viernes, 28 de enero de 2011

Una medida del gobierno provocó otro cimbronazo en la Mesa de Enlace


Una medida del gobierno provocó otro cimbronazo en la Mesa de Enlace



El Ministerio de Agricultura le pidió a la industria molinera que le compren 500 mil toneladas de trigo a precio pleno a Agricultores Federados Argentinos. Llambías y Biolcati denunciaron “amiguismo” y repudiaron la gestión.
 
La fragilidad de la Mesa de Enlace volvió ayer a la superficie, apenas 24 horas después de terminado el cese de comercialización de granos. Mario Llambías y Hugo Luis Biolcati, de Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural, subrayaron su desagrado porque el gobierno nacional pidió a los molinos que le compren medio millón de toneladas de trigo, a precio pleno, a la cooperativa AFA, hermanada con la Federación Agraria Argentina. Eduardo Buzzi prefirió morderse la lengua. Y desde el Ministerio de Agricultura justificaron la determinación: la obligación de los funcionarios –dijeron– es defender el precio de los productores trigueros.
Pudo haber sido una venganza. Llambías y Biolcati, este mismo martes, quisieron redoblar la apuesta en el conflicto por el trigo. Y Buzzi, presionado por la cúpula de la FAA, se abstuvo. Por esas horas, en los pasillos ruralistas, ya se sabía que los federados estaban negociando con el gobierno para poder garantizarle a sus productores que cobren los 200 pesos por tonelada que, durante los últimos meses, quedaron en manos de exportadoras y molinos. Tiempo Argentino, de hecho, relató esas conversaciones en la edición del martes.
Pocas horas después de la frustrada reunión de los ruralistas, que apenas pudieron consensuar un “estado de alerta”, los jefes de las dos entidades más conservadoras cruzaron fuerte al ministro de Agricultura y, de paso, a la Federación Agraria. CRA y la Sociedad Rural denunciaron una nota enviada por la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) a sus molinos asociados para instruirlos a realizar una compra “discrecionalmente dirigida” de 500 mil toneladas de trigo. Esa compra deberá ser realizada en el plazo de 30 días a una sola cooperativa y al precio FAS teórico. Según las entidades la nota hacía referencia a “expresas instrucciones del ministro de Agricultura, Julián Domínguez”.
La denuncia de Llambías y Biolcati argumenta que la intervención del gobierno no permite transparentar el mercado del trigo. Es, justamente, uno de los puntos gruesos en los que difieren programáticamente con Federación Agraria que considera necesario recrear, de algún modo, a la Junta Nacional de Granos. Una concepción similar a la que defiende el ministerio de Agricultura, sin muchos instrumentos, ya que las herramientas estatales para intervenir fueron pulverizadas, primero por la última dictadura militar y luego por el gobierno de Carlos Saúl Menem.
“La irrupción digitada de compras a determinados vendedores acrecienta el intervencionismo oficial que ha generado la total distorsión del mercado triguero, en detrimento de unos pocos elegidos, que medran con dicha situación”, advirtió CRA. Por su parte, la Sociedad Rural Argentina repudió la situación y denunció que el agro está “ante una nueva demostración de amiguismo en el comercio de granos”.
El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, defendió la gestión. “Desde el Ministerio de Agricultura somos facilitadores para acercar las distintas áreas de competencia y defender al productor. Damos respuesta en el marco de la urgencia que tienen para comercializar su trigo”, dijo. “El ministro de Agricultura es un gringo del interior peronista, filosóficamente cooperativista y socialmente federado. Por lo tanto, nuestro objetivo es canalizar y actuar en consecuencia para que los productores que más dificultades tienen puedan comercializar el trigo al precio FAS teórico”, repitió. Y agregó que se hicieron gestiones similares por 70 mil toneladas para Entre Ríos, por 500 mil para Puerto Quequén y Bahía Blanca.