domingo, 13 de marzo de 2011

LOS FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DESAPARECIDOS DE LA MERCEDES BENZ ESPERAN QUE SE ACTIVE LA CAUSA

Los crímenes económicos de la dictadura continúan sin condena



La Secretaría de Derechos Humanos intenta demostrar que la apropiación de empresas y la desaparición de delegados son delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. Investigan la complicidad civil.
 
Los familiares de los 17 trabajadores de la Mercedes Benz secuestrados durante la dictadura recuperaron la esperanza de poder hacer justicia a partir de que en el país se abrió la posibilidad de discutir los crímenes de lesa humanidad cometidos con el propósito de sacar rédito económico. La Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con motivación económica, a cargo de Luis Alén y dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, investiga si hubo y cuál fue participación de las empresas en la instauración de la represión ilegal. Por lo pronto, esta semana se conoció la identificación de los restos de Carlos Alberto De Lorenzo, un obrero al que supuestos agentes de la policía federal secuestraron en su lugar de trabajo, un laboratorio químico en La Matanza.
Esta unidad, que ya lleva registradas hasta el momento 604 empresas apropiadas durante el accionar represivo, es también la que investiga cómo desaparecieron los miembros de las comisiones internas de delegados de las firmas que más crecieron durante la dictadura. Lo que se intenta demostrar es que en ambos casos, la apropiación de empresas y la desaparición de delegados y activistas durante la dictadura, son delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. En el caso de los obreros desaparecidos, se intenta esclarecer el grado de participación de los directivos de las empresas y determinar si sólo resultaron favorecidas por la implementación de un modelo económico, o si formaron parte activamente de la represión al colaborar con la desaparición de los integrantes de las comisiones internas y activistas.
Antes del golpe militar, en el noroeste del Conurbano Bonaerense se instalaban grandes plantas industriales de firmas como Mercedes Benz, Ford y General Motors, La Cantábrica, Deutz, Good Year, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Celulosa Argentina, Acindar, Tensa, entre otros. Muchos de sus delegados y activistas fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino que funcionó en Campo de Mayo por donde pasaron más de 6000 detenidos desaparecidos.
Por ahora, los restos de Carlos Alberto De Lorenzo, exhumados del cementerio del partido de La Matanza entre 2006 y 2007 pero que recién fueron identificados a fines de febrero dan cuenta de esta metodología de exterminio. De Lorenzo fue secuestrado el día 28 de julio de 1977 por un grupo de personas que manifestaron ser de la Policía Federal y que se presentó en su lugar de trabajo, “Laboratorios Rhodia SA”, ubicado en el Partido de Quilmes. Tenía 27 años y trabajaba como técnico químico.
Mientras la investigación judicial sobre los delegados secuestrados de la planta de González Catán de la Mercedes Benz duerme en el Juzgado Federal de San Martín Nº 2, hoy a cargo del conjuez Juan Manuel Yalt, en los Estados Unidos se espera abrir una causa civil para demandar a la empresa por delitos de lesa humanidad por la que podría perder millones de dólares, ya que allí existe una ley que exige que las empresas que instaladas en ese país no cometan delitos de lesa humanidad en el resto del mundo. De hecho, gracias a esta legislación, la Mercedes Benz ya perdió un juicio por complicidad con el apartheid en África. Ahora, la demanda por los 14 desaparecidos y tres sobrevivientes que se inició en California en 2004 podría finalmente devenir en un juicio antes de fin de año.
Esa histórica investigación judicial se inició con el testimonio del ex trabajador Héctor Ratto en el Juicio a las Juntas en 1984 y quedó suspendida por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Luego fue retomada en 2002 pero, por ahora, sigue sin mayores resultados.
Eduardo Fachal, uno de los obreros que trabajó en la Mercedes Benz como operario en el área de tratamiento térmico de la planta entre 1974 y 1981, es uno de los testigos que en agosto aportó información a la causa “El mismo abogado de la empresa, Rubén Cuevas, reconoció en los Juicios por la Verdad que la empresa tenía dos archivos con legajos, uno el que se exige por ley de documentación laboral y otro con las actividades sindicales que realizábamos cada uno dentro de la fábrica”, relató a Tiempo Argentino.
La abogada querellante de los tres sobrevivientes y familiares de los 14 desaparecidos, Florencia Arietto, aseguró que está probada la complicidad del gerente de la planta de González Catán, Alejandro Tomás Tasselkraut. Sólo falta decisión para imputarlo. “Tenemos probado que Tasselkraut entregó una lista para eliminar a 17 trabajadores, de los cuales tres son sobreviviente, los únicos que fueron secuestrados dentro de las instalaciones de la misma empresa. Eran los 17 combativos los que rompieron con la conducción del SMATA, que le hacen la gran huelga. Es entonces cuando Carlos Ruckauf saca el decreto de eliminación del elemento subversivo”, relató la abogada Arietto en relación a la norma firmada por el entonces ministro de Trabajo, el 6 de octubre de 1975.
En los archivos de la DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), que ahora resguarda la Comisión Provincial por la Memoria, están los registros de espionaje de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todos los policías que ocupaban cargos de seguridad o vigilancia en las fábricas elaboraban listados, con nombre, dirección, pertenencia sindical y grado de activismo en la fábrica. De hecho, en la planta de González Catán de la Mercedes se desempeñaba el subcomisario Rubén Lavallén como jefe de Seguridad, quien a su vez, respondía a la delegación de inteligencia de Morón. Lavallén es el apropiador de la primera nieta recuperada por las Abuelas de Plaza de Mayo, Paula Loares, hija de  Mónica Grinspon y Claudio Logares, una pareja secuestrada en Uruguay que fue desaparecida en el centro clandestino que funcionaba en la Brigada de Investigaciones de San Justo, de donde Lavallén había sido comisario. Para la abogada Arietto la causa no avanza porque “falta la decisión valiente de los jueces a los que les sobra coraje para juzgar a los débiles, y les falta cuando hay que tocar intereses y establecer reglas claras con las empresas”.