El legajo secreto del torturador que se reunía con Magnetto

Oscar Gallino fue uno de los jerarcas militares que ideó la estructura criminal que se instaló en la Argentina entre 1976 y 1983.

Oscar Gallino murió en 2007. En 1977, Videla lo designó “preventor” del Consejo de Guerra contra Lidia Papaleo. El 7 y 9 de abril de ese año recibió a los directores de los diarios. Para la justicia, ostentaba el poder de mando sobre los represores.

Fue uno de los jerarcas militares que ideó la estructura criminal que se instaló en la Argentina entre 1976 y 1983: “elaboró la Doctrina de Guerra a emplear”, aseguró la justicia, citada en un artículo de Tiempo Argentino. Ostentaba el poder de mando sobre los represores de los centros clandestinos de detención. Sus interrogatorios eran al fuego de la tortura y los vejámenes. Cuando Jorge Rafael Videla se lo pidió, aceptó el cargo de “preventor” en el caso Graiver. Con esas medallas, Oscar Bartolomé Gallino se puso al frente de los martirios y persecuciones que sufrieron los familiares y empleados del banquero David Graiver cuando fueron despojados de Papel Prensa, a manos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Un general cuya historia comenzó a develar Tiempo Argentino el 5 de septiembre pasado y hoy se completa con la publicación de su legajo y su accionar.

El primer pedido de detención de Gallino, durante el primer semestre de 2008 (cuando ya estaba muerto), lo realizó la Unidad Fiscal Federal de La Plata, en el marco de la causa “Circuito Camps”. Requerimiento que reiteró el 7 de septiembre pasado. “No sólo tenía conocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención –aseguró el fiscal federal Sergio Franco sobre Gallino, hace dos años–, sino que concurría a ellos, ostentaba poder de mando sobre los represores de cada uno de esos lugares y procedía a interrogar a personas que habían sido vejadas y torturadas previamente. Por ello, en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba en el Ejército y el poder de hecho que realmente tenía, más la libertad con que desplegaba su accionar sobre personas secuestradas y torturadas, el imputado Gallino debe responder por las privaciones ilegales de la libertad, las torturas y las tentativas de homicidio” de 69 personas.

Con este hombre se reunieron los directores de los diarios Clarín, La Nación y La Razón el 7 y 9 de abril de 1977, para informarlo sobre el traspaso accionario de Papel Prensa y los vínculos económicos de la familia Graiver. Para elaborar “sendos informes” y, más tarde, “preparar los interrogatorios”.

Pero Gallino no podrá responder las preguntas de los fiscales ni los magistrados. El general de brigada murió el 14 de noviembre de 2007, meses antes de ser requerido por la justicia.

No obstante, a partir de los documentos que sobrevivieron a la dictadura, producto de la burocracia homicida, Tiempo reconstruyó la historia de torturas y negocios siniestros. Una historia que revela en su real magnitud la relación de los genocidas con los tres diarios.

Oscar Bartolomé Gallino se hizo cargo de la “investigación” sobre Papel Prensa el 6 de abril de 1977, cuando asumió como “preventor militar”, nombrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla.

La Junta había decidido en la Casa Rosada que él era el elegido para continuar la tarea a base de picana y vejaciones que había comenzado el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, Ramón Camps. Su tarea era recopilar la documentación probatoria que sirviera de estructura para condenar a los Graiver en el Consejo de Guerra Especial Estable Número 2, paso previo para que los imputados fueran procesados en la justicia penal y civil, para terminar de despojarlos de sus bienes sin obstáculos.

En ese marco, un día después de su asunción, el flamante “preventor” recibió “a los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín, quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa”. El encuentro se repitió el 9 de abril del mismo año. Ese día, a las 20 horas, Gallino ordenó “interrogatorios” para el día 11. Los imputados estaban desaparecidos en los centros de tortura en manos de la patota de Ramón Camps.

Para entonces, Gallino contaba con un legajo abultado y era un militar reconocido por sus pares.

Egresado del colegio militar en 1946, ingresó al Ejército como subteniente de artillería. Desde entonces, su ascenso hasta los olimpos de los genocidas fue fulminante.

Alumno sobresaliente y aplicado, en el ’69 se convirtió en coronel. Desde entonces, se cruzó con diferentes superiores que marcarían a fuego su trayectoria y la de los años venideros en el país. Entre los años ’72 y ’73 lo calificaron con las mejores notas Santiago Omar Riveros y Leopoldo Fortunato Galtieri, dos de sus superiores directos. A finales del ’74, otro militar que sellaría los trágicos destinos de la Argentina le dio el visto bueno para avanzar un escalafón más en su carrera: “Se encuentra en condiciones para ascenso”, firmó el entonces general de brigada Jorge Rafael Videla. Al año siguiente ascendió a general de brigada con el padrinazgo de Roberto Eduardo Viola.

Ese año fue crucial para su futuro. Pero fundamentalmente para la suerte de miles de argentinos. Por entonces, Gallino viajó a España –según consta en su legajo– con motivo de la “comisión por las exequias del Gral. (Francisco) Franco”. Sin embargo, su ficha personal nada mencionó sobre su rol como ideólogo de “La Doctrina de Guerra”, que se ejecutó desde fines de 1975 hasta 1983 y dejó como saldo 30 mil argentinos desaparecidos.

Según se desprende a fojas 2525 de la causa 1/SE, el entonces inspector de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Peregrino Fernández declaró ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos “sobre la estructura de la represión ilegítima en la Argentina.” En su testimonio sostuvo que Gallino fue uno de los generales que elaboró “la Guerra a emplear contra la subversión”.

Así lo detalló en su libro Autocrítica Policial Fernández: “En las fechas anteriores al golpe militar, el alto mando del Ejército – es decir, los generales de división y aquellos generales que ocupaban cargos correspondientes a esa jerarquía, tal como el teniente general Jorge Rafael Videla, Comandante en jefe del Arma; general Roberto E. Viola, Jefe de Estado Mayor; los Comandantes del I Cuerpo, general Carlos G. Suárez Mason; del II Cuerpo, general Luciano Jáuregui; del II Cuerpo, General Luciano B. Menéndez; el del V Cuerpo, cuyo nombre no recuerda, el general Diego Urricarriet y el General Bartolomé Gallino, director y subdirector, respectivamente, de Fabricaciones Militares, y el director de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, elaboran la Doctrina de Guerra a emplear, proceso que se realiza en los últimos meses del año 1975.”

Eran pares y viejos conocidos. La mayor parte de los ideólogos del plan criminal conocía a Gallino desde finales de la década de 1960. Entre febrero y abril del ’76 lo premiaron con el cargo de subdirector del centro clandestino de detención El Tolueno (en la fábrica militar de tolueno sintético), en la zona de Campo de Mayo. Un año más tarde, tomó la posta de Camps en el caso Graiver y cambió de centrro clandestino de exterminio. Desde entonces pasó la mayor parte de sus días en los campos de exterminio Puesto Vasco, en Quilmes, y el Pozo de Banfield.

Las diferentes víctimas del caso lo señalaron como el “preventor militar” que los interrogó en cautiverio. Silvia Fanjul, empleada del Grupo Graiver, secuestrada el 14 de marzo de 1977, dijo que la “chuparon” porque estaban buscando a Lidia e Isidoro Graiver: “El 5 de abril nos trasladaron vendados en el piso de una camioneta al Área Metropolitana de Banfield –relató Fanjul ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el 14 de agosto de 1984–. A los días nos notificaron que pasábamos a depender del Preventor Militar, Coronel Gallino.”

En términos similares se expresaron Isidoro y Juan Graiver, entre otros testigos.

El comisario Ricardo David Ressia, ex titular de la seccional segunda de Banfield, afirmó que Gallino “concurría a aquella dependencia a diario a labrar actuaciones acompañado de personal militar”. Y el sobreviviente Omar Amílcar Espósito lo recordó así: “Me consta por dichos de otros detenidos que en el mismo caso que los generales Camps y Gallino concurrían a esta ‘cueva’ hoy conocida como Puesto Vasco para realizar interrogatorios.”

Ante estas circunstancias, el fiscal del caso sostuvo que en su carácter de preventor, Gallino no cumplió con ninguna de las obligaciones legales que le correspondían.

Con ese hombre se reunían Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Pero nada de esto quedó registrado en la prosa burocrática de su legajo. El interrogador de los Graiver tiene especificado un viaje a la República Federal de Alemania el 11 de marzo, durante 12 días, designado en comisión temporaria; y otro a Francia el 6 de junio del mismo año, por otros 14 días. En ese lapso, según revelaron los testigos y los documentos a los que accedió este diario, Gallino se dedicó exclusivamente al caso Graiver.

De acuerdo con el requirimiento fiscal, el 7 de abril, Gallino logró que ratificaran sus declaraciones todos los secuestrados del caso Graiver: (Dante) Marra, (Julio) Daich, (Silvia) Fanjul, (Lidia) Gesualdi, Lidia Papaleo, (Flora) Dybner de Ravel, (Jorge) Rodríguez, (Martín) Aberg Cobo, (Gustavo) Caraballo, (Ernesto) De Estrada y Juan e Isidoro Graiver. Fue el mismo día en que recibió en su despacho a Magnetto, Mitre y Peralta Ramos para producir los “sendos informes” sobre Papel Prensa ya mencionados.

Para tener una dimensión cabal de cómo funcionó el Consejo de Guerra para el cual Gallino recopiló la información de los secuestrados a base de torturas, se cita a la fiscalía que investigó el caso: en el Consejo de Guerra “las preguntas de un ignoto Coronel, rememora(n) las prácticas de la Santa Inquisición Medieval”.

Aquí aparece otro protagonista de esta historia: el teniente coronel Fernando Edgard Vivanco, secretario del Consejo de Guerra. Vivanco, con motivo de un reclamo a sus superiores en 1979, reveló cómo funcionaba el proceso para incriminar a los Graiver (ver recuadro).

“En julio de 1977 –dice el “reclamo” de ascenso de Vivanco que fue, a su pesar, edecán de Isabel Martínez de Perón– fui nombrado Secretario del Consejo de Guerra Especial Estable Número 2, creado para juzgar los hechos de connotación subversiva atribuidos al llamado ‘Grupo Graiver’ (…) El suscripto desarrolló en la pesona de dos de los implicados en el ‘caso Graiver’ un conveniente accionar psicológico, para que estos convalidaran con la verdad sus declaraciones. Es decir, reconocer por escrito a uno de los integrantes de la banda de delincuentes subversivos ‘montoneros’. Dichas declaraciones se transformaron en el elemento principal de prueba, estableciendo concretamente el vínculo que unía a los implicados con el caso, con la banda de delincuentes subversivos”, se jactó Vivanco en su pedido de ascenso.

Una de sus víctimas, lo recordó en detalle: “Fui torturada física y moralmente, se me juzgó y se me condenó por un Consejo de Guerra –relató Fanjul el año 1984 y lo ratificó dos décadas después–. Por lo que ellos entendían, era mi obligación (...) denunciar, no tenía ningún tipo de vinculación política, era sólo una nueva empleada ajena a las vinculaciones políticas de mis patrones y/o intenciones de los manejos financieros de los mismos. Hoy siento la obligación de denunciar a los que tomaron la justicia por su cuenta, usando métodos ilegales.”

Los propios detenidos debían elegir a un militar, marino o comodoro, como defensor ante el Consejo. Fanjul relató que lo hizo a dedo, de entre una larga lista, ya que no conocía a ninguno. Luego la trasladaron a una cárcel común en Devoto. El mismo itinerario que el resto de los secuestrados. Era el proceso final del “blanqueo” de las detenciones. Y del saqueo.

Con los Graiver ya en la cárcel, Gallino pidió el pase a retiro en 1980 y dejó el Ejército en 1981. El 29 de marzo del mismo año la dictadura premió su trayectoría: lo nombraron gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el 14 de enero de 1982. En ese entonces, fue entrevistado por el periodista José Ignacio López, biógrafo de Héctor Magnetto y actual vocero del diario La Nación.

Murió el 14 de noviembre de 2007. A pesar de todas las imputaciones en su contra, jamás declaró en un tribunal de la democracia. Después de 27 años, por fin se conoce su verdadera historia.