TARDE TE DISTE CUENTA, TRIDOR!!!
Buzzi acusó a Llambías y Biolcati de proteger a las multinacionales
“En este clima cuesta tener acciones conjuntas”, admitió el presidente de la Federación Agraria. Desde el Ministerio de Agricultura alertaron que los jefes de CRA y Sociedad Rural pretenden definir “la política agropecuaria”.
El largo y sinuoso sainete de los ruralistas sumó ayer un nuevo capítulo. Eduardo Buzzi, presidente de Federación Agraria, contestó las críticas que recibió de Mario Llambías y Hugo Luis Biolcati. “¿Por qué se hacen problema mis colegas cuando durante años no dijeron nada de los beneficios de Cargill, Bunge y Dreyfus?”, se quejó. El gobierno nacional también salió al ruedo: el subsecretario de Agricultura, Oscar Solís le apuntó a CRA y a la Sociedad Rural: “Quieren definir la política agropecuaria. Y eso lo define el gobierno”, le dijo el funcionario a Tiempo Argentino. El jefe de Coninagro Carlos Garetto, entre tanto, hizo lo imposible porque la cúpula de la Mesa de Enlace emitiera ayer un comunicado conjunto que pusiera paños fríos a la crisis, pero la mediación fracasó.
El cortocircuito entre las entidades surgió tras una gestión del Ministerio de Agricultura para que los molinos le compren al precio máximo (FAS teórico: precio internacional menos retenciones y fletes) 500 mil toneladas a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), hermanada con la Federación Agraria Argentina. Alberto España, el presidente de la industria molinera, le explicó a este diario, en detalle, cómo fue la operación (ver aparte).
REACCIONES POR ESCRITO. La noticia provocó una reacción, en forma de comunicados de prensa, por parte de las entidades que encabezan Llambías y Biolcati. El jefe de la Rural advirtió que se trataba de “una nueva demostración de amiguismo en el comercio de granos”. El líder de CRA, que este año debe poner en juego su puesto y enfrenta una dura interna en la entidad, opinó que la intervención del gobierno “ha generado la total dispersión del mercado triguero”.
Llambías y Biolcati impulsan la libre competencia y el libre mercado, que durante los ’90 sacó del tablero productivo a miles de familias. Algunas de esas políticas todavía no fueron subsanadas. Eduardo Buzzi recordó ayer, en una entrevista con LU2 de Bahía Blanca, que fue Enrique Crotto (ex presidente de la Rural) uno de los que apañó desde el gobierno la disolución de la Junta de Granos.
En el Ministerio de Agricultura recordaban, en la tarde de ayer, un episodio más reciente, de apenas unos meses atrás, que sirve para explicar la posición de Mario Llambías. El jefe de CRA no quiso dar su aval para que productores frutícolas de se entidad reciban subsidios. “Prefiero que no los reciban”, dijo Llambías.
MODELO Y PROGRESO. El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, sintetizó el problema al que se enfrentan a la hora de dialogar con CRA y Sociedad Rural: “Quieren un modelo comercial que no es el que definió este gobierno. Y en estos años, este modelo puede mostrar progreso.”
En la Federación Agraria la reacción de Llambías y Biolcati generó bronca. Y le dio argumentos al sector que impulsa, desde mediados del año pasado ante el fracaso de la estrategia parlamentaria del sector, la disolución de la comisión que agrupa a las cuatro entidades agropecuarias. Hasta Buzzi, que suele estar entre los moderados, que reconoce que no quiere ser él quien abandone la Mesa de Enlace, dijo: “Nosotros hemos sido muy severos con el gobierno. De lo que menos nos pueden acusar es que seamos ventajeros u oficialistas. Pero también tratamos de ser objetivos: no hacemos ni seguidismo idiota ni oposición cerrada. Por eso no estoy de acuerdo con que algunos de mis colegas hayan pedido la renuncia de Julián Domínguez. Cuando toman una medida que va en la dirección correcta hay que decir lo que es: es una buena noticia.”
Y volvió, como hace poco más de un mes, a poner en duda el futuro de la Mesa. “En este clima cuesta tener acciones conjuntas. En 2008 nos unió el espanto. Cuando llega el momento de un tiempo político más complejo aparecen las diferencias cada vez más marcadas”, reconoció.
En ese clima pesado, el que trató de mediar fue Carlos Garetto, el jefe de Coninagro. No fue una novedad: a menudo, cuando Buzzi y sus socios se critican a través de los medios, es el encargado de poner los paños fríos. Garetto llamó ayer a sus tres socios. Les propuso hacer un comunicado conjunto. A Buzzi intentó convencerlo con su talón de Aquiles: “Así vos no quedás pegado con el gobierno.” Pero desde la Federación Agraria le contestaron que lo iban a discutir hoy mismo cuando se reúnan los 54 directores (entre titulares y suplentes) en Rosario.
Tal vez por eso, la Sociedad Rural insistió con su denuncia. Y le reclamó a las Bolsa de Cereales porteña y a la de Rosario investigar la compra de 500 mil toneladas de trigo de la industria molinera a cooperativas asociadas a la Federación Agraria. De paso, Biolcati acusó a Julián Domínguez de formalizar el descuento que sufren los productores –a manos de las exportadoras, los acopiadores y los molinos– con una nueva categoría de FAS teórico llamado “trigo pan baja proteína”.
La nueva polémica ruralista tendrá, coinciden todos, sus secuelas. Los pronosticadores de turno dan más precisiones: dicen que la próxima batalla tendrá lugar cuando se inicie el próximo período legislativo y el gobierno, finalmente, envíe al Congreso un paquete de leyes para proteger a los pequeños arrendatarios y no permitir la compra de tierra a extranjeros.
El cortocircuito entre las entidades surgió tras una gestión del Ministerio de Agricultura para que los molinos le compren al precio máximo (FAS teórico: precio internacional menos retenciones y fletes) 500 mil toneladas a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), hermanada con la Federación Agraria Argentina. Alberto España, el presidente de la industria molinera, le explicó a este diario, en detalle, cómo fue la operación (ver aparte).
REACCIONES POR ESCRITO. La noticia provocó una reacción, en forma de comunicados de prensa, por parte de las entidades que encabezan Llambías y Biolcati. El jefe de la Rural advirtió que se trataba de “una nueva demostración de amiguismo en el comercio de granos”. El líder de CRA, que este año debe poner en juego su puesto y enfrenta una dura interna en la entidad, opinó que la intervención del gobierno “ha generado la total dispersión del mercado triguero”.
Llambías y Biolcati impulsan la libre competencia y el libre mercado, que durante los ’90 sacó del tablero productivo a miles de familias. Algunas de esas políticas todavía no fueron subsanadas. Eduardo Buzzi recordó ayer, en una entrevista con LU2 de Bahía Blanca, que fue Enrique Crotto (ex presidente de la Rural) uno de los que apañó desde el gobierno la disolución de la Junta de Granos.
En el Ministerio de Agricultura recordaban, en la tarde de ayer, un episodio más reciente, de apenas unos meses atrás, que sirve para explicar la posición de Mario Llambías. El jefe de CRA no quiso dar su aval para que productores frutícolas de se entidad reciban subsidios. “Prefiero que no los reciban”, dijo Llambías.
MODELO Y PROGRESO. El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, sintetizó el problema al que se enfrentan a la hora de dialogar con CRA y Sociedad Rural: “Quieren un modelo comercial que no es el que definió este gobierno. Y en estos años, este modelo puede mostrar progreso.”
En la Federación Agraria la reacción de Llambías y Biolcati generó bronca. Y le dio argumentos al sector que impulsa, desde mediados del año pasado ante el fracaso de la estrategia parlamentaria del sector, la disolución de la comisión que agrupa a las cuatro entidades agropecuarias. Hasta Buzzi, que suele estar entre los moderados, que reconoce que no quiere ser él quien abandone la Mesa de Enlace, dijo: “Nosotros hemos sido muy severos con el gobierno. De lo que menos nos pueden acusar es que seamos ventajeros u oficialistas. Pero también tratamos de ser objetivos: no hacemos ni seguidismo idiota ni oposición cerrada. Por eso no estoy de acuerdo con que algunos de mis colegas hayan pedido la renuncia de Julián Domínguez. Cuando toman una medida que va en la dirección correcta hay que decir lo que es: es una buena noticia.”
Y volvió, como hace poco más de un mes, a poner en duda el futuro de la Mesa. “En este clima cuesta tener acciones conjuntas. En 2008 nos unió el espanto. Cuando llega el momento de un tiempo político más complejo aparecen las diferencias cada vez más marcadas”, reconoció.
En ese clima pesado, el que trató de mediar fue Carlos Garetto, el jefe de Coninagro. No fue una novedad: a menudo, cuando Buzzi y sus socios se critican a través de los medios, es el encargado de poner los paños fríos. Garetto llamó ayer a sus tres socios. Les propuso hacer un comunicado conjunto. A Buzzi intentó convencerlo con su talón de Aquiles: “Así vos no quedás pegado con el gobierno.” Pero desde la Federación Agraria le contestaron que lo iban a discutir hoy mismo cuando se reúnan los 54 directores (entre titulares y suplentes) en Rosario.
Tal vez por eso, la Sociedad Rural insistió con su denuncia. Y le reclamó a las Bolsa de Cereales porteña y a la de Rosario investigar la compra de 500 mil toneladas de trigo de la industria molinera a cooperativas asociadas a la Federación Agraria. De paso, Biolcati acusó a Julián Domínguez de formalizar el descuento que sufren los productores –a manos de las exportadoras, los acopiadores y los molinos– con una nueva categoría de FAS teórico llamado “trigo pan baja proteína”.
La nueva polémica ruralista tendrá, coinciden todos, sus secuelas. Los pronosticadores de turno dan más precisiones: dicen que la próxima batalla tendrá lugar cuando se inicie el próximo período legislativo y el gobierno, finalmente, envíe al Congreso un paquete de leyes para proteger a los pequeños arrendatarios y no permitir la compra de tierra a extranjeros.
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