En diciembre de 2009 el juez Edmundo Carbone interpuso una medida cautelar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una ofensiva con otras tres medidas adoptadas por jueces en Salta, Mendoza y San Juan. Pese a que se jubiló inmediatamente, siguió actuando como juez subrogante hasta que renunció a la causa en 2012.
En esta instancia el lugar de Carbone debería ser remplazado por un nuevo juez designado por el Consejo de la Magistratura mediante un concurso público, tras un proceso de impugnaciones y evaluaciones.
El Consejo de la Magistratura, tras la evaluación de candidatos, presenta ternas al Ejecutivo para que luego las gire al Senado, dándole participación a los tres poderes del Estado. Para cubrir las brechas administrativas que puede generar una demora razonable hasta la designación de un magistrado, las causas son administradas por jueces subrogantes que son sorteados rotativamente, y por su condición transitoria, no son los jueces naturales de las causas que pueden durar años.
Tras la renuncia de Carbone, el presidente de la Cámara Civil y Comercial, Martín Farrel, y el vice Ricardo Recondo, designaron a otro juez retirado como subrogante, Raúl Orestes Tettamanti.
Entre las irregularidades, que fueron denunciadas por el Ministerio de Justicia, la designación de Tettamanti no fue avalada por toda la Cámara Civil y Comercial sino sólo por su presidente y vice, Farrel y Recondo; sorteada manualmente apenas entre dos jueces; y además fue designado en un juzgado donde trabaja su nuera, Ana Bruno, cuando la normativa impide el desempeño de tareas en una misma área con familiares hasta cuarto grado.
El Consejo
El Consejo de la Magistratura tiene 13 integrantes distribuidos entre 3 jueces, 3 senadores y 3 diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), 2 representantes de los abogados federales, 1 por el Poder Ejecutivo y 1 por el ámbito científico designado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
El Consejo de la Magistratura tiene 13 integrantes distribuidos entre 3 jueces, 3 senadores y 3 diputados (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), 2 representantes de los abogados federales, 1 por el Poder Ejecutivo y 1 por el ámbito científico designado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Para designar un juez hacen falta nueve votos. El oficialismo tiene entonces cuatro consejeros, menos de un tercio.
Para designar las ternas de jueces y para acusar a magistrados hacen falta dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura.
Por los abogados, uno de los consejeros es Alejandro Fargosi, es un ferviente militante contra el gobierno al que acusa de “populista autoritario”. Entre sus actividades recientes, Fargosi fue uno de los misioneros que junto a su colega consejero y diputadoOscar Aguad, viajaron acompañados por Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Federico Pinedo para acompañar Henrique Capriles en las elecciones presidenciales de Venezuela donde Hugo Chávez fue relecto con el 54% de los votos. Fargosi contó, en su carrera al Consejo, con los avales de sus colegas Martínez de Hoz, Grondona y Aramburu, Peres Alati, el radicalismo y el Pro.
Para designar las ternas de jueces y para acusar a magistrados hacen falta dos tercios de los votos del Consejo de la Magistratura.
Por los abogados, uno de los consejeros es Alejandro Fargosi, es un ferviente militante contra el gobierno al que acusa de “populista autoritario”. Entre sus actividades recientes, Fargosi fue uno de los misioneros que junto a su colega consejero y diputadoOscar Aguad, viajaron acompañados por Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo y Federico Pinedo para acompañar Henrique Capriles en las elecciones presidenciales de Venezuela donde Hugo Chávez fue relecto con el 54% de los votos. Fargosi contó, en su carrera al Consejo, con los avales de sus colegas Martínez de Hoz, Grondona y Aramburu, Peres Alati, el radicalismo y el Pro.
El otro abogado designado en el organismo es el mendocino, Daniel Ostropolsky, definido por su “discurso antikirchnerista” por Clarín, es afiliado a la UCR y hombre del jefe de Gabinete de Fernando De la Rúa, Christian Colombo, declaró contar con el apoyo del Pro y el Peronismo Federal encabezado por Francisco De Narváez para llegar al Consejo. Designado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el hermano de Ostropolsky es dueño del 50% de Blitz Media SA y el Grupo Jornada, dueños del diario La Jornada y radios FM entre las que se encuentra la repetidora local de Radio Mitre, a través de la licencia de FM 100.3 cuyo dueño directo es el propio Grupo Clarín.
Los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura son un bastión elocuente contra la LSCA. En septiembre de 2010 el propio diario Clarín tituló que la designación de consejeros tenía un “retroceso kirchnerista”, especialmente de Recondo y Alejandro Sánchez Freytes. El día en que la lista Bordó ganó las elecciones, el propio Recondo anunció: “Ahora tenemos poder de veto”.
Los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura son un bastión elocuente contra la LSCA. En septiembre de 2010 el propio diario Clarín tituló que la designación de consejeros tenía un “retroceso kirchnerista”, especialmente de Recondo y Alejandro Sánchez Freytes. El día en que la lista Bordó ganó las elecciones, el propio Recondo anunció: “Ahora tenemos poder de veto”.
El bloque liderado por los jueces Recondo y Sánchez Freytes, más los abogados Fargosi y Ostropolsky, y los radicales Aguady Cimadevilla, conforman un bloque con el número suficiente para impedir que el Consejo de la Magistratura pueda nombrar jueces naturales en los juzgados vacantes, que deben así trabajar permanentemente con subrogantes, aunque ninguno de los cinco primeros magistrados propuestos fueron cuestionados por ninguno de los consejeros.
Recondo, durante su desempeño como subsecretario de Justicia durante los últimos tres años de la presidencia de Raúl Alfonsín, apoyó el pliego que confirmó en el cargo, tras la dictadura cívico militar, a Edmundo Carbone, que en su último acto como juez activo fue suspender la aplicación del artículo 161 de la LSCA.
Uno de los argumentos de Recondo para apoyar a Carbone fue que el Fores había premiado su labor judicial. La composición del Fores es elocuente sobre los intereses que representan.
El ministerio de Justicia cuestiona la parcialidad de Recondo ya que junto a Graciela Medina dispuso que la Cámara Civil y Comercial interpusiera una cautelar para suspender la Resolución 100/2010, de la Secretaría de Comunicaciones, que cesaba la licencia de Fibertel para seguir operando, caducidad que la propia empresa sabía de antemano y que informó a sus accionistas. Esta medida padece además una irregularidad institucional: el esposo de Medina, Julio César Rivera, es abogado del Grupo Clarín. Además, la cautelar por esta causa fue presentada por la Asociación para la Defensa de la Competencia, cuyos integrantes son abogados de Cablevisión y pertenecen al estudioBouzat, Rosenkrantz & Asociados, que entre sus clientes se encuentran el diario La Nación (socio de Clarín en Expoagro y Papel Prensa), Carbap, Grupo De Narváez, Predio La Rural y la red de tintorerías 5 à sec, de la hermana de Gabriela Michetti, diputada del Pro.
Desde la Cámara Cívil y Comercial, Recondo junto al presidente del fuero designaron a Raúl Tettamanti como subrogante, pese a no cumplir ni con los requisitos de procedimiento ni con la normativa por tener un familiar en ese tribunal. Tettamanti está acusado además de haberse robado con el abogado Marcelo Volper de más de $1.000 millones en acciones y efectivo de los Fondos de la Propiedad Participada de los trabajadores de Telecom.
Recondo, durante su desempeño como subsecretario de Justicia durante los últimos tres años de la presidencia de Raúl Alfonsín, apoyó el pliego que confirmó en el cargo, tras la dictadura cívico militar, a Edmundo Carbone, que en su último acto como juez activo fue suspender la aplicación del artículo 161 de la LSCA.
Uno de los argumentos de Recondo para apoyar a Carbone fue que el Fores había premiado su labor judicial. La composición del Fores es elocuente sobre los intereses que representan.
El ministerio de Justicia cuestiona la parcialidad de Recondo ya que junto a Graciela Medina dispuso que la Cámara Civil y Comercial interpusiera una cautelar para suspender la Resolución 100/2010, de la Secretaría de Comunicaciones, que cesaba la licencia de Fibertel para seguir operando, caducidad que la propia empresa sabía de antemano y que informó a sus accionistas. Esta medida padece además una irregularidad institucional: el esposo de Medina, Julio César Rivera, es abogado del Grupo Clarín. Además, la cautelar por esta causa fue presentada por la Asociación para la Defensa de la Competencia, cuyos integrantes son abogados de Cablevisión y pertenecen al estudioBouzat, Rosenkrantz & Asociados, que entre sus clientes se encuentran el diario La Nación (socio de Clarín en Expoagro y Papel Prensa), Carbap, Grupo De Narváez, Predio La Rural y la red de tintorerías 5 à sec, de la hermana de Gabriela Michetti, diputada del Pro.
Desde la Cámara Cívil y Comercial, Recondo junto al presidente del fuero designaron a Raúl Tettamanti como subrogante, pese a no cumplir ni con los requisitos de procedimiento ni con la normativa por tener un familiar en ese tribunal. Tettamanti está acusado además de haberse robado con el abogado Marcelo Volper de más de $1.000 millones en acciones y efectivo de los Fondos de la Propiedad Participada de los trabajadores de Telecom.
En la sesión del Consejo de la Magistratura para designar a un juez natural que tome la causa iniciada por Clarín, en la que hace reclamos patrimoniales sobre las licencias que le pertenecen al Estado y nunca sobre la libertad de expresión, el bloque encabezado por Recondo y Aguad impidió avanzar en el procedimiento.
Ante la reiterada estrategia de ese sector para impedir el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación tramitó la denuncia contra cinco consejeros.
Así otra vez la causa pasó a otro juez subrogante, Roberto Torti para que actúe en remplazo de Tettamanti. Torti ya le había pedido a la Secretaría de Comunicaciones que permita a Fibertel seguir facturando por brindar un servicio pese a no tener licencia para hacerlo.
En 1999 la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció a los jueces y funcionarios judiciales designados por la última dictadura cívico militar entre los que estaba el secretario de la Sala Civil y Comercial I, Roberto Torti.
El 18 de octubre la Cámara Civil y Comercial admitió las irregularidades en la designación de subrogantes y designó en esa función a Horacio Alfonso, también como subrogante, hasta que se resuelva la designación de un magistrado natural de la causa surgido del concurso público.
De todos modos, el ministro de Justicia, Julio Alak cursó a través de la Procuración General de la Nación, una denuncia penal contra los cinco miembros del Consejo de la Magistratura que impiden el funcionamiento institucional para designar jueces en los juzgados vacantes.
De forma paralela, el senador Miguel Angel Pichetto presentó la propuesta de reglamentar el per saltum en el Congreso para que en casos extraordinarios de riesgo institucional, se pueda abrir paso al pronuciamiento de la Suprema Corte de Justicia.
Ante la reiterada estrategia de ese sector para impedir el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación tramitó la denuncia contra cinco consejeros.
Así otra vez la causa pasó a otro juez subrogante, Roberto Torti para que actúe en remplazo de Tettamanti. Torti ya le había pedido a la Secretaría de Comunicaciones que permita a Fibertel seguir facturando por brindar un servicio pese a no tener licencia para hacerlo.
En 1999 la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció a los jueces y funcionarios judiciales designados por la última dictadura cívico militar entre los que estaba el secretario de la Sala Civil y Comercial I, Roberto Torti.
El 18 de octubre la Cámara Civil y Comercial admitió las irregularidades en la designación de subrogantes y designó en esa función a Horacio Alfonso, también como subrogante, hasta que se resuelva la designación de un magistrado natural de la causa surgido del concurso público.
De todos modos, el ministro de Justicia, Julio Alak cursó a través de la Procuración General de la Nación, una denuncia penal contra los cinco miembros del Consejo de la Magistratura que impiden el funcionamiento institucional para designar jueces en los juzgados vacantes.
De forma paralela, el senador Miguel Angel Pichetto presentó la propuesta de reglamentar el per saltum en el Congreso para que en casos extraordinarios de riesgo institucional, se pueda abrir paso al pronuciamiento de la Suprema Corte de Justicia.
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