jueves, 25 de noviembre de 2010

LA FISCALÍA DE ROMA TERMINA LA PRIMERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN La justicia de Italia juzgará a 139 de los ejecutores del Plan Cóndor

LA FISCALÍA DE ROMA TERMINA LA PRIMERA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN

La justicia de Italia juzgará a 139 de los ejecutores del Plan Cóndor

Publicado el 25 de Noviembre de 2010
Se trata de genocidas argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, paraguayos, peruanos y uruguayos acusados de la desaparición o asesinato de 25 italianos durante los llamados “años de plomo” en el Cono Sur latinoamericano.
 
Después de más de diez años de investigaciones, la Fiscalía de Roma, Italia, cerró la primera etapa del proceso que le permitirá juzgar a 139 genocidas argentinos, bolivianos, brasileños, chilenos, paraguayos, peruanos y uruguayos que asesinaron o desaparecieron a 25 italianos al amparo del Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur americano.
El cierre de la instrucción judicial, en la que quedaron unificadas dos causas abiertas en 1999, precede al inminente pedido de extradición que culminará con el juicio oral y público de los indagados militares y civiles.
Entre los 140 imputados hay 59 argentinos, 7 bolivianos, 11 brasileños, 20 chilenos, 6 paraguayos, 4 peruanos y 33 uruguayos. La lista se redujo a 139 tras la muerte del ex dictador argentino Emilio Massera.
El la lista están el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, los dictadores uruguayos Juan María Bordaberry (civil) y Gregorio Álvarez (militar), y los también civiles uruguayos Walter Ravenna (ex ministro de Defensa) y Juan Carlos Blanco y Alejandro Rovira (ex cancilleres del régimen). También se enjuiciará a Manuel Contreras, ex jefe de la policía política de la dictadura chilena, al ex ministro del Interior de Paraguay, Sabino Montanaro, al ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez y a su primer ministro Pedro Prada Richter.
Uno de los casos de la causa unificada es “algo anómalo” dijo uno de los abogados querellantes, pues corresponde a un período anterior al golpe de Estado argentino del 24 de marzo de 1976. Se trata de hechos vinculados al asesinato del uruguayo Álvaro Banfi, un descendiente de italianos secuestrado en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1974, y ejecutado un mes y medio después, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y el auge de las actividades de la Alianza Anticomunista Argentina.
Según la investigación, Banfi fue asesinado en la noche del 29 al 30 de octubre de 1974, atendiendo a un pedido de la dictadura uruguaya (1973-1985), que contaba con colaboración del gobierno de la señora de Perón.
El Plan Cóndor era el sistema de coordinación represiva pergeñado por las dictaduras cívico-militares sudamericanas a instancias de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
 Sólo en la Argentina, el país de la región modelo en la persecución de los genocidas, cientos de militares y policías fueron juzgados y condenados o están en la etapa de los juicios orales por la desaparición de 30 mil personas y la apropiación de casi 600 bebés nacidos en cautiverio.
En cuanto a Uruguay, unos 30 represores, entre civiles y militares, están involucrados en la muerte o desaparición de al menos 13 ciudadanos ítalo-uruguayos. “Este acuerdo criminal entre los regímenes dictatoriales
sudamericanos tuvo como impulsor a Augusto Pinochet, que detentó el poder en Chile entre 1973 y 1990”, recordó ayer en Roma, refiriéndose al Plan Cóndor, el abogado italiano Giancarlo Maniga, defensor de la mayoría de las familias de las víctimas. En realidad, Chile y Paraguay fueron las cabeceras del Plan, pero su gestación se produjo en la CIA estadounidense.
Maniga aclaró que en el procedimiento contra los represores del Cóndor, las familias de las víctimas uruguayas están representadas por otros abogados, con los cuales “hemos trabajado codo a codo, en conjunto, para lograr que todos los genocidas paguen sus crímenes de lesa humanidad”.
El abogado recordó que “hace unos meses el fiscal Giancarlo Capaldo envió oficialmente a los indagados el aviso formal de ley sobre el fin de las investigaciones, lo cual le permite ahora pedir que las mismas se profundicen”, explicó.
Si no hay pedidos de nuevas investigaciones, la fase siguiente es el cierre de la etapa investigativa y el pedido formal de la Fiscalía para que se proceda a la apertura de juicio oral y público.