viernes, 28 de enero de 2011

OS PRINCIPALES E INMEDIATOS ANTECEDENTES , AGUSTIN TOSCO

De Francisco Enzo Giardinieri
LOS PRINCIPALES E INMEDIATOS ANTECEDENTES

A mediados del mes de Agosto de 1966 nuestra Organización Sindical emitió una Declaración en carácter de "Solicitada" cuyo título fue: "Signos negativos". Fue !a primera posición sindical en Córdoba contra la serie de medidas de neto corte represivo que implantaba la Dictadura. Esa declaración tuvo amplia repercusión, no sólo local sino nacional y podríamos decir que prácticamente inauguró la posición rebelde contra la política de Onganía y su equipo.
La muerte de Santiago Pampillón a manos del aparato represivo, puso en evidencia la histórica resistencia estudiantil. Nadie podrá olvidar las luchas y manifestaciones de protesta de todas las agrupaciones, las huelgas de hambre y el propio paro de una hora del movimiento obrero cordobés en solidaridad con los compañeros universitarios. Tuve el honor de integrar una Delegación Sindical de la CGT de Córdoba que acudió a Mendoza al sepelio de Santiago Pampillón Allí discutimos los cordobeses con Gerónimo Izzeta que se encontraba casualmente y le increpamos la pasividad de la CGT Nacional. Al mismo tiempo que se manifestaba el ascenso del espíritu de lucha de las bases sindicales y estudiantiles contra el régimen, los jerarcas del sindicalismo nacional iban justificando —en actitudes— su posterior proclamación a todos los vientos de la "filosofía participacionista".
Tanto como la represión crecía también la resistencia aumentaba. Una manifestación incidental revelaba las distintas formas del repudio al régimen y a sus cómplices. En Córdoba circuló profusamente una hoja impresa que reproducía a Francisco Prado, participando del Festival del Folklore en Cosquin Enero de 1967- mientras era avasallado el Sindicato de Portuarios, despedazado su convenio colectivo de trabajo y despedidos sus dirigentes y militantes más esforzados. Prado era Secretario General de la CGT Nacional. Esas hojas circularon por todo Córdoba y la gente evidenciaba su condena ante la claudicante actitud.
En el mismo mes de febrero de 1967 y en función del Paro Nacional resuelto para el primero de Marzo de dicho año, en esta ciudad se realizaron grandes manifestaciones obreras.
El diario '"Córdoba" reprodujo varias fotografías de los actos y una en particular de la represión, donde constó mi detención junto con varios compañeros de la columna de Luz y Fuerza. Fue un plan de lucha de alcance nacional, frustrado por el incipiente participacionismo y dialoguismo que terminó una vez más confiando, según expresiones del propio Francisco Prado, en el nuevo ministro Krieger Vasena, porque según él: "Habría cambiado y su gestión podría ser útil a los trabajadores". Pese a esto, la posición de casi todos los sectores populares, especialmente de Córdoba, conminaba a continuar la lucha.
Quiero transcribir una frase de un documento sindical del 23 de Febrero de 1967, por su carácter premonitorio del "Cordobazo". Decía así: "La historia grande ¡está jalonada de hitos como el que ayer fuera protagonizado por el movimiento obrero de Córdoba, en los talleres y fábricas, en las calles de nuestra ciudad. Porque fue la de ayer una jornada escrita con rasgos vigorosos y expresiones estentóreas que desbordaron los lindes habituales y se prolongaron luego en los grafismos de la prensa y de la televisión, en la retina y en el ánimo de los millares de protagonistas y espectadores que vivieron las secuencias del plan de acción desplegado por la CGT y gremios confederados de Córdoba. Fue una jornada lúcida y comprometida que nos acerca un poco más a la definición crucial que forzosamente tiene que producirse por imperio de la situación a que ha sido arrastrado el pueblo argentino, y sobre la que los trabajadores tenemos adoptada una posición clara, concreta e irreductible".
La represión que siguió al paro del primero de marzo de 1967 y la desastrosa conducción de la CGT Nacional produjo un notorio vacio que estuvo signado fundamentalmente por la oposición cada vez más abierta entre las bases sindicales y dirigentes vinculados a ellas y el participacionismo entreguista anidado en la sede de Azopardo en la Capital Federal.
Las bases demandaban un nuevo Plan de Acción. En Tucumán el ataque a los derechos de los trabajadores iba en aumento. En octubre de 1967 la Delegación de Córdoba en el Congreso de la Federación de Luz y Fuerza reclamaba ese Plan de Acción, inspirada en las propias demandas vigentes en nuestra ciudad y denunciaba los hechos más alarmantes que estaban sucediendo.
La preocupación de los dirigentes nacionales se centraba exclusivamente en normalizar la CGT en ese entonces en manos de la Comisión Delegada.
¿De qué teníamos los cordobeses clara conciencia a fines de 1967? ¿Cuál era nuestra denuncia? ¿Cuál era nuestra posición?
En apretada síntesis expresábamos: Bajo el lema de modernización y transformación el gobierno planteó un plan económico, cuya base filosófico-política se asentó aparentemente en el más ortodoxo y crudo liberalismo, en la resurrección del "dejar hacer, dejar pasar", en la vigencia de un libre empresismo a ultranza, que provocaría la estabilidad y la multiplicación de los bienes económicos del país. Sin embargo esta declamada libertad económica no es sino un esquema destinado sustancialmente a someter al país integrándolo a la crisis del sistema capitalista monopolista como elemento compensador del deterioro cada vez más pronunciado del mismo.
Más adelante señalábamos: "Ya desde hace tiempo en todas las naciones del mundo ha concluido la etapa del liberalismo que aquí se pregona. Las potencias industriales practican un crudo dirigismo económico; en el sistema interno protegiendo su mercado productor e incluso consumidor por vía de las barreras aduaneras y otros dispositivos complementarios; en el aspecto externo creando organismos internacionales supeditados a ellas que imponen la política de la libre penetración y de la libre explotación de los pueblos subdesarrollados por los monopolios que actúan desde las grandes metrópolis. Esta libertad económica impuesta y dirigida desde afuera, especialmente desde las concentraciones monopolistas norteamericanas a la par de favorecer desmesuradamente a las mismas y a su país de origen, provocan en Argentina la agudización de la crisis y la profundización de los efectos recesivos'*.
En los pronunciamientos sobre los aspectos económicos se concluía:
"Lo que se pretende realmente es quebrar a la industria nacional y dejar el mercado de consumo a merced de los monopolios. Así lo ha expresado genéricamente la Confederación de la Industria al referirse que esta política de transferencia formales y reales es en el más benigno de los juicios, un mal signo. En lo que hace a las empresas del Estado la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Sociedades Anónimas, confirma crudamente la programática oficial de entrega del patrimonio estatal y de la conducción básica y fundamental de la economía a los intereses extranjeros. Nadie duda ya que el plan trazado es contrario a un auténtico desarrollo, atenta contra el nivel de vida de la población, sirve a los grupos de la reacción y del privilegio, compromete el porvenir del país y lesiona la soberanía nacional".
En las cuestiones sociales se denunciaba "el aumento de todos los precios de los artículos de uso y de consumo, agotando la capacidad adquisitiva de las remuneraciones. El incremento de la desocupación. La paralización de la Comisión del Salario Vital, Mínimo y Móvil. La imposición del arbitraje obligatorio para los diferendos laborales. La ley de represión de los conflictos sindicales. La intervención a Sindicatos, el retiro o suspensión de personerías gremiales. La eliminación o restricción de las representaciones sindicales en la Empresa del Estado, incluidos los organismos de previsión social. La violación de los contratos colectivos de trabajo. La ley de congelación de salarios. La modificación de la ley de indemnizaciones por despido. El aumento de la edad para acogerse a la jubilación y la eliminación de las compensaciones por años de servicio".
Como últimos detalles de las denuncias contra la reaccionaria política que se llevaba adelante se señalaba: "Simultáneamente el Gobierno pretende tener un consenso tácito de la opinión pública, pero no abre vías de ninguna naturaleza para probar con la expresión del pueblo si ello es cierto o no, mientras justifica tamaño despropósito con la supuestamente perjudicial de enfrentar a un debate político al país. Con la lógica perseverancia de sus propósitos retrógrados el Gobierno aprueba la Ley de Defensa Civil que militariza a toda la población a partir de los 14 años de edad, bajo el pretexto de asegurar el frente interno, pero con la finalidad de reprimir toda legitima defensa de los intereses económicos, sociales y políticos de los trabajadores. Más adelante dicta la denominada ley de represión al comunismo, que engloba a todas las personas o instituciones que protesten o lleven adelante una acción para proteger sus derechos. Supera el cuadro represivo macartista dejando al Servicio de Informaciones del Estado la calificación de toda persona que tenga "motivaciones ideológicas comunistas", añadiendo un régimen punitivo que llega hasta los nueve años de prisión. Intervienen las Universidades Nacionales, anula la participación de la juventud estudiosa argentina en la vida de las mismas, proyecta una reglamentación limitacionista y disuelve los Centros de Organización Estudiantiles. Viola el secreto de la correspondencia cual modernos inquisidores celosos de toda opinión adversa a la dogmática oficial. En el ámbito internacional propuso, felizmente rechazada, la institucionalización de la Junta Interamericana de Defensa, cual moderno gendarme de los Pueblos de América Latina que bregan por su emancipación integral, a fin de mantenerlos en el subdesarrollo, en el estancamiento y en la dependencia neocolonial"
Allí se realizaron denuncias que si bien eran conocidas por todos, no todos la realizaban. Eran las delegaciones cordobesas por lo general las que sustentaban estos planteamientos en todos los ámbitos.
En Córdoba se expresó poco tiempo después una resolución de la CGT local que declaró persona no grata al Presidente Onganía, y eso trasuntaba el creciente desafío al régimen autocrático, no cuestionado a nivel masivo con tanto vigor como se daba en Córdoba.