LA ALIANZA ENTRE LOS TRES DIARIOS Y LAS TRES ARMAS
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A quince meses del informe Papel Prensa - La verdad, se acumularon más de 14 mil fojas en el expediente. Ahora, el juez Ercolini tiene la oportunidad de profundizar en la investigación, leading-case de la complicidad cívico-militar en la dictadura.
Un alto funcionario judicial, atemorizado por perder su carrera judicial, presenta su renuncia. Un juez que se siente acorralado, rechaza dos veces la causa judicial. Otro juez que, en medio de la noche, recibe el llamado a su casa de un testigo que dice estar urgido por declarar, lo cita para el día siguiente en sede judicial, pero no deja constancia en el expediente del llamado inusual. El testigo, después de declarar y reunirse con representantes de Clarín y La Nación, se va de viaje al exterior y se torna imposible de contactar, excepto para empleados de Clarín y La Nación, como Joaquín Morales Solá. Dos abogados intentan hacer pasar por verdadera una foja trucha para beneficiar a sus defendidos. Una de las testigos principales vive amenazada. Tres dueños de medios de comunicación oligopólicos son imputados como sospechosos de ser partícipes necesarios de la posible comisión de delitos de lesa humanidad y denuncian “persecución”. Todo esto ocurrió en apenas 15 meses, desde que la presidenta Cristina Fernández presentó el informe oficial Papel Prensa - La verdad y decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción, distribución y comercialización de papel para diarios, algo así como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la prensa gráfica. Fue el 24 de agosto del año pasado y recién en estas sesiones extraordinarias se espera su tratamiento en el Congreso. Todo esto pasó, pero nada fue suficiente para que los imputados por la apropiación ilegal de Papel Prensa, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre hayan sido citados a declarar. Y no por falta de pruebas. De hecho, hace un año la causa judicial tenía apenas 100 fojas y ahora, gracias al trabajo esencial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, suma 14 mil, en 70 cuerpos, incluidas las pruebas presentadas por Tiempo Argentino. En ese expediente, que desde hoy analizará el juez federal Julián Ercolini, se encuentran las 30 pruebas clave que publica este diario para recordar que la profundización de esta investigación, con 35 años de dilaciones, no se hace por falta de elementos documentales o testimoniales, sino por una sinuosa voluntad judicial para llegar a la verdad.
01 Dictamen Ricardo Molinas sobre la elección de los tres diarios:
“Al conocerse la muerte o desaparición de David Graiver y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo, para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. La Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Esto surge claramente, no sólo de los dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas en autos (…) El precio fue objetado por lo bajo en el juicio sucesorio de David Graiver por el representante del Ministerio Público.”
02Testimonio de Isidoro Graiver, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, 6 de noviembre de 1985:
“En octubre de 1976, el doctor Miguel de Anchorena en ese entonces abogado apoderado de la sucesión Graiver, David, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una información del señor Francisco Manrique cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y el paquete de control o mejor dicho del control accionario de Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón.”
03 Declaración José Alfredo Martínez de Hoz ante Fiscalía Administrativa, 27 de noviembre de 1985:
“Interesaba que en definitiva la conducción de la empresa fuera llevada adelante por accionistas que tuviesen un verdadero interés y responsabilidad para llevarlo a cabo. La Junta aprobó el criterio de prestar su autorización para la transferencia de dichas acciones al grupo de los diarios (…) Se pensaba que este era el grupo más capaz, más responsable para llegar a la conclusión del proyecto y su puesta en marcha.”
04 Testimonio Lidia Papaleo, ante la Fiscalía Administrativa, 7 de noviembre de 1985:
“El Dr. Miguel de Anchorena le comunicó que Francisco Manrique le había manifestado que las autoridades nacionales deseaban que el Grupo Graiver vendiera el paquete accionario de Papel Prensa, del Banco Hurlingham y del Banco Comercial de La Plata, y que el comprador indicado sería los diarios La Razón, Clarín y La Nación (…) Que Martínez Segovia, presidente del directorio de Papel Prensa agregó que esa venta no podía efectuarse ni a personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero. (…) El precio era menor al que aspiraban pero no había otra alternativa.”
05Testimonio de Francisco Manrique (ex ministro de Bienestar Social 1970-72, David Graiver había asumido la Subsecretaría de Bienestar Social), ante Fiscalía Administrativa, 24 de abril de 1986:
“Lidia Papaleo (se comunicó) para informarme que en ese caso era el gobierno con una cabeza visible que era el doctor Podestá (su amigo y secretario de Promoción Industrial) que interfería en una operación de venta de Papel Prensa.” (Podestá) me dijo que “robarle a un ladrón tenía cien años de perdón, a juzgar por los calificativos que se echaban sobre los Graiver y las actitudes que aparentemente se estaban tomando contra ellos.”
06 Declaración de Pedro Jorge Martínez Segovia, Fiscalía Administrativa, 13 de noviembre de 1985:
“Fue una advertencia lógica como resultado de las normas que regían y rigen las transferencias de paquetes accionarios Clase A grupos extranjeros y en cuanto a la eventual venta a un miembro de la colectividad judía, pudo haber sido un consejo atento a las circunstancias del momento y no como una manifestación de antisemitismo (…) El Estado no quería estar asociado, aunque sea por un breve lapso, con el grupo Graiver, de gran notoriedad en esos momentos” (tener en cuenta notas publicadas).
07 Declaración de Emilio Eduardo Massera ante Fiscalía Administrativa, 5 de diciembre de 1985:
“Se analizó la posibilidad de que ingresara a la empresa, personas jurídicas o individuales de reconocida solvencia moral y material.”
08 Testimonio de Alberto Máximo D’Agostino, ante la misma Fiscalía, 4 de diciembre de 1984:
“Preguntado respecto a si al investigar la composición del paquete accionario de la empresa determinó la presencia de capitales pertenecientes a la Agrupación Montoneros, proscripta en aquel momento, responde que no. Que en ningún momento surgió un indicio en tal sentido.”
09 Acta secreta: los militares le quisieron poner una mínima condición a los tres diarios, a cambio de posicionarlos para el negocio, pero los diarios se negaron. Se les pedía que dejaran entrar en el negocio al resto de los periódicos del país y que les ofrecieran “hasta un 49% de las cantidades por ellos adquiridas en las mismas condiciones de precio y plazo”. En el Anexo II del Acta Secreta 14, del 15 de diciembre del ’76, quedó registrada la negativa: “Luego de pocas horas de tomar conocimiento, los diarios manifestaron la imposibilidad de contemplar favorablemente (el pedido), no creían prudente ceder acciones de la Clase A a otros posibles usuarios, pues se compartiría y debilitaría la conducción.”
10 Declaración de Raymundo Juan Pío Podestá, secretario de Desarrollo Industrial, ante la Fiscalía Administrativa, 17 de diciembre de 1985 (asesoró a pedido del ministro de Economía):
“El objetivo de la participación de los demás diarios (para que participen de la misma manera que Clarín, La Nación y La Razón) no se logró ya que los compradores preferían desistir de la compra antes que asumir el compromiso que se les pedía, lo que al final fue considerada razonable por la Junta. (…) Se tomó la decisión de no formar quórum hasta poner en conocimiento de la superioridad.”
11 Declaración judicial de Rafael Ianover ante el juez Arnaldo Corazza (7 y 14 de abril de 2010):
Relató diversas acciones ilícitas entre las que encuentran la detención ilegal y torturas de varios miembros de la familia Graiver y su entorno, así como su propia detención ilegal en condiciones inhumanas, todo lo que concluyó en el traspaso del paquete accionario de la empresa en cuestión: “el temor y el terror que vivía en ese tiempo no me permitieron leer el convenio que iba a firmar. Lo firmé porque era voz corriente en ese momento que había detenidos desaparecidos, y quería protegerme a mí y a mi familia.”
12 Presentación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación:
“La transmisión del paquete accionario de Papel Prensa SA que se encontraba en poder de Rafael Ianover, la firma Galería Da Vinci SA –de propiedad de David Graiver– y de los herederos de David Graiver realizada a favor de Fapel SA, habría sido llevada adelante mediante la comisión de los delitos de extorsión, privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones y asociación ilícita, de los que habrían resultado víctimas Juan Graiver, Eva Gitnacht de Graiver, Enrique Brodsky, Isidoro Miguel Graiver, Lidia Haydeé Brodsky de Graiver, Lidia Elba Papaleo de Graiver, Rafael Ianover, Lidia C. Gesualdi y Silvia Fanjul, y de las torturas seguidas de muerte de Jorge Rubinstein; hechos que fueron calificados como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles.”
13 Declaración de Osvaldo Papaleo, juzgado Arnaldo Corazza, 17 de mayo de 2010:
Vinculó la privación ilegal de la libertad de su persona y de distintos integrantes de la familia Graiver con la anterior transferencia de acciones de Papel Prensa SA.
14 Testimonio de Isidoro Graiver a este diario:
“Fue una operación que era a todas luces un afano, lisa y llanamente un afano. Los diarios nos humillaron. Las presiones eran permanentes. Nos dedicaban las primeras planas todos los días, ‘la familia Graiver, los chorros’. Había un tema de intereses, que obviamente también existían, y además el tema de la humillación. En su momento fue casi una capitulación de la Unión Industrial Argentina (UIA) frente a la Confederación General Económica (CGE), en la época de José Ber Gelbard, y se debían la revancha. La revancha de las familias patricias o de las grandes empresas o bancos en la que estábamos insertados con fuerza. Nos destruyeron como grupo económico porque ese era el objetivo, sacarnos de pista. Antes de la muerte de mi hermano, era uno de los grupos económicos más fuertes. Nosotros perdíamos como mínimo los derechos políticos sobre las acciones, es decir, todo, y con el riesgo de tener que devolver las acciones, es decir una cosa asquerosa. Nos humillaron.”
15 Notas publicadas por Clarín, La Nación y La Razón, reproducidas por este diario, confirman el testimonio de Isidoro:
La Nación, 11 de octubre de 1976, el Grupo Graiver estaba supuestamente “implicado en la quiebra fraudulenta de dos bancos (…) por 150 millones de dólares”. Cuatro días después desplegó una publicidad a página completa de la revista Somos, con el título: “El caso Graiver”, en el que los habían escudriñado y hasta se preguntaban: “¿Está muerto… o no?” Ese mismo día, Clarín publicó que el grupo Graiver “involucra en un delicado problema a varios bancos de Buenos Aires”. Los acusaban con “informaciones extraoficiales” de usar uno de sus bancos “para exportar capitales de la Argentina”, de hacer “actividades ilegales”, “demostrándose que habían presentado sucesivos balances falsos que lucían una irreal prosperidad”. Para terminar ese artículo, que no estaba firmado por ningún periodista, aseguraban: “no se explican (…) cómo Graiver pudo haber gozado de impunidad”. Nueve días después, ya en medio de las negociaciones, para La Nación no eran supuestos. Al referirse a David decían: “el millonario argentino al que se involucra en un gigantesco fraude”. El 22 de octubre, el tema llegó al ya mencionado editorial principal de Clarín. Primero destacaron que “el clima reinante antes del 24 de marzo (del golpe) era de corrupción administrativa del régimen”, y luego de describir las operatorias ilegales que le atribuían al grupo aseguraron: “(se) hace necesaria una más prolija investigación”. El 28 de octubre, después de detallar las “responsabilidad de Gelbard”, sostuvieron que el ex ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard, “fue sancionado, privándosele de sus derechos políticos y de su ciudadanía argentina”, se encargaron del Grupo Graiver: “con notoria vinculación con Gelbard, que le valió todo tipo de ventajas y privilegios y cuyos manejos financieros han culminado con un escándalo de proporciones internacionales.”
16 El precio: Fapel acordó que paquete de acciones clase A de Galería Da Vinci se pague
U$S 3.725.000. Se acordó el pago en una escribanía de U$S 26.928 el día de la suscripción del convenio, la misma cantidad a los 30 días y el saldo, U$S 3.671.144, a los 90 días. Sujeto a la aprobación por parte de la Asamblea. Paquete de acciones Clase A, de Rafael Ianover: U$S 3.579.000, en similares condiciones. Sujeto a la aprobación por parte de la Asamblea. Paquete de acciones clase C y E, de David Graiver (vendidas por herederos): U$S 996.000, pago en tres cuotas, la primera de U$S 7200 el día de la suscripción del convenio, la segunda a los 30 días y el resto, U$S 981.600 a los 90 días. Ad referéndum de la aprobación del juez de la sucesión, que nunca la da. El 24 de marzo, el asesor de menores César Hernán Cozzi Gainza pide que “se establezca por medio de perito designado cuál es el valor real de las acciones que pretenden enajenarse”. Se establecen dos métodos: el del patrimonio neto determinó que las acciones no valían U$S 996.000, sino U$S 2.316.987. Y el método de patrimonio ajustado determinó que era U$S 4.330.106. Es decir, que se quiso pagar mucho menos de la mitad en un caso y menos de una décima parte en el otro.
17 Testimonios de Manrique, Ianover, Isidoro Graiver ante la Fiscalía Administrativa sobre las presiones para que la suscripción de convenios se hiciera un día antes de la Asamblea a la que el Estado decidió no ir para impedir que los Graiver fueran aprobados como socios y corrieran así el riesgo de perder su patrimonio.
18 Documentos que prueban que pocos días después de suscriptos los convenios, Fapel transfirió las acciones Clase A a los diarios. El 18 de enero la Asamblea autorizó las transferencias. El 8 de marzo es secuestrado Juan Graiver, al día siguiente, el 9 de marzo Lidia Papaleo le pidió al juez que autorizara la transferencia. El juez no la autoriza. El 14 secuestran a Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, secretarias del grupo. El 15, al abogado Jorge Rubinstein, segundo del grupo, asesinado el 4 de abril. El 17 de marzo, a Isidoro Graiver, el 22, a su madre, Eva Gitnacht y el 12 de abril a Rafael Ianover.
19 Documentos revelados por este diario de la reunión mantenida por el General Oscar Bartolomé Gallino el 7 de abril de 1977 con “los Directores y Asesores letrados de los diarios La Nación, La Razón y Clarín quienes concurren con motivo de la adquisición del paquete accionario del Grupo ‘Fundador’ de Papel Prensa SA”. En el Boletín oficial de la fecha figuran como directores Héctor Horacio Magnetto, Bartolomé Luis Mitre y Patricio Peralta Ramos. Los Graiver y sus empleados seguían secuestrados.
20 Documento revelado por este diario con la segunda reunión de Gallino, el 9 de abril de 1977, que establece que “a las 8 horas y cuarenta minutos concurren a producir sendos informes el señor secretario de Industria, doctor (Raymundo) Podestá, los presidentes de los directorios de los diarios La Nación, Clarín y La Razón (…) En la misma fecha, a las veinte horas se preparan los interrogatorios a tomar el once de abril.”
21Documento dado a conocer por este diario, que prueba que después de reunirse con Mitre, Magnetto y Peralta Ramos, Gallino interrogó el 11 de abril de 1977 a Lidia Papaleo. Preguntó sobre el expediente sucesorio y los bienes declarados en esa causa. Lidia mencionó Papel Prensa, después siguió con el Banco Comercial de La Plata, el Banco de Hurlingham y un departamento en la calle Darragueyra, de Capital Federal. Uno a uno, Gallino le pidió que desglosara nombres de empresas y personas, accionistas y empleados. Encuentros y acuerdos. Lidia contó que se había encontrado con Lanusse, Bernardo Neustadt y Jacobo Timerman, por Papel Prensa y las acciones del diario La Opinión. Gallino insistió sobre Papel Prensa: “preguntada quién forma parte de la sociedad de Papel Prensa, dijo que hay acciones a nombre de David Graiver, Galería Da Vinci y el señor Ianover”, señala el documento.
22 Resolución Nº 3 de la Junta Militar del 19 de abril de 1977 en la que se declara la interdicción de los bienes de los Graiver.
23 Documento presentado por Clarín, La Nación y La Razón el 16 de mayo de 1977 (mientras los familiares y empleados del grupo Graiver estaban secuestrados) solicitando “oportunamente el Tribunal acuerde judicialmente la aprobación a la venta cesión y transferencia realizada”.
24 Presentación del Banco Nacional de Desarrollo poniendo en tela de juicio el valor otorgado a las acciones C y E en los convenios de transferencia del 2 de junio de 1976.
25 Editorial publicada en simultáneo por Clarín, La Nación y La Razón, en sus respectivas tapas, el 19 de mayo de 1977: “A la opinión pública”, tras explicar que con “la conformidad de la Junta de Comandantes” lograron adquirir las acciones Clase A de Papel Prensa, aseguran que: “los tres diarios no han hecho un solo pago ni han dado un solo paso que no fuera con el conocimiento y aprobación previos por parte de las autoridades militares intervinientes”. Agregan: “El precio pagado por la transferencia accionaria se halla debidamente preservado mediante su depósito, por indicación del oficial superior preventor, general Osvaldo Bartolomé Gallino (sic)”, y concluyen que se hizo “con el consentimiento previo y posterior del Estado, a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar (…), en defensa de la libertad de prensa y respetando uno de los soportes de nuestro estilo de vida (…).”
26 Intento de hacer pasar como verdadera una foja trucha, denunciado por este diario: La foja que presentaron en la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata los abogados Hugo Wortman Jofré, en representación de Héctor Magnetto, y Alejandro Pérez Chada, por parte de Bartolomé Mitre, es producto de un dictamen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiar a Clarín, La Nación y La Razón. Se retiró la foja original del expediente y se remplazó por otra escrita nuevamente en la que se omitieron dos frases que perjudican a los directivos de los diarios. Esas dos frases que no fueron tipeadas en la foja que remplazó la original: “la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario Clase A de Papel Prensa, eligiendo ellos mismos como compradores a los diarios La Nación, Clarín y La Razón”, y luego, en el mismo sentido, cuatro párrafos más adelante, Molinas especificó que quedaba claro el “apuro de la negociación y la existencia de un solo oferente impuesto o elegido por las autoridades nacionales”. La foja original tiene el sello medalla correspondiente a la fiscalía y la firma de la secretaria letrada María Inés Rava que confirma que se trata de una copia fiel del original. La trucha no tiene ningún sello ni firma. Ambas fueron reveladas por este diario.
27 Testimonios de José Rogelio Villarreal, secretario general de la Presidencia de Jorge Rafael Videla, y Patricio Peralta Ramos, ex director del diario La Razón, confirmando que fue la Junta Militar la que determinó la participación de Clarín, La Nación y La Razón, obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky.
28 Dictamen Ministerio Público Fiscal, Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, 27 de abril de 2011:
“El conjunto de maniobras cuya autoría se atribuye a integrantes del entonces gobierno de facto en presunta colusión con los propietarios y/o representantes de las empresas denunciadas en autos, podrían haber sido parte del conjunto de acciones persecutorias desplegadas desde el Estado contra grupos o colectivos definidos por los perpetradores, basados en motivos políticos, económicos y religiosos (…) La adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa podría ser calificada como delito de lesa humanidad, en el contexto de un ataque generalizado y sistemático sufrido por la población civil argentina entre los años 1976 y 1983 (…) la ejecución y consumación de las referidas acciones presuntamente extorsivas que habrían llevado a la adquisición de la empresa Papel Prensa tuvieron lugar en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Ello importa encuadrar la adquisición presuntamente extorsiva de las acciones de Papel Prensa, prima facie, como delito de lesa humanidad.”
29 Resolución Sala III Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, 16 de junio de 2011, confirma dictamen de Fiscalía:
“Las diligencias practicadas en la causa autorizan a sostener –en este estadio preliminar– que el conjunto de acciones dirigidas al traspaso compulsivo de las acciones de la empresa Papel Prensa habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los más significativos –la suscripción de los contratos de venta de las acciones de Papel Prensa SA– habría acaecido en las oficinas del diario La Nación, ubicadas en la calle Florida entre Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
30 Declaración de incompetencia de Daniel Rafecas, 4 de agosto de 2011:
“La labor probatoria producida en el expediente hasta el momento, le asigna verosimilitud a la hipótesis de la Secretaría de Derechos Humanos, en cuanto se denunciara la existencia de un concierto delictivo que permitiría la calificación de tales hechos como delitos de lesa humanidad y que tendría como su epicentro, la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas, conductas teñidas de la dimensión económica de las finalidades del régimen que habrían determinado el plan que fue implementado a través de los órganos represivos dependientes de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires (…) La totalidad de las víctimas mencionadas, habría sido secuestrada, exclusivamente, por su vinculación con David Graiver y la operatoria económica de sus empresas (…) Las víctimas habrían sido interrogadas dentro del circuito Camps, respecto del sitio que ocupaban en el Grupo económico Graiver (…) La única reunión que habría mantenido Gallino con personas que no fueran funcionarios del Estado fue con los integrantes de los adquirentes de las acciones Clase A de Papel Prensa SA, a través de Fapel SA y con el motivo explicitado de la adquisición de tales acciones. (…) Este puñado de circunstancias (…) vincularían a la apropiación de la empresa como la concreción de un plan proveniente de las más altas esferas del régimen militar y concretada, en su momento más crítico, a través del aparato represivo de la línea de mando de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como parte de un sólo iter criminis, complejo, conformado por maniobras diversas pero que no por ello dejan de ser, como expresé en fecha 7 de julio de 2010 y hoy ratifico con mayores elementos de juicio, una unidad que se encuentra en la persecución del grupo Graiver y en la apropiación de sus activos con mayor valor estratégico, esto es, Papel Prensa SA.” <
La clave
PERSECUCIÓN. A los Graiver les advirtieron que la Junta no los quería como socios, que debían vender Papel Prensa a un grupo que no fuera extranjero ni de la colectividad judía. Los elegidos por la Junta fueron Clarín, La Nación y La Razón.
La palabra
DECLARACIÓN. Es lo que pide la Secretaria de Derechos Humanos hace más de un año. Aún no se concretó.
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