LOS MINISTERIOS DE TRABAJO DE NACIÓN Y PROVINCIA CLAUSURARON LOS ESTABLECIMIENTOS
Hallan a otros 276 obreros y 3 chiez federacos esclavizados en Ramallo y Arrecifes
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El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo allanó los campos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager por supuesta violación a la ley de prevención de trata de personas. UATRE denunció 546 nuevos casos en la zona.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo allanó los campos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager por supuesta violación a la ley de prevención de trata de personas. UATRE denunció 546 nuevos casos en la zona.
Al tiempo que el precio del maíz sigue creciendo en el mundo, brindando rendimientos formidables y se proyecta una muy buena cosecha de entre 22 y 27 millones de toneladas, la serie de inspecciones y detecciones de trabajo esclavo en la provincia de Buenos Aires no se detiene. Ayer, incluso, tomó intervención la justicia federal y hubo tres nuevas en Ramallo y Arrecifes, en las que se hallaron a 276 personas mayores y tres menores en condiciones insalubres en establecimientos de las firmas Southern Seeds Production y Satus Ager, que fueron clausuradas.
Los operativos conjuntos de los ministerios de Trabajo nacional y provincial permitieron la suspensión de actividades y el comienzo del proceso para que los trabajadores cobren sus salarios y vuelvan a sus hogares en Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, llevó adelante los allanamientos por supuesta violación a la Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas.
A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Municipio de Ramallo examinaron campos en las localidades de El Paraíso y Pérez Millán y encontraron a otros 546 hombres en circunstancias similares. El intendente, Ariel Santalla, confirmó que enviará fotos y actas a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense para que continúe con la investigación.
Lo actuado ayer por ambas carteras laborales empezó en un primer sector de la Estancia Santa Celestina, en Ramallo, explotada por Satus Ager, donde se contabilizaron a 17 varones en casillas de chapa a pleno sol, sin instalaciones eléctricas y que desempeñaban las tareas sin elementos de seguridad. Cruzando la Ruta 9, en el segundo campamento, se encontraron a tres cuadrillas que sumaban 45 obreros que acusaron no recibir alimentos desde el día anterior y aseguraron que los baños químicos fueron instalados en las últimas horas. A su vez, relataron que debían lavar sus pertenencias en envases de agroquímicos y que nunca tuvieron acceso a atención médica. También se constató la presencia de tres chicos de entre 16 y 17 años, uno de los cuales exhibió una fotocopia de DNI adulterada.
En el Paraje El Paraíso, a la altura del Cuartel 13, en Ramallo, fue registrada otra entidad rural, en este caso, a cargo de Southern Seeds Production, que contaba con la presencia de 35 peones. Allí se escucharon quejas respecto de la atención sanitaria, el costo de la comida y la ropa que ellos mismos debían comprar, y se verificó que las tareas se desarrollaban durante 12 horas por día como mínimo, sin descanso semanal.
Por último, en el kilómetro 50 de la Ruta 191, en Arrecifes, fueron hallados 179 jornaleros realizando tareas para Satus Ager, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin respetar ninguna de las normas laborales, ni de seguridad e higiene.
El 30 de diciembre pasado, Tiempo Argentino daba cuenta del hallazgo de 120 esclavizados en un campo de la firma Nidera, en el paraje Beladrich, en San Pedro. El martes 4 se hallaron a otros 69 en uno de la empresa Southern Seeds Production (SSP), en el paraje La Luisa. Todos volvieron a Santiago del Estero y el fiscal Rubén Darío Giagnorio imputó a 12 personas en la causa que instruyó por “reducción a servidumbre”.
Tras confesar que a medida que avanzaba lo “sorprendía la gravedad de los hechos”, este miércoles efectuó dos denuncias en la justicia federal, fuero al que seguramente irá a parar toda su instrucción.
Justamente, eso y las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), posibilitaron la intervención de Villafuerte Ruzo y la fiscal Paula Moretti.
La funcionaria detalló luego a la prensa lo que encontró en la finca de Ramallo. “Cuchetas al estilo militar, agua que traen de un molino que funciona cuando hay viento y cargan en tachos de glifosato, obreros que no saben cuánto van a cobrar, que les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio, que no tienen heladera, que se les pudre la carne que les dan, que firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí y que no tienen comunicación con su familia.”
Julio Piumato, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó además que en el lugar “se constituyó Pablo Lanusse –en referencia al ex interventor de la provincia de Santiago del Estero entre el 2 de abril de 2004 y el 23 de marzo de 2005–, ya que aparentemente la empresa es de un familiar de él. Daba la sensación de que querían hacer tráfico de influencias, porque no tenía nada que ver ahí”.
Lo cierto es que en la extensa pampa húmeda tal vez otros cientos o miles estén a la espera de volverse visibles y, así, poder alejarse del infierno.
Los operativos conjuntos de los ministerios de Trabajo nacional y provincial permitieron la suspensión de actividades y el comienzo del proceso para que los trabajadores cobren sus salarios y vuelvan a sus hogares en Santiago del Estero y Tucumán. Por su parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, llevó adelante los allanamientos por supuesta violación a la Ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas.
A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Municipio de Ramallo examinaron campos en las localidades de El Paraíso y Pérez Millán y encontraron a otros 546 hombres en circunstancias similares. El intendente, Ariel Santalla, confirmó que enviará fotos y actas a la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense para que continúe con la investigación.
Lo actuado ayer por ambas carteras laborales empezó en un primer sector de la Estancia Santa Celestina, en Ramallo, explotada por Satus Ager, donde se contabilizaron a 17 varones en casillas de chapa a pleno sol, sin instalaciones eléctricas y que desempeñaban las tareas sin elementos de seguridad. Cruzando la Ruta 9, en el segundo campamento, se encontraron a tres cuadrillas que sumaban 45 obreros que acusaron no recibir alimentos desde el día anterior y aseguraron que los baños químicos fueron instalados en las últimas horas. A su vez, relataron que debían lavar sus pertenencias en envases de agroquímicos y que nunca tuvieron acceso a atención médica. También se constató la presencia de tres chicos de entre 16 y 17 años, uno de los cuales exhibió una fotocopia de DNI adulterada.
En el Paraje El Paraíso, a la altura del Cuartel 13, en Ramallo, fue registrada otra entidad rural, en este caso, a cargo de Southern Seeds Production, que contaba con la presencia de 35 peones. Allí se escucharon quejas respecto de la atención sanitaria, el costo de la comida y la ropa que ellos mismos debían comprar, y se verificó que las tareas se desarrollaban durante 12 horas por día como mínimo, sin descanso semanal.
Por último, en el kilómetro 50 de la Ruta 191, en Arrecifes, fueron hallados 179 jornaleros realizando tareas para Satus Ager, en pésimas condiciones de habitabilidad y sin respetar ninguna de las normas laborales, ni de seguridad e higiene.
El 30 de diciembre pasado, Tiempo Argentino daba cuenta del hallazgo de 120 esclavizados en un campo de la firma Nidera, en el paraje Beladrich, en San Pedro. El martes 4 se hallaron a otros 69 en uno de la empresa Southern Seeds Production (SSP), en el paraje La Luisa. Todos volvieron a Santiago del Estero y el fiscal Rubén Darío Giagnorio imputó a 12 personas en la causa que instruyó por “reducción a servidumbre”.
Tras confesar que a medida que avanzaba lo “sorprendía la gravedad de los hechos”, este miércoles efectuó dos denuncias en la justicia federal, fuero al que seguramente irá a parar toda su instrucción.
Justamente, eso y las inspecciones de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), posibilitaron la intervención de Villafuerte Ruzo y la fiscal Paula Moretti.
La funcionaria detalló luego a la prensa lo que encontró en la finca de Ramallo. “Cuchetas al estilo militar, agua que traen de un molino que funciona cuando hay viento y cargan en tachos de glifosato, obreros que no saben cuánto van a cobrar, que les descuentan los implementos para higiene personal, que se los trae un proveedor pero no saben a qué precio, que no tienen heladera, que se les pudre la carne que les dan, que firman un contrato que dice que no pueden salir de ahí y que no tienen comunicación con su familia.”
Julio Piumato, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, precisó además que en el lugar “se constituyó Pablo Lanusse –en referencia al ex interventor de la provincia de Santiago del Estero entre el 2 de abril de 2004 y el 23 de marzo de 2005–, ya que aparentemente la empresa es de un familiar de él. Daba la sensación de que querían hacer tráfico de influencias, porque no tenía nada que ver ahí”.
Lo cierto es que en la extensa pampa húmeda tal vez otros cientos o miles estén a la espera de volverse visibles y, así, poder alejarse del infierno.
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