a pesar de que tuvieran rendimiento negativo, cobraban comisiones sumamente altas”, aseguró Arbizu.
Para Sbatella, en tanto, todos estos datos permiten hablar de una “asociación ilícita” entre el JP Morgan, los gerentes de Clarín y los operadores de las ex AFJP.
De todos modos, durante su declaración ante la UIF, Arbizu acusó a todas las empresas que conformaban su cartera de clientes como piezas de una ingeniería financiera para sacar dinero del país o evadir impuestos.
Al respecto Sbatella sostuvo, que “la investigación del resto de las empresas denunciadas sigue, pero en este caso, como presidente de la UIF, no pude obviar la presentación de la denuncia cuando se detectaron indicios concretos de la configuración de un posible delito. O sea que presento la denuncia penal ante la Fiscalía 3, pero al mismo tiempo sigue la investigación de las 200 empresas de la cartera de clientes de Arbizu”.
Los títulos salieron al mercado en 2007 con un valor de 35 pesos y luego cayeron abruptamente. En el expediente de la causa figura que los directivos del JP Morgan habían tramado “la operatoria” antes del crac bursátil de 2008.
“El mayor conocimiento comienza a advertirse cuando los fondos que administraban las AFJP pasaron al Estado. Ahí salta rápidamente la pérdida que tuvieron esas acciones sobrevaluadas”, explicó Sbatella aPolítica&Medios.
En la investigación que hizo la UIF se recolectó información de la Comisión Nacional de Valores (CNV), de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, quien había denunció un fraude millonario en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión
Pero un testimonio clave fue el de Hernán Arbizu (foto), un banquero arrepentido del JP Morgan Chase Bank, que -según él mismo reconoce- ayudaba a sus clientes a “lavar dinero y evadir impuestos”. Fue procesado en Estados Unidos por fraude con pedido de extradición.
Arbizu se presentó a declarar ante la UIF para autodenunciarse por el “fraude a las AFJP, incluido un lavado de dinero producto de la venta de las acciones del Grupo Clarín”.
“Si bien Sbatella nombra al Patagonia y a Consultatio, que también son parte de las emisiones de acciones que organizó JP Morgan, el caso de Clarín es el más concreto porque dentro del prospecto de admisión, que es la información que sale de la compañía para dársela a los posibles inversores antes de comprar la acción, el grupo omitió información fundamental”, precisó Arbizu, en diálogo con P&M.
El ex operador explicó que toda la información de dicho prospecto “es importante porque cuando uno va a comprar acciones de una empresa quiere tener toda la información posible para saber su real valuación. Acá lo que ha echo Clarín en la famosa fusión Multicanal-Cablevisión fue omitir la información de que la fusión todavía no estaba aprobada y que una fiscal (Gils Carbó) había apelado el acuerdo preventivo por la cual la fusión no podía seguir adelante. Clarín omitió esa información fundamental, teniendo en cuenta que el cable representa el 70 por ciento del negocio del grupo”.
“Esto lo ha hecho Clarín, con Morgan como socio”, agregó Arbizu al detallar que “las acciones se vendieron una parte en Inglaterra y otra en Argentina. El 90 por ciento de lo que se vendió en Argentina fueron clientes institucionales, es decir las AFJP”.
Pero el dinero no era de las AFJP, sino de los aportantes, y fue usado en una maniobra para comprar acciones a un precio sobrevaluado, que terminó afectando el patrimonio de los jubilados cuando los títulos se ubicaron en su valor real.
“La acción de Clarín salió en septiembre de 2007, pero en julio ya se sabía que se venía una crisis. Si vos estás vendiendo una empresa también estás evaluando la coyuntura, y esa coyuntura de crisis la sabía yo, la sabía (Héctor) Magneto, todo el JP Morgan y las AFJP, porque no olvidemos que, a pesar de que tuvieran rendimiento negativo, cobraban comisiones sumamente altas”, aseguró Arbizu.
Para Sbatella, en tanto, todos estos datos permiten hablar de una “asociación ilícita” entre el JP Morgan, los gerentes de Clarín y los operadores de las ex AFJP.
De todos modos, durante su declaración ante la UIF, Arbizu acusó a todas las empresas que conformaban su cartera de clientes como piezas de una ingeniería financiera para sacar dinero del país o evadir impuestos.
Al respecto Sbatella sostuvo, que “la investigación del resto de las empresas denunciadas sigue, pero en este caso, como presidente de la UIF, no pude obviar la presentación de la denuncia cuando se detectaron indicios concretos de la configuración de un posible delito. O sea que presento la denuncia penal ante la Fiscalía 3, pero al mismo tiempo sigue la investigación de las 200 empresas de la cartera de clientes de Arbizu”.
Si estos "pseudo señores" fueron capaces de acompañar el proceso de desaparición y muerte de más de trienta mil de los nuestros desde su "silencio conspirativo" y luego, "robar a nuestros viejos", ¿qué cosa no estarán dispuestos a hacer para permanecer?
ResponderEliminarLa lucha por el poder en 2011 será definitiva.Si no la vemos así estaremos dando más oportunidades a los "dueños del privilegio" de "permanecer".