NO TODO ES COMO LO PINTAN, AL GOBIERNO DEL TRAIDOR ALAN GARCIA.
LOS MEDIOS MONOPOLICOS Y ECONOMISTAS NEO-LIBERALES ARGENTINOS, PINTAN UN PERU, QUE TIE EL MAYOR CRECIMIENTO DE AMERICA LATINA, PERO AL IGUAL QUE CHILE DE PIÑERA, ESCONDEN LOS CONFLICTOS SOCIALES QUE PADECEN POR SU POLITICA, APLICADA EN LA ARGENTINA EN LOS AÑOS 90', Y QUE LOS GORILAS AÑORAN.
ESTO DICE EL DIARIO PERUANO http://www.prensaescrita.com
Los cuatro conflictos sociales urgentes que deberá resolver el próximo gobierno
Al iniciar su segundo gobierno en el 2006, Alan García recibió un promedio de 84 conflictos sociales a resolver. A dos meses de dejar el poder, su gestión los triplicó: son 251 los conflictos que este 28 de julio le endosará al siguiente gobierno, la mayoría por oposición a la abierta política de concesiones e inversiones mineras a lo largo y ancho del Perú. Infos presenta los cuatro más urgentes que el próximo presidente deberá atender.
El gobierno del presidente Alan García mantuvo el buen ritmo de la economía, reflejado en la constante disminución de la pobreza. Sin embargo, para muchos, los resultados electorales de la primera vuelta, apoyando una opción que predica el cambio, demostraron que una buena parte de la población está lejos del 7.2% promedio de crecimiento anual.
El sondeo de la Defensoría del Pueblo aporta una prueba más del descontento social, se trata de la triplicación del número de conflictos sociales en todo el país: de los 84 registrados en julio del 2006 cuando García asumió el gobierno, a los 251 registrados a abril de este año, a pocos meses de las elecciones generales para el periodo 2011-2016.
Una política de concesiones que no cumplía con la consulta previa a los pueblos originarios (convenio 169 de la OIT) y la posición confrontacional del Gobierno, hecha pública en decretos como el 982 (inimputabilidad a los miembros de FF.AA. que maten cumpliendo el deber, como en las protestas) fueron característica constante de la poca actitud concertadora del gobierno saliente, y que tuvieron su lado más personalista en la publicación de los artículos “El síndrome del perro del hortelano”, del presidente Alan García.
Otro hito del avasallador ritmo con el que el actual régimen quiso imponer algunas inversiones son los Decretos de Urgencia 001 y 002, diseñados para ejecutar proyectos de inversión sin la necesidad de Estudios de Impacto Ambiental Social (EIAS). Su intención era agilizar los procesos de ejecución de un total de 33 proyectos, ante lo que la Defensoría del Pueblo, sin encontrar la urgencia que se imponía, los consideró “inconstitucionales”.
El conjunto de estas acciones legales y la abierta política de inversiones “sí o sí” del actual gobierno no solo triplicó el número de conflictos sociales durante su quinquenio, sino que, a puertas de dejar el cargo, le heredará al próximo mandatario al menos cuatro papas calientes que deberá resolver. Y son las siguientes:
1. Protesta anti minera. (Puno)
Boicot, conspiración, enturbiar, irracional. Estas son palabras clave con las que algunos medios especulan para entender y explicar el paro indefinido en Puno. Pero la movilización aimara en el sur del departamento tiene otros argumentos: no se respetó el derecho a la consulta previa y por eso los aimaras del sur de Puno exigen declarar ese territorio libre de minería, así como la intangibilidad de la zona del Apu Khapia, monte sagrado, que se encuentra ubicado dentro de un área concesionada. Sin embargo, las protestas efectivamente podrían terminar en que la región, donde 53% votó por Humala en primera vuelta, no vaya a votar este domingo.
El desborde que hoy vive Puno se veía venir. El próximo presidente tendrá que lidiar con el departamento considerado el más conflictivo en el 2010, que, no es casualidad, es el segundo con más concesiones mineras. Pasó de 852,000 hectáreas concesionadas en el 2006 a 1.644 millones de hectáreas en el 2010: un aumento de 279%.
Ollanta Humala, candidato de Gana Perú, tiene llegada en Puno. De ganar las elecciones, ¿cómo enfrentaría este conflicto en una de las regiones donde logra más votos? De ceder al pedido de la población de la zona sur de la región tendría que descontar de esta área los ingresos por sobre ganancias mineras de los que ha hablado a lo largo de su campaña. Pero hay más, ¿qué pasaría con el extremo norte de Puno? Allí –zona quechua– la provincia de San Antonio de Putina tiene el 40.3% de su territorio concesionado y miles de personas viven directa o indirectamente del mercado de la minería informal, como en La Rinconada.
En cuanto a Keiko Fujimori, es sabido que Puno no es su fuerte –obtuvo 13% de los votos en la primera vuelta– y el estilo del fujimorismo se acerca más a la visión aprista de El perro del hortelano para imponer su visión de mercado, reflejado en el ingreso de las Fuerzas Armadas a Puno, en vez de reforzar una Comisión de Alto Nivel cuya capacidad de diálogo no estaba dando resultados.
Si bien la protesta es contra cualquier tipo de inversión minera futura, el caso de Santa Ana llevó a generalizar el reclamo contra todo el sector: la empresa estaba lista para iniciar la explotación, pese a que no se había cumplido con el proceso de consulta previa que se debe solicitar a las comunidades locales antes de llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental.
Los 23 días de protesta social contra la gran minería en Puno ha socavado la autoridad del presidente regional Mauricio Rodríguez. Este fin de semana, la Presidencia del Consejo de Ministros –reunida en Lima– llegó a un acuerdo con las autoridades regionales para que se deponga el paro hasta después de la segunda vuelta. Sin embargo, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur Walter Aduviri podría desconocer la tregua porque los acuerdos no solucionarían sus demandas. ¿Quién manda a quién?
Hace dos semanas se logró que la zona del Apu Khapia amenazada por las concesiones fuera declarada por el Estado como Patrimonio Cultural de la Nación ante el pedido de la población puneña para proteger al monte tutelar. Ayer se oficializó el Decreto Supremo Nº 026-2011-EM por el que se suspende la admisión de petitorios mineros en 4 provincias de Puno por un periodo de 12 meses. Sin embargo estos primeros pasos del Ejecutivo no han sido suficientes, y aún son inciertas las elecciones presidenciales en la región.
De cómo resuelva el próximo gobierno este conflicto social dependerá que esta llama prendida no se propague a otras regiones. Son varias las que tienen múltiples pedidos, con demandas similares, y que podrían tener en Puno un (mal) ejemplo de cómo es que el pueblo puede obtener realmente la atención del Gobierno Central.
2. Proyecto minero Tía María (Islay, Arequipa)
Aunque la calma volvió a Islay desde que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, declaró cancelado el proyecto minero Tía María, desarrollado por Southern Cooper, ésta al parecer no tendrá larga vida.
Los US$118 millones que la empresa ya había invertido en el proyecto hasta el 2009, ha llevado a su directorio a evaluar la posibilidad de postergar el proyecto hasta el 2013, plazo máximo que se ha dado la minera para concretar la inversión, y para el que, de todas maneras, tendrá que renegociar con el próximo gobierno, a menos que muevan el proyecto a Chile o Argentina.
Luego de las constantes protestas durante el año pasado, el 2011 empezó mal para Tía María: una violenta huelga indefinida en febrero, con un saldo de tres muertos, terminó por enturbiar más el proyecto al que la población se oponía por temor a que sus áreas de cultivo y pastado se vean afectadas. En el 2009, la empresa había dado a conocer que el proyecto utilizaría unos siete millones de metros cúbicos de agua subterránea.
La empresa aseguró que las comunidades no se verían afectadas pues eran aguas que nadie utilizaba. Sin embargo, ante la polémica, el Estudio de Impacto Ambiental Social (EIAS) consideró la propuesta inicial de los gobiernos locales: desalinizar agua de mar para que sea usada en sus operaciones. A ello se sumó la exorbitante suma que el ministro Pedro Sánchez lanzó para Arequipa: S/. 367 millones anuales por canon minero.
Para transparentar el proceso, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) firmó un convenio el 23 de noviembre de 2010 con la UNOPS, la agencia de las Naciones Unidas encargada de asesorar, entre otros casos, procesos ambientales. Esto debido a las protestas registradas ese año por desacuerdos con el EIAS de la empresa.
Entrampamientos entre el MINEM y el Ministerio de Economía y Finanzas impidieron este año que el acuerdo con la UNOPS siga adelante, al no poder pagar los US$5 millones restantes por la asesoría. Ante este nuevo tropiezo se reanudaron las protestas, que volvieron a tener un punto alto el 5 de abril, sumando una víctima fatal más a la polémica.
El Gobierno Regional de Arequipa decidió suspender las operaciones del proyecto Tía María, a lo que siguió la declaración de nulidad del mismo por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el incremento del precio internacional del cobre, ahora a US$9 onzas cuando Southern Cooper lo había proyectado a US$4, mantiene latente el interés de la empresa que, calmados los ánimos, intentaría sacar adelante bajo las condiciones del próximo gobierno.
3. Proyecto Hídrico Majes Siguas II. (Cusco y Arequipa)
Un hipotético gobierno de Keiko Fujimori, tendría en el Proyecto Hídrico Majes Siguas II su primera piedra, teniendo en cuenta las duras declaraciones que durante la campaña tuvo sobre el caso. Fujimori manifestó que lo que existe en la zona es desinformación y que las protestas son solo “una manipulación política de radicales que han llevado al levantamiento a la población”.
El proyecto planea llevar las aguas del río Apurímac, en Cusco, hacia Arequipa, e irrigar en su camino 38,500 hectáreas de campos, beneficiando a su paso, además de a estas dos regiones, a Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna. A eso es precisamente a lo que se opone Cusco, a que sea “su agua” la que beneficie a otras regiones, principalmente a Arequipa, provocando un posible desabastecimiento en la región.
El conflicto social, devenido en una guerra de intereses regionalistas, reventaría también, inevitablemente, en un posible gobierno de Gana Perú. Y es en este caso en particular en que la decisión al respecto que tomaría Ollanta Humala, como presidente, sería de especial cuidado: tanto Cusco como Arequipa, las dos regiones en disputa, son de las plazas electorales donde mayor votación ha obtenido Humala. ¿A cuál de las dos le dará la razón? ¿Cómo resolvería el tema?
El proyecto ya ha sido concesionado: en setiembre del 2010 el consorcio Cosapi (Perú), Cobra Instalaciones y Seguros (España) ganaron el concurso de Proinversión para el desarrollo del Proyecto Hídrico Majes-Siguas II. La inversión total se calculó en US$404.7 millones, distribuida entre el Estado, privados y el gobierno regional.
Desde entonces se han registrado una serie de protestas y reclamos, que tuvieron su origen en pueblos de ambas regiones, para luego ser representados por sus respectivos presidentes regionales. La primera en protestar fue Yauri, capital de la provincia de Espinar, en Cusco, que el trece de setiembre amaneció con los negocios cerrados y las instituciones públicas resguardadas por policías: había huelga.
Inmediatamente el Ministerio de Agricultura (MINAG) les garantizó la existencia de recursos hídricos suficientes. La cuenca del Apurímac es recorrida por 150 millones de metros cúbicos de agua y “el déficit que podría tener Espinar en los próximos 20 años era de apenas 12 millones de metros cúbicos”, dijo entonces el ministro Adolfo de Córdova y refirió que las huelgas eran promovidas por personas que desinforman con el objetivo de “fomentar candidaturas”.
El presidente regional de Cusco, Hugo González, convocó a una marcha contra el proyecto y solicitó instalar una mesa de diálogo. La Defensoría del Pueblo ya lo había pedido antes. Arequipa, la región más beneficiada con el proyecto, rechazaba los reclamos cusqueños que duraron 48 horas en el primer paro en la ciudad (setiembre, 2010) –llevaba diez días en la provincia de Espinar– que incluyó la toma de la Universidad San Antonio de Abad y el incendio de un espacio descampado en el aeropuerto internacional.
Jorge Villasante, ministro de la Producción, presidió la Comisión. El 24 de setiembre dijo que se iniciaría el proyecto solo si confirmaban que Espinar no sufriría impactos negativos. Espinar levantó la protesta para establecer la mesa de diálogo. El Estado aceptó invertir S/. 17 millones para resolver los problemas de abastecimiento de agua detectados en la zona.
Sin embargo se firmó luego el contrato de ejecución de la represa de Angostura en Arequipa (parte de Majes Siguas II), ante lo que el presidente regional de Cusco anunció “carne, marchas y bloqueo de vías”. En respuesta, su par arequipeño, Juan Manuel Guillén, dijo que ese era “el proyecto más importante para la región sur del país” y denunció a la Sala Única de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco por ratificar la paralización de Majes Siguas II.
Así, con el respaldo del presidente regional de Arequipa, esta vez las protestas se iniciaron del otro lado de la cordillera: el Frente de Defensa de las Provincias del Cono Norte de Arequipa cerró los accesos de la carretera a Cusco y Puno, protestando contra la oposición cusqueña al proyecto.
Las obras de habilitación en Arequipa para el camino hacia Angostura, donde se construirá una represa como parte del proyecto, continúan. No se sabe qué sucederá cuando sea el momento de que las obras lleguen a Cusco. El Ejecutivo no ha dicho nada desde antes de las elecciones, por lo que definitivamente se trata de la tercera papa caliente para las manos del siguiente gobierno.
4. Río Blanco Cooper (Minera Majaz). Huancabamba y Ayabaca, Piura
Será durante el próximo gobierno que Río Blanco Cooper entre a su etapa de operaciones, y con ello reavive en las comunidades vecinas al proyecto la oscura historia de la instalación de esta inversión –primero británica y ahora china– en la sierra de Piura. El 2015, según la cartera de proyectos de inversión del Ministerio de Energía y Minas, la minera empezará a operar luego de una accidentada fase de exploración.
Apenas con ocho años en el Perú, desde que en el 2003 inició los trámites para asentarse bajo el nombre de Minera Majaz (propiedad de Monterrico Metals), el proyecto carga con un terrible saldo: siete muertos en medio de protestas y emboscadas, decenas de detenidos y una denuncia fundada contra la empresa por el secuestro y tortura de 28 comuneros, que llegó incluso a tribunales internacionales; todo ello a partir de la negativa de los pobladores a la instalación de la mina en Ayabaca y Huancabamba, en Piura.
El año 2003 es clave en esta historia. Durante ese periodo no solo el gobierno de Alejandro Toledo declaró el proyecto minero Majaz como necesidad pública y de “interés nacional” y aprobó luego su evaluación ambiental, sino que las comunidades de Segunda y Cajas (en la provincia de Huancabamba) y la de Yanta (en la provincia de Ayabaca) acordaron no permitir trabajos mineros en su territorio. Ese mismo año, tras la primera protesta, se registró el primer muerto.
Pero lo peor vino en el 2005. Cuando cientos de comuneros en protesta se dirigieron al campamento minero, dispuestos a entrar, los agentes de seguridad de la empresa Forza, que resguardaba las instalaciones de Minera Majaz, no solo se los impidieron, sino que producto del enfrentamiento, además de un muerto, secuestraron y luego torturaron a 28 comuneros –se supo luego– , por ordenes de la empresa.
Tres años después, y tras una investigación, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció por tortura y asesinato a funcionarios de la Minera Majaz, mostrando luego fotografías que comprobaban lo sucedido: amarrados de pies y manos, y con bolsas negras sobre sus cabezas, las imágenes muestran los vejámenes que sufrieron los campesinos que protestaron aquella vez.
Aunque para entonces Monterrico Metals ya había vendido Minera Majaz al consorcio chino Zijin, que pasó a llamar al proyecto “Río Blanco Cooper”, en el 2009 Louis Mc Gregor, jurista del estudio inglés Leigh Day & Co., que lleva casos internacionales sobre derechos humanos, denunció a los dueños originales, por ser británicos, ante la Alta Corte del Reino Unido, que congeló US$8 millones de Monterrico Metals para asegurar la indemnización de los afectados.
Pero la denuncia por secuestro y tortura no fue la última que enturbió la instalación de la mina. A la par de las sucesivas protestas, con sus respectivos heridos y muertos, la intención de extraer cobre de la sierra piurana tuvo otros traspiés. Como Minera Majaz, el Ministerio Público la denunció por usurpación de tierras; como Río Blanco Cooper, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería le impuso una multa por S/. 350,000 por incumplir normas de limpieza, higiene, seguridad minera y conservación del ambiente.
Con todo, el gobierno de Alan García fue adelante con el desarrollo del proyecto, firmando por ejemplo la Resolución Ministerial Nº 361-2007-MEM/DM en la que pactó estabilidad jurídica para la empresa. A solo cuatros años para que la empresa empiece a operar, este es un conflicto que se reanudará en cualquier momento.
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