domingo, 27 de marzo de 2011

Los DD.HH. son una política de Estado Por Eduardo Anguita

Los DD.HH. son una política de Estado Por Eduardo Anguita

Entrevista a Ricarto Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia, por Radio Nacional
–El Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar) publica una cantidad de información que no es abrumadora, sino que es precisa respecto de cómo está procediendo la Justicia. Quien ideó y fundó esta agencia es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. La tarea que está cumpliendo la Justicia Federal me parece extraordinaria. Me gustaría que usted pudiera pasar un poco revista de lo que está haciendo la Justicia en este sentido y cómo esta difusión que se está logrando a través del CIJ también crea conciencia dentro de los magistrados, dentro de la sociedad en general. 

–A partir de los fallos que declararon inconstitucionales las leyes de amnistía, los indultos y se declaró que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, se abrió la posibilidad de iniciar juicios en todo el país y eso planteó un gran desafío. Por esa razón se constituyó una comisión interpoderes que permitió que se pudieran organizar estos juicios y hoy tengamos la posibilidad de que en casi todo el país existan por lo menos causas abiertas y muchas sentencias. De esto creo que hay varias enseñanzas que se pueden extraer. la primera es que es una política de Estado, la principal experiencia a nivel internacional en materia de investigación en caso de delitos en materia de lesa humanidad. Esto es importantísimo. Lo segundo es que toda esta investigación se hace con respeto del debido proceso, porque no hay leyes especiales, no hay jueces especiales, no hay juzgamientos políticos, sino es el juzgamiento de acuerdo con la Constitución de crímenes cometidos por quienes tuvieron esas responsabilidades. En tercer lugar: no se está juzgando sólo el pasado, sino que se están sembrando las semillas de un futuro diferente. Porque de esto hay que extraer como enseñanza el Nunca más. Que no se vuelvan a repetir esas experiencias, que no haya dictadura, que nuestros hijos y nietos puedan disentir libremente sin que el propio Estado los persiga, los torture, los haga desaparecer. Por eso es tan importante la difusión pública y la educación. En ambas cuestiones se ha insistido mucho para que exista todo este material de los juicios filmados, se pueda difundir para que existan también debates en la sociedad y para que esto continúe en el tiempo. La gran reflexión es por qué se llego a esta situación de una dictadura con tanta represión. Las sociedades tienen que reaccionar mucho más fuerte frente a estas decisiones que afectan las instituciones. Las instituciones actúan porque también hay un gran respaldo y nivel de conciencia en la sociedad civil, en los organismos de derechos humanos. Instituciones iguales en otros países no lograron hacer estos juicios, porque la sociedad piensa de otra manera. En la Argentina hay un alto grado de conciencia y por eso esto forma parte de un pacto social. La gran reflexión es insistir en esto y que la sociedad tenga anticuerpos, reaccione fuertemente frente a cualquier intento de afectar las instituciones o volver hacia atrás. 

–Muchas veces nos cuesta entender cómo es el funcionamiento de la Justicia, porque existe algo que se llama independencia de los magistrados. Es decir, que usted puede presidir el máximo tribunal de Justicia de la Argentina, pero no es que pueda levantar el teléfono y llamar a un juez federal de Tucumán y decirle que haga tal cosa. 

–No, claro. Nosotros diferenciamos el ámbito de independencia del juez, que es quien decide cómo se lleva el proceso, a quién cita a declarar, a quién imputa y, finalmente, termina dictando la sentencia, en un ámbito de absoluta independencia y ningún juez puede influir sobre eso. Lo que hace la Corte y el Consejo de la Magistratura y la comisión interpoderes es otro aspecto que es material referido a las condiciones para que esa independencia sea posible. Primero, que haya jueces, porque hay muchos lugares donde no hay jueces, entonces hay que armar el tribunal mediante la utilización de subrogancias, adscripciones, traslados. Segundo, que haya lugar para realizar los juicios, buscar salas de audiencias; después, armar toda la infraestructura para que estos juicios sean posibles. Son cuestiones materiales que nosotros llamamos de Superintendencia, pero que si no se hacen no hubiera juicios. Es decir, parecen cuestiones menores pero son decisivas y muy difíciles de organizar. 

–Así como menciona la importancia del derecho a la defensa que tienen los imputados, también es importante el cuidado a todas las personas que están testimoniando: ofrecerles asistencia psicológica u otorgarles un programa de protección de testigos. Cosas que hacen a la doctrina de lo que es una Justicia democrática. 

–Sí, por supuesto. Eso ha sido el primer tema que motivó a la actividad de la comisión interpoderes y el Ejecutivo hizo un programa. Porque no es sencilla la situación de los testimonios, de permitir que gente declare; hay testigos que no están en el país, hubo que hacer todo un sistema para que puedan atestiguar o los jueces trasladarse al país donde reside el testigo, o que están en el exilio o traer a los testigos en caso que admitan venir. Todo eso requiere una gran infraestructura de apoyo y, además, no sólo material, sino apoyo psicológico y de seguridad para los testigos a quienes hay que brindarles seguridad, también. 

–Usted hablaba antes de la conformación de los tribunales orales federales, cosa que no es fácil. Muchos no entendemos la diferencia entre un juez de primera instancia y un tribunal oral federal. ¿Podría explicarlo? 

–Lo que ocurre es que en estas causas, como en todo el sistema penal, hay una actuación previa que es de investigación, en la que participa el fiscal o los querellantes que, generalmente, son familiares de las víctimas. En algunos casos, organismos de derechos humanos promueven una investigación sobre un hecho, supongamos un centro de detención. Eso está a cargo de un juez federal que arma la causa, tiene que investigar, preparar la prueba. Luego, cuando considera que hay pruebas suficientes como para imputar a alguien, lo eleva a juicio. Es decir: hay una primera etapa que es de recolección de pruebas y de acusación y otra que se eleva a juicio. Ahí interviene un tribunal oral de tres jueces que realizan el juzgamiento definitivo: dictan la sentencia absolutoria o condenatoria. Es casi una doble instancia para el sentido común de la gente. Muchos me han dicho por qué se investiga dos veces. Es el sistema legal que tenemos. Brinda garantías acerca de que todo lo que se hace está bien revisado. 

–En el sitio del CIJ es posible leer muchos titulares sobre delitos de lesa humanidad. 

–Insistimos mucho en que exista difusión. Creo que es muy importante la conciencia y la educación. En el CIJ hay un sitio especial sobre delitos de lesa humanidad, con un mapa de los juicios de todo el país. Por ejemplo: en el caso del Primer Cuerpo de Ejército o de la Esma los propios jueces armaron una guía. Los jueces van informando qué resoluciones toman en cada uno de los incidentes. Hay una información lo más amplia posible. También se hicieron fotos de los centros de detención como están ahora: están ahí expuestos para que se pueda apreciar materialmente cómo eran los lugares donde ahora se someten a juzgamiento. Hay bastante información y cada vez se agregan más.