La tierra del sol y la explotación, Por Francisco Yofre

En un predio del ejército, en Mendoza, empresas que alquilan ese terreno someten a trabajadores golondrina a condiciones inhumanas. Allí funcionó un centro clandestino

En Campos Andes, Tunuyán, a casi 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza, más de un centenar de hombres, mujeres y niños recolectan ajos y zanahorias en condiciones inhumanas. Lo que es peor: lo hacen en terrenos que son propiedad del Ejército, en el mismo lugar donde –durante la última dictadura militar– funcionó el centro clandestino de detención El Refugio. Las parcelas son alquiladas, mediante licitación, a diversos intermediarios para que ellos a su vez negocien con las grandes empresas de horticultura. La edificación donde funcionó El Refugio es parte de Campos Andes y está a sólo 10 kilómetros de donde se emplaza la mayor parte de los asentamientos con trabajadores sometidos. Se trata de uno de los centros de tortura de los que menos información se tiene. Sí se sabe –de acuerdo al informe de la Conadep– que tenía sus paredes sucias y agrietadas y techos de chapa. Los organismos de derechos humanos intentaron identificar, en los alrededores, fosas comunes con restos de personas aún desaparecidas, pero la búsqueda todavía no dio los resultados previstos. Esto es un agravante fáctico y simbólico de que esas tierras sean utilizadas para someter a trabajadores a condiciones infrahumanas. Mendoza es, además, una provincia donde varios jueces federales obstruyeron los juicios de lesa humanidad por su complicidad con los genocidas.
Campos Andes es una extensión de terreno difícil de mensurar y llega hasta la Cordillera de los Andes. Está bajo la órbita de Remonta y Veterinaria y se estima que hay 1.400 hectáreas destinadas al arrendamiento para la agricultura. En ese terreno está asentado, además, el Batallón VIII de Ingeniería de Montaña.

Los hechos. Según información brindada por Ricardo Nasif, delegado de Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, quien habitualmente encabeza las inspecciones laborales, se han realizado decenas de operativos en los últimos tres años contra el trabajo insalubre en ese predio militar. Ya en noviembre de 2008, se hizo un procedimiento de oficio junto a representantes sindicales en una parcela arrendada por el Ejército al Consorcio Santa Clara SRL, una firma cuyo dueño es Juan José De Marchi, hombre fuerte de la zona de Tupungato, quien mantiene aceitados vínculos con los principales dirigentes del Partido Demócrata mendocino y es uno de los empresarios más poderosos de la industria vitivinícola de la provincia. Ese día se encontró a 80 trabajadores y 30 niños –un número difícil de disimular– apostados en tiendas de lona a la vera de la ruta provincial 92, un camino que atraviesa toda la finca militar. El cuadro es fácil de imaginar: 14 carpas en pésimas condiciones, chicos descalzos caminando entre los chiqueros de los chanchos, moscas e insectos que llevan y traen enfermedades, y en uno de los extremos, cuatro letrinas armadas con techos de zinc junto a un tanque de agua para abastecer a todas las personas que allí se encontraban.
En febrero de 2010, en la misma finca de Campos Andes se constató la presencia de trabajadores agrarios que desempeñaban tareas de recolección de zanahorias en idénticas condiciones para la empresa Bachiocchi Hnos. SRL, una de las firmas más poderosas de la provincia en el rubro frutihortícola. Allí, según surge de las actas elaboradas por los inspectores laborales, se detectó “una deficiente conservación de alimentos, falta de higiene elemental, proximidad a un chiquero de cerdos, inadecuada eliminación de excretas y la existencia de un pozo descubierto de unos dos metros de profundidad cercano a las carpas”. Los trabajadores no contaban con ningún tipo de documentación personal ni laboral.
Los inspectores han aplicado infracciones y observaciones a varias empresas pero por ahora sin resultados. “Cuando llegamos al lugar muchas veces logramos que los asentamientos se levanten. Pero enseguida los trabajadores suben al camión y se van a unos pocos kilómetros de allí para recomenzar la tarea. Además somos los malos de la película porque nos dicen de todo ya que nos acusan de dejarlos sin trabajo. Es un tema complejo. Necesitaríamos el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social nacional para que se les brinde contención a estas personas”, agrega una fuente que pidió reserva de su nombre.
El historial de operativos realizados en esa dependencia del Ejército es extenso. El 12 de febrero de 2010 se encontró un campamento con personas recolectando ajo contratadas por el empresario Antonio Pelegrina, en junio fue acusado el empresario Gabriel Blanco Martínez por los mismos motivos, y el 10 de enero de este año se hicieron dos inspecciones en las que se pudo constatar la presencia de 14 trabajadores agrarios bajo la dependencia nuevamente de la empresa Bachiocchi Hnos. SRL. Ese día también se realizó una inspección a la vera de la ruta 92 en la que se detectó a ocho trabajadores provenientes de Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán y un bebé de 20 días.
Miradas al Sur se comunicó con el general de Brigada Luis María Carena, director de Remonta y Veterinaria y responsable militar del predio, quien señaló: “No nos va a temblar la mano para rescindir el contrato con esas empresas y hacer las denuncias que correspondan si se comprueban estos casos. Mañana mismo comenzaré una profunda investigación a estas empresas. Ya me he comunicado con el jefe de campo en Tunuyán para que prepare un informe exhaustivo acerca de la situación”, dijo.

Dinámica de la expoliación. Las tierras son alquiladas por el Ejército a diversos intermediarios. Estos concesionarios arriendan las tierras y cuando llega el momento de cosechar venden su producción a grandes empresas que son las que, a su vez, subcontratan en negro a los cuadrilleros. Los cuadrilleros son personas encargadas de reclutar a los trabajadores –casi todos de Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Bolivia–, llevarlos hasta los campos, pagarles y quedarse con lo recolectado para vendérselo a las grandes firmas. Se trata de personas de confianza de esas empresas que viven en las mismas condiciones que los trabajadores de la cuadrilla pero que ganan un poco más, ya que hacen una diferencia entre la compra de lo recolectado y el precio al que se lo venden a las empresas. La “infraestructura” (las carpas, tanques de agua, letrinas, cables de electricidad) la pone la gran empresa (llega a lo grotesco que en algunos casos los nombres de estas empresas están grabados en las carpas en grandes letras). Además es la que manda camiones a la zona que trasladan los productos a sus galpones de empaque, de donde la mayoría de la producción se exporta.
Los cuadrilleros deben garantizar un buen nivel de productividad. En el caso de las zanahorias, por ejemplo, se paga a cada trabajador de $ 1,70 a 2,00 por cada “taco” (paquete) de 33 kilogramos cosechado. Un adulto experimentado suele hacer 80 tacos por día en 10 horas. El cuadrillero le paga al trabajador lo recolectado. Al ser un trabajo a destajo ese peón muchas veces recurre a su esposa e hijos para aumentar su capacidad de recolección.
En esas fincas también se confeccionan los cordones de ajo. Sentados en el suelo, deben cortar el ajo y llenar cajas que luego son llevadas por contenedores o camioneros. El precio que se paga por caja oscila entre 1,70 y 2,50 pesos. Cada trabajador produce un promedio de 40 cajas diarias, para lo que necesita el trabajo de todos los miembros de su familia.
Según inspectores de la delegación Tunuyán de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, muchas de las empresas establecidas allí cumplen con todas las normativas de empleo registrado y en buenas condiciones. El conflicto se da principalmente en los establecimientos dedicados a la zanahoria y al ajo. La provincia cuyana es una de las regiones más importantes del mundo en la producción de estas hortalizas y sus empresarios conforman un poderoso factor de poder nucleado en la Asocam (Asociación de empresarios de ajo de Mendoza) cuyo presidente es José Spitalieri.

Mirar para otro lado. ¿Sabe el Ejército lo que sucede en los campos que arrienda? “Es imposible que los militares desconozcan esta situación, ya que en algunos casos los trabajadores son explotados a la vista, a la vera de una ruta provincial de acceso público, por donde a diario transita numeroso personal militar de distinto rango y en otras situaciones los obreros deben pasar por puestos de control del Ejército donde hay guardia permanente”, apunta Nasif.
Muchas veces, de hecho, los funcionarios ingresan a estos predios para hacer las inspecciones junto a los uniformados. “Les hemos dejado copias de las diversas actas que labramos y que presentamos ante los organismos correspondientes. Tengo en mis manos los duplicados de esas actas firmados por ellos. Además, nuestros operativos salen publicados en los principales diarios de la provincia. No pueden decir que no saben”, remata el funcionario.

FUENTE: MIRADAS AL SUR